Temblor en el gobierno
El escándalo de corrupción en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) acaparó la atención de los analistas y la opinión pública durante las últimas semanas.
El problema ético es claramente alarmante y merece un rechazo contundente. Además, el aparente nexo entre la sobrefacturación en la compra de los camiones cisterna y el presunto montaje de compra de apoyos en el Congreso es un indicador de las dificultades del Gobierno nacional para avanzar con su agenda legislativa.
¿Cuáles lógicas políticas nos llevaron a semejante situación y cuáles consecuencias tendrá ella para el gobierno del cambio en la segunda mitad del mandato?
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La política es el arte de formar coaliciones
Para las muchas personas que la idealizan, la política como un proceso donde fuerzas distintas construyen acuerdos que no reflejan sus preferencias “ideales” resulta indeseable, o incluso intolerable. El compromiso les parece una traición a los principios.
Esas personas parten de la idea de una política óptima acerca de la cual debería existir consenso universal. En este mundo cualquier desviación de lo ‘óptimo’ es una claudicación inaceptable ante intereses personales, generalmente perversos.
Pero, más allá de la dudosa existencia de esas supuestas políticas ideales, en la vida real de las democracias contemporáneas el Gobierno casi nunca tiene las mayorías suficientes en el Congreso para impulsar su agenda sin obstáculo ninguno; por eso los gobiernos negocian los acuerdos.
De esta manera, entre las democracias parlamentarias existen cada vez menos gobiernos de un solo partido; lo normal es formar coaliciones mediante la distribución de carteras ministeriales. En las democracias presidenciales, particularmente en América Latina, es ampliamente conocida la necesidad de coaliciones para lograr mayorías en los congresos, por regla general muy fragmentados. Incluso en un congreso donde un partido tiene la mayoría nominal, hay disputas intrapartidarias que a su vez se solucionan gracias a los acuerdos.
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En pocas palabras, las negociaciones son una parte esencial de los procesos políticos, particularmente en la agenda legislativa y aprobación de proyectos de ley. Las transacciones son condición necesaria para la gobernabilidad.
En algunos casos, los partidos llegan a acuerdos sobre el contenido de las políticas que van a impulsar. En Alemania, por ejemplo, estos acuerdos se plasman en un ‘contrato de coalición’ —llamado Koalitionsvertrag— donde los partidos participantes presentan acuerdos programáticos y procedimientos para resolver controversias entre ellos. Los acuerdos se complementan con el reparto entre los miembros de la coalición de los ministerios y cargos de menor rango.
En las democracias, particularmente las presidenciales, hay otras formas de transacción más particularistas. Por ejemplo, en la política de Estados Unidos predomina el tipo de intercambio conocido como el “barril de puercos” (pork barrel) es decir, la disposición por parte del Ejecutivo de financiar proyectos de interés local a cambio del apoyo en el Congreso.
De la mermelada a la corrupción
Pero en Colombia esta forma de actuar es demonizada al llamarla “mermelada”, un pecado que deber ser objeto de rechazo público. Y, sin embargo, la mermelada no necesariamente implica la existencia de corrupción.
La destinación selectiva de recursos hacia una región o un proyecto específico puede parecer “antitécnica” y tiende a favorecer la carrera de un político, pero no se puede tomar automáticamente como un acto de enriquecimiento ilícito. Inclusive, para políticos con bases electorales específicas, la mermelada suele significar la representación efectiva de los intereses de sus electorados.
En síntesis, nos guste o no, gobernar es una cuestión de transacciones. Algunas de estas pueden parecer más o menos deseables, pero suelen ser ineludibles para los gobiernos a la hora de formar mayorías.
Pero no todo vale para alcanzar las necesarias mayorías. No se pueden comparar los procedimientos anteriores con la compra directa de congresistas, es decir, con su enriquecimiento personal a cambio de apoyar lo proyecto del Gobierno.
La evidencia que existe, hasta ahora, del caso de la Ungrd sugiere que fue un intento ilícito —y desesperado— de formar una mayoría en un Congreso cada vez más reacio a apoyar la agenda del ejecutivo.
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La mermelada como último recurso
Una de las explicaciones de este controvertido caso podría ser la apuesta del gobierno Petro por las coaliciones procedimentales. Es decir, una coalición minoritaria que alcanzaría mayorías circunstanciales mediante la adhesión de socios ocasionales.
Desde la ruptura oficial de la coalición en abril de 2023, el gobierno parece haberle apostado a la intransigencia en el manejo de la agenda legislativa. Este ha sido claramente el caso de la insistencia en reformar la salud o del anuncio presidencial de subir a cuatro salarios mínimos el umbral de los aportes al pilar público del sistema pensional.
Cuando el Gobierno no se muestra dispuesto a negociar el contenido de los proyectos, por supuesto más difícil alcanzar acuerdos. Si además se disminuye la presencia de voces independiente dentro del gabinete, se reduce aún más el repertorio de acciones a las que se puede acudir el gobierno para lograr mayorías legislativas.
Entre las transacciones que todavía se mantienen en el ámbito de la legalidad queda casi que exclusivamente el recurso de la mermelada.
Pero también es ahí donde —en medio del desespero— algunos operadores políticos del Gobierno habrían recurrido a transacciones ilegales como la compra de votos en el Congreso o, en el caso específico del escándalo de la Ungrd, a comprar el apoyo de actores claves para el desarrollo de la agenda: los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes..
Este tipo de escándalo recuerda al ocurrido durante el primer gobierno de Lula en Brasil, el llamado mensalão, una referencia a las mesadas mensuales que recibieron algunos miembros del congreso por apoyar al Gobierno. El escándalo produjo estragos en el Partido de los Trabajadores (PT), que desde su creación había adoptado la bandera de la lucha contra la corrupción y la ética en el gobierno. Figuras históricas de esta organización–como José Dirceu, ministro jefe de la Casa Civil, una especie de Ministerio de la Presidencia— tuvieron que renunciar y algunos fueron condenados penalmente.
Un gobierno en su fase final
Pero, además, el mes convulsionado para el gobierno Petro en el Congreso abre más interrogantes acerca de su futuro. La combinación de la derrota en un conflicto de alta intensidad (la caída de la reforma de la salud) con el escándalo de la Ungrd podría haber puesto fin a la capacidad del Gobierno para hacer avanzar su agenda legislativa.
Todo gobierno sin la posibilidad de ser reelegido atraviesa indefectiblemente tres etapas: la de docilidad de los legisladores (luna de miel), la de transacción con los parlamentarios, y la fase final cuando el gobierno ya no tiene nada importante que ofrecer (lo que en inglés se conoce como el lame duck, el pato con las alas rotas que no puede ya escapar del cazador). Formalmente, una vez elegido el sucesor — y casi siempre antes de que suceda eso—, los presidentes se quedan sin capital político y ya no pueden tomar decisiones relevantes.
Como dijimos en Razón Pública, al deshacerse la coalición inicial hace poco más de un año, este gobierno aceleró el final de la “luna de miel”. Los acontecimientos recientes pueden estar anticipando el final de la segunda.
Y sin embargo…
Todavía es temprano para afirmarlo de manera categórica, especialmente porque todavía no despunta ningún candidato fuerte para suceder a Petro.
La atomización que sufre la oposición y las pocas señales de que nada de eso va a cambiar antes de marzo de 2026, cuando se realicen las consultas interpartidarias, garantizan algo de oxígeno al gobierno.
No obstante, el riesgo de dos años de un Congreso mayoritariamente opositor es una amenaza más que tangible para el actual mandato. Ante la parálisis legislativa, no sería raro esperar un presidente Petro cada vez más intransigente, refugiado en la movilización social y con escaso margen para pasar cualquier reforma de gran calado.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia (Italia), jefe del Departamento de Estudios Políticos y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali.
**Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, profesor asistente de la universidad de Illinois, Chicago.
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