Aunque aún se hace impredecible calcular los efectos políticos que traerá consigo la fugaz libertad del exjefe guerrillero Jesús Santrich, producto de una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y su posterior recaptura por orden de la Fiscalía, lo cierto es que esta semana será decisiva para determinar el camino que le espera a una Colombia profundamente dividida y cuya solución reposa en manos del presidente Iván Duque. Él mismo, durante su declaración la noche del pasado miércoles, -cuando se conoció la determinación de la JEP sobre Santrich-, convocó a todos los partidos políticos para que, a través de un gran acuerdo, se logren impulsar reformas que permitan, según sus palabras, “cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición”.
Sin embargo, con esta ya sería la tercera vez que en estos nueve meses de mandato el presidente Duque hace el mismo llamado a las distintas colectividades y, de acuerdo con los resultados que ha arrojado el Legislativo, se deduce fácilmente que no le ha funcionado. Por el contrario, el escaso margen de maniobra del mandatario en el Capitolio ha derivado, por ejemplo, en el hundimiento de reformas esenciales, como la reforma política o judicial, y en una discusión aún sin resolverse alrededor de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. En tal sentido, las decisiones que tome a partir de hoy serán claves para el Ejecutivo, y de ellas dependerá consolidar el liderazgo que necesita entre la mayoría de sectores políticos. De otro modo terminará de arreciar la confrontación entre los del Sí y los del No, surgida desde la campaña del plebiscito por la paz.
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Apenas ayer, Germán Vargas Lleras, en su columna dominical en el diario El Tiempo, confirmó que está dispuesto a acoger ese llamado. Eso sí, no desde la narrativa “extremista” que, según precisó, están promoviendo los sectores más radicales del partido de Gobierno, el Centro Democrático, y cerró de tajo la posibilidad de dar su aval a una Asamblea Nacional Constituyente. Por el contrario, advirtió que es momento de “serenidad” y de no dejar perder aquellas iniciativas que permitirían solventar vacíos y temores alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. El líder natural de Cambio Radical se convierte así en el primer jefe político en acoger públicamente la petición de Duque, quien también se ha comunicado con el director del liberalismo, César Gaviria; de la U, Aurelio Iragorri, y del Partido Conservador, Ómar Yepes y a quienes recibirá hoy, lunes, en la Casa de Nariño.
De hecho hoy, fuentes del Partido Liberal contaron que el expresidente Gaviria recibirá en su casa al primer mandatario en aras de lograr ese acuerdo nacional, pero desde ya se advierten voces que anticipan un posible fracaso de ese encuentro. ¿La razón? El nuevo error en el que cayó el presidente Duque, dicen algunos legisladores, es el de haber dejado por fuera de ese acuerdo a los partidos de oposición. “El Partido Liberal tiene que ayudar en un acuerdo nacional en la medida en que sea nacional. Colombia está muy ‘crecidita’ y muy madura como para creer que los acuerdos nacionales se dan sin las nuevas fuerzas políticas. No se puede sacar un acuerdo que tenga que ver con los pactos de La Habana que firmó el Estado con las Farc sin contar con el hoy partido en el que se convirtieron”, señaló el senador Luis Fernando Velasco.
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Vargas Lleras, incluso, recalcó esa misma necesidad. Hasta el propio Partido Conservador, que es bancada de Gobierno, se refirió en el mismo sentido. “Creo equivocado el parecer de algunos dirigentes políticos que niegan espacios a otros y pretenden manejar sus partidos como cosa propia. La política debe ser incluyente y para nada manejarse con exclusivismos. Los partidos no pueden convertirse en propiedad privada de nadie”, dijo Yepes, director de las huestes azules. Pero los sectores uribistas no están dispuestos a ceder. Una de las voces más cercanas al presidente Duque, y de las más destacadas en el Centro Democrático, fue enfático en afirmar que en ese acuerdo solo deben participar los partidos de Gobierno (la U y el Partido Conservador) y los independientes (Cambio Radical y el Partido Liberal).
Pero ni los partidos de Gobierno -salvo el Centro Democrático- y, menos aún los independientes, están dispuestos a trastocar nada que afecte la esencia del Acuerdo de Paz. Así que, aunque cada partido llevará su propuesta -incluida la convocatoria a un referendo que revoque la JEP-, los caminos parecen conducir a la propuesta que hizo el liberalismo cuando se debatían los reparos a la justicia transicional: una ley interpretativa. Es decir, aquella que permita aclarar de qué forma se aplicaría la extradición y en qué casos, de modo que no quede duda sobre este mecanismo como herramienta de cooperación internacional. “Es una ley que le gusta a la Corte Constitucional, al fiscal y al embajador Kevin Whitaker. Que no sigan haciendo más politiquería para tratar de ‘tirarse’ el Acuerdo de Paz”, dijo una voz del Capitolio.
El consenso, pues, no parece fácil. No solo tocará uno de los asuntos más delicados que han conducido al país a casi tres años de polarización, sino que además pone a prueba de fuego el liderazgo de un presidente que se niega a gobernar con quienes, en campaña, llamó sus aliados. Es decir, aquellos que quisieron unirse en coalición, pero que no han visto ni rastro de lo que significa sellar alianzas sin nada a cambio. No en vano, ya soplan vientos independentistas en los conservadores, quienes, eso sí, están esperando a que se cumpla el primer año de mandato para decidir si abandonan el barco del Ejecutivo. La representación política estará, en definitiva, dentro de la discusión de esa búsqueda de un nuevo pacto si Duque quiere alcanzar resultados. Como lo resumió un importante parlamentario: “No es obligatorio, pero es mejor que se ponga las pilas”.
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