La sentencia que impuso una pena de 30 años de prisión al coronel (r) del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas durante el operativo militar de recuperación del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, sacó de casillas al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien expidió una declaración pública para manifestar que las decisiones que se han tomado constituyen “un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia”.
Uribe invitó a estudiar un posible proyecto de ley para darle garantías a la Fuerza Pública, pues, en su criterio, se está creando una enorme desmotivación entre las tropas. De paso, el Presidente rechazó que se haya solicitado investigar al ex presidente Belisario Betancur, porque en su sentir representa un “desconocimiento de su persona y de los hechos”, y agregó que “el patriotismo y la buena fe excluyen el dolo”.
Anoche, en alocución televisada, Uribe reiteró sus argumentos, calificó lo sucedido hace 25 años como un “delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época” e invitó a los órganos del Estado a pensar en una legislación “rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos, tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir”.
Sigue a El Espectador en WhatsAppEsta posición, a dos meses de concluir el gobierno Uribe y ad portas de que se posesione un nuevo Congreso, promete un debate de marca mayor, si se tiene en cuenta que precisamente el delito de concierto para delinquir ha sido la imputación fundamental que dio lugar al llamado escándalo de la parapolítica. Anoche mismo, penalistas y expertos en derecho internacional señalaron que, más allá de nuevas reglas de juego, lo urgente es que se garantice la separación de los poderes públicos, es decir, que el Ejecutivo acate los fallos de la justicia.
Paradójicamente, las explosivas declaraciones del Presidente, que una vez más cuestionan las decisiones del Poder Judicial, contrastan con su postura sobre el mismo tema en los tiempos en que se desempeñaba como Senador. En los Anales del Congreso, en la edición correspondiente al jueves 28 de mayo de 1992, se constata que fue precisamente el senador Uribe uno de los promotores de perdonar al M-19 por los hechos del Palacio de Justicia.
La historia señala que a pesar de que la Ley 77 de 1989 había indultado a los miembros del M-19 y que en esa época participaban en el Congreso y en el gobierno de César Gaviria, el 15 de mayo de 1992, una jueza sin rostro decidió revisar el expediente del Palacio de Justicia y concluyó que varias de las conductas del M-19 se podían encuadrar como delitos de terrorismo. En consecuencia, revivió el proceso y ordenó la captura de los máximos dirigentes de la ya organización política.
La decisión causó un enorme revuelo político, sumado al hecho de que por esos mismos días fracasaban los diálogos de paz con las Farc en Tlaxcala (México). En consecuencia, el miércoles 20 de mayo de 1992, en la plenaria del Senado, se adelantó una sesión dedicada a ambos temas. Después de diversas intervenciones, cuando participaba el senador Álvaro Uribe, fue interpelado por el senador y ex guerrillero del M-19 Eberth Bustamante, quien puso el tema de la decisión de la jueza sin rostro que amenazaba el proceso de paz.
La calificó como una “pieza pseudojurídica”, que atentaba contra la lucha de los colombianos por recuperar el valor y el respeto al compromiso a la verdad y a la palabra, y pidió acciones para impedir que se derrumbara “esa hermosa posibilidad de obtener la reconciliación nacional”. Uribe retomó el uso de la palabra y señaló que, sin afectar el cumplimiento del deber de las Fuerzas Militares, había que insistir en las instancias del diálogo y la solución política y asumir responsabilidad frente a las circunstancias imprevistas que amenazaban la credibilidad del proceso de paz.
Uribe volvió a ser interpelado, esta vez por el senador Hernán Echeverry, quien, a nombre del Partido Conservador, manifestó que no estaba arrepentido de haber participado en ese proceso y que, por el contrario, continuaba firme defendiéndolo, porque se había hecho en forma clara y limpia. Por eso pidió encontrar soluciones para su efectivo cumplimiento, porque el M-19, ya como organización política, había cumplido su palabra.
Uribe retomó el uso de la palabra y leyó una proposición que fue aprobada por el Senado y cerró el debate. En dicha proposición quedó conformada una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, para tramitar “con celeridad” un instrumento jurídico que hiciera claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto del proceso de paz incluían “aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte” (ver facsimil), para que no quedaran dudas del perdón total a quienes se habían reintegrado a la vida constitucional.
Las víctimas, por su parte, consideraron “irrespetuosos” los diversos comentarios con que el presidente Uribe y su gabinete atacaron la sentencia de la jueza María Stella Jara. Expresaron que el fallo contra Plazas Vega no vulnera el espíritu de las Fuerzas Militares y aclararon que, llegado el caso, no se opondrían a que se levante el indulto al M-19. “Lo que nosotros queremos es saber dónde están los nuestros”. Asimismo, manifestaron que temen que estas reacciones airadas afecten las decisiones judiciales que en el caso del Palacio de Justicia están por producirse.