El caso Santrich y la crisis en implementación de la paz
La captura de Jesús Santrich, uno de los más importantes líderes de La Farc, se suma a la reciente renuncia del secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de la directora del Fondo Colombia en Paz. Un panorama queda en evidencia que el Acuerdo firmado con la guerrilla más antigua de América vive una profunda crisis.
Alfredo Molano Jimeno
Bien lo expusieron los máximos dirigentes de la Farc en su comunicado de este martes: el proceso de paz que llevó a la dejación de armas por parte de cerca de 12 mil combatientes de la guerrilla más grande y antigua de América Latina hace aguas apenas 15 meses después de su firma, y a escasos nueve meses de la dejación de armas por parte del grupo insurgente. Y es que en las últimas semanas parecen haber coincidido todas las dificultades.
“A la Farc no nos cayeron las siete plagas de Egipto sino las 20 plagas del mundo”, expresó uno de los líderes de la exguerrilla convertida hoy en movimiento político. En su momento se refería a que además de los incumplimientos por parte del Gobierno en materia de reincorporación de los excombatientes, enfrentaron toda suerte de dificultades para realizar su campaña electoral: en algunos lugares los dirigentes fueron recibidos por una turba furibunda; los recursos de adelantos se les giraron horas antes de la jornada electoral y con toda clase de condicionamientos; y para completar su máximo jefe, Rodrigo Londoño, tuvo un ataque cardíaco que lo obligó a renunciar a la campaña.
A todo esto, ahora, hay que sumarle una nueva serie de elementos que ponen en riesgo la voluntad de quienes dejaron las armas: hace 15 días, repentinamente el entonces secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, renunció a su cargo argumentando que se había quedado sin funciones. Sin embargo, hubo quienes aseguraran que lo que había detrás era una serie de irregularidades en temas de contratación, así como un duro enfrentamiento entre Correa y la actual presidenta de la JEP, Patricia Linares.
Y aunque el tema no tuvo mayor desarrollo en su momento, y hasta ahora se han empezado a conocer nuevas razones de la dimisión de Correa, el episodio perdió interés para la opinión pública luego de que se conociera una carta en la que los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia pidieran al Gobierno explicaciones por la salida de la funcionaria Marcela Huertas Figueroa, del Fondo Multidonantes para la Paz, a la vez que exigieron transparencia en el manejo de los recursos de la comunidad internacional destinados a la implementación de la paz.
En ese trance, y con los ojos puestos sobre el ministerio del Posconflicto, su titular, Rafael Pardo, tuvo una situación médica que le impidió responder antes la comunidad internacional. Aún así, los cuestionamientos por el manejo de los recursos para la paz se reprodujeron en medios de comunicación y órganos de control. Hasta al punto que el propio Fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que avanzaba sobre pesquisas que darían cuenta de actos de corrupción con los recursos del posconflicto, y dio a entender que en esto estaban involucrados funcionarios del Ejecutivo, mandatarios locales y departamentales, congresistas y contratistas.
Con estas afirmaciones del jefe del ente acusador, el presidente Juan Manuel Santos no tuvo más remedio que solicitarle la renuncia a Gloria Ospina, quien se venía desempeñando como directora del Fondo Colombia en Paz. Con tan mala suerte que el hecho ocurrió al tiempo que llegaba a Colombia una visita oficial de uno de los países garantes del Acuerdo de Paz, la orimera ministra de Noruega, Erna Solberg. Y mientras la alta funcionaria noruega evaluaba los avances de la implementación de lo pactado en La Habana, se vino encima la estocada final: la captura de uno de los dirigentes más importantes de la exguerrilla.
En principio se pensó que era una simple operación de sabotaje al Acuerdo de Paz, como ya había ocurrido con distintas capturas de exguerrilleros o con las dificultades que han tenido para acceder a lo pactado, pero no. Esto tomó otro rumbo cuando se dio a conocer que detrás de la captura de Santrich, quien fue uno de los redactores del Acuerdo de Paz por parte de las Farc, estaba el Departamento de Estado norteamericano, la Interpol y el propio Fiscal General de la Nación. Mientras se legalizaba la detención del exjefe guerrillero, en la Casa de Nariño el presidente Santos y el fiscal Martínez sostuvieron que la justicia de los Estados Unidos tenía en su poder material probatorio concluyente de que Santrich estaba involucrado en una operación de envió de 10 toneladas de coca a Estados Unidos, y que se le solicitaba en extradición.
La noticia de Santrich tiene revolucionado al país, y no es para menos, pues sobra decir que si en los próximos días no se dan a conocer la pruebas que lo involucrían en el delito señalado, y que acarrearía para él la perdida de sus beneficios jurídicos, veremos la desbandada de los más importantes jefes militares de esta organización exguerrrillera. Salta a la vista que este episodio pone contra la espada y la pared a la máxima dirigencia de la Farc, pues jefes de militares como Romaña, el Paisa o Fabián Ramírez empezarán a ser rondados por el fantasma de la extradición, el cual es, sin duda, el miedo más grande que pueda tener un comunista. En estos términos, cuando se acerca la conmemoración del primer año de la dejación de armas, todo indica que está será una celebración.
Bien lo expusieron los máximos dirigentes de la Farc en su comunicado de este martes: el proceso de paz que llevó a la dejación de armas por parte de cerca de 12 mil combatientes de la guerrilla más grande y antigua de América Latina hace aguas apenas 15 meses después de su firma, y a escasos nueve meses de la dejación de armas por parte del grupo insurgente. Y es que en las últimas semanas parecen haber coincidido todas las dificultades.
“A la Farc no nos cayeron las siete plagas de Egipto sino las 20 plagas del mundo”, expresó uno de los líderes de la exguerrilla convertida hoy en movimiento político. En su momento se refería a que además de los incumplimientos por parte del Gobierno en materia de reincorporación de los excombatientes, enfrentaron toda suerte de dificultades para realizar su campaña electoral: en algunos lugares los dirigentes fueron recibidos por una turba furibunda; los recursos de adelantos se les giraron horas antes de la jornada electoral y con toda clase de condicionamientos; y para completar su máximo jefe, Rodrigo Londoño, tuvo un ataque cardíaco que lo obligó a renunciar a la campaña.
A todo esto, ahora, hay que sumarle una nueva serie de elementos que ponen en riesgo la voluntad de quienes dejaron las armas: hace 15 días, repentinamente el entonces secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, renunció a su cargo argumentando que se había quedado sin funciones. Sin embargo, hubo quienes aseguraran que lo que había detrás era una serie de irregularidades en temas de contratación, así como un duro enfrentamiento entre Correa y la actual presidenta de la JEP, Patricia Linares.
Y aunque el tema no tuvo mayor desarrollo en su momento, y hasta ahora se han empezado a conocer nuevas razones de la dimisión de Correa, el episodio perdió interés para la opinión pública luego de que se conociera una carta en la que los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia pidieran al Gobierno explicaciones por la salida de la funcionaria Marcela Huertas Figueroa, del Fondo Multidonantes para la Paz, a la vez que exigieron transparencia en el manejo de los recursos de la comunidad internacional destinados a la implementación de la paz.
En ese trance, y con los ojos puestos sobre el ministerio del Posconflicto, su titular, Rafael Pardo, tuvo una situación médica que le impidió responder antes la comunidad internacional. Aún así, los cuestionamientos por el manejo de los recursos para la paz se reprodujeron en medios de comunicación y órganos de control. Hasta al punto que el propio Fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que avanzaba sobre pesquisas que darían cuenta de actos de corrupción con los recursos del posconflicto, y dio a entender que en esto estaban involucrados funcionarios del Ejecutivo, mandatarios locales y departamentales, congresistas y contratistas.
Con estas afirmaciones del jefe del ente acusador, el presidente Juan Manuel Santos no tuvo más remedio que solicitarle la renuncia a Gloria Ospina, quien se venía desempeñando como directora del Fondo Colombia en Paz. Con tan mala suerte que el hecho ocurrió al tiempo que llegaba a Colombia una visita oficial de uno de los países garantes del Acuerdo de Paz, la orimera ministra de Noruega, Erna Solberg. Y mientras la alta funcionaria noruega evaluaba los avances de la implementación de lo pactado en La Habana, se vino encima la estocada final: la captura de uno de los dirigentes más importantes de la exguerrilla.
En principio se pensó que era una simple operación de sabotaje al Acuerdo de Paz, como ya había ocurrido con distintas capturas de exguerrilleros o con las dificultades que han tenido para acceder a lo pactado, pero no. Esto tomó otro rumbo cuando se dio a conocer que detrás de la captura de Santrich, quien fue uno de los redactores del Acuerdo de Paz por parte de las Farc, estaba el Departamento de Estado norteamericano, la Interpol y el propio Fiscal General de la Nación. Mientras se legalizaba la detención del exjefe guerrillero, en la Casa de Nariño el presidente Santos y el fiscal Martínez sostuvieron que la justicia de los Estados Unidos tenía en su poder material probatorio concluyente de que Santrich estaba involucrado en una operación de envió de 10 toneladas de coca a Estados Unidos, y que se le solicitaba en extradición.
La noticia de Santrich tiene revolucionado al país, y no es para menos, pues sobra decir que si en los próximos días no se dan a conocer la pruebas que lo involucrían en el delito señalado, y que acarrearía para él la perdida de sus beneficios jurídicos, veremos la desbandada de los más importantes jefes militares de esta organización exguerrrillera. Salta a la vista que este episodio pone contra la espada y la pared a la máxima dirigencia de la Farc, pues jefes de militares como Romaña, el Paisa o Fabián Ramírez empezarán a ser rondados por el fantasma de la extradición, el cual es, sin duda, el miedo más grande que pueda tener un comunista. En estos términos, cuando se acerca la conmemoración del primer año de la dejación de armas, todo indica que está será una celebración.