Aunque su labor es vista a veces con desdén, la Auditoría General de la República cumple un papel fundamental: vigilar la gestión fiscal que adelantan la Contraloría General y las contralorías territoriales. En momentos en que los escándalos de corrupción en varias entidades del Estado pululan y se tramita en el Congreso una ley que busca ponerles freno a esas irregularidades, el auditor general, Iván Darío Gómez Lee, advierte en El Espectador de la ineficacia de las oficinas de control interno y prende las alarmas en torno a algunas movidas políticas que pueden estarse tramando para quitarle peso al estatuto anticorrupción.
¿Preocupa el incremento de la corrupción en el país?
Lo que está sucediendo es muy grave, pero a la vez sanador. No creo que la corrupción se haya incrementado, lo que pienso es que se están destapando grandes redes, carteles y modalidades sofisticadas de saqueo al Estado que estaban enquistadas en las instituciones desde hace muchos años.
¿Cómo entender las reacciones de sectores políticos que dicen que los están estigmatizando?
Eso es un coletazo de la clase política que ha perdido terreno con nuevas determinaciones en la conformación de los equipos de gobierno y porque en la lucha frontal, que se está dando contra la corrupción, los organismos de control han tomado decisiones que están afectando las clientelas políticas.
¿El estatuto anticorrupción que se tramita en el Congreso servirá para algo?
Creo que sí y destaco el compromiso del presidente Santos de darles a los corruptos el mismo estatus que se les da a los terroristas. El proyecto tiene asuntos positivos, aunque es lamentable que no se haya aprobado la inhabilidad de los contratistas para financiar campañas. Ojalá que la plenaria recapacite, porque eso sería romper ese círculo perverso. Sin embargo, la ley no será suficiente porque aquí ya hay un statu quo de una corrupción profunda. Se necesita, por ejemplo, que las oficinas de control interno de las entidades del Estado lideren esa lucha, porque se han convertido en oficinas burocratizadas e inoperantes.
Usted ha advertido riesgos a raíz del modelo de elección de contralores territoriales...
Es que las contralorías territoriales tienen unos indicadores de gestión y eficacia precarios y lamentables. El control, si es que existe, llega hasta tres años después y ya para qué. Como está concebido hoy, el control fiscal no es viable, no tenemos un sistema serio y necesitamos profundas reformas al control fiscal.
¿Como cuáles reformas?
Como la tecnificación de las contralorías territoriales, que comienza por las calidades para ser contralor. Que éstos sean elegidos en el marco de verdaderos concursos, por verdadera meritocracia. Concursos transparentes y públicos, donde no haya posibilidad de ser elegidos con acuerdos y marrullas por alcaldes y gobernadores. Hoy, en muchas campañas políticas de autoridades municipales y departamentales, se negocia a qué grupo político se le va a dar la contraloría.
¿Y no sería mejor acabar de una vez con esas contralorías?
Lo que creo es que el modelo de control fiscal se debe replantear sustancialmente y que las contralorías se conviertan en cuerpos técnicos de auditoría, despolitizados y adonde llegue la gente más preparada. Lo que está demostrado es que el proceso de responsabilidad fiscal hoy no sirve prácticamente para nada, los niveles de recuperación son del 0,9%. De 2,9 billones del cúmulo de los procesos de responsabilidad fiscal que se iniciaron en los últimos meses, la recuperación efectiva ha sido de $38 mil millones.
Claro que el estatuto anticorrupción plantea procesos verbales, cortos y abreviados...
No es suficiente. Si estamos hablando de una reforma constitucional, lo que se tiene que plantear es la creación de tribunales fiscales especializados. Que haya unos jueces y unos magistrados elegidos por concurso que adelanten la recuperación de los recursos del Estado y que las contralorías territoriales pasen a cumplir una función auditora.
¿Cuáles son los sectores más neurálgicos que han detectado?
El de la salud, de las obras públicas y de las regalías. El tema de la defensa judicial del Estado es otro sector neurálgico.
¿Cuál es la alerta que lanza por el tema de la suspensión de las prórrogas de las concesiones?
Ese fue otro gran acierto de la Comisión Primera de la Cámara. En el mundo, los sistemas de concesión nunca son materia de prórrogas. Siempre al concluir una concesión, el bien revierte al Estado y para acceder nuevamente a la explotación se tiene que participar nuevamente en una licitación pública. Aquí ese era un privilegio gravísimo que les concedió la Ley 1150 a los contratistas. En hora buena se ha corregido ese camino equivocado y es uno de los puntos en los que hay que activar todos los mecanismos de vigilancia en la plenaria de la Cámara para evitar que los concesionarios traten de influir para tumbar ese artículo.
¿Cómo ve la reforma al Estado que se viene con las facultades extraordinarias al presidente?
Nos preocupa el replanteamiento que se haga en materia de control fiscal. En los anteproyectos de reforma a la justicia hemos identificado una propuesta regresiva y es que el contralor general sea elegido por el Congreso sin que medie la meritocracia de las altas cortes. Allí se le está dando un banquete a la clase política devolviéndole el control fiscal al Legislativo.
Se habla de corrupción en lo público, ¿y en lo privado qué?
Por supuesto que el sector privado se presta para ello. En los años 60 se hablaba de ‘avivatos’, empresarios y políticos, pero el fenómeno se volvió complejo. En Colombia se han montado empresas dedicadas a la corrupción, con sus respectivas redes de profesionales que trabajan día a día. Y esa gente es una clase emergente que está buscando un posicionamiento social que va acompañado por la indiferencia y casi que la complacencia del ciudadano común y corriente.