La pelea por las 16 circunscripciones especiales de paz para la Cámara de Representantes sigue subiendo de tono. Primero fueron los reclamos de los miembros de las Farc que advertían que la iniciativa no avanzaba en el Legislativo. Luego, fueron los propios congresistas quienes advirtieron que la reforma constitucional buscaba excluir a las cabeceras municipales que concentran la mayoría poblacional de cada región. Pero ahora se habla de que detrás de dicha reforma constitucional se está preparando una celada para quitarles el derecho a las víctimas, que es el objetivo superior de la iniciativa, y abrirles paso a los pulpos regionales de la política para que se queden con las curules.
Y el detonante de esta situación es un detalle que ha pasado inadvertido. El texto aprobado en la Plenaria de Senado del 25 de julio de 2017 tuvo una pequeña pero sustancial variación entre lo aprobado por los legisladores y lo plasmado en la Gaceta del Congreso. Y el cambio hecho es tan peligroso que podría permitir que quienes se hayan desmovilizado, individual o colectivamente, hace más de diez años, puedan aspirar a dichos escaños. Por ejemplo, Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, podría terminar siendo el representante a la Cámara por la circunscripción 16, la que recoge a los municipios del Urabá antioqueño.
¿Por qué? El artículo quinto del proyecto estableció inicialmente una prohibición para que aspiren a estas curules quienes hayan pertenecido a grupos al margen de ley y hayan suscrito acuerdos con el Gobierno o se hayan desmovilizado de manera individual o colectivamente. Así quedó redactado en la iniciativa aprobada y así mismo lo explicó su coordinador ponente, senador Roy Barreras, del Partido de la U, en la sesión de aquel 25 de julio.
“Una tercera proposición es la que establece la prohibición para los miembros armados de grupos al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz o se hayan desmovilizado, de presentarse como candidatos a las circunscripciones transitorias especiales de paz. Esto para que quede claro que no solamente no participarán en ellas los partidos que hayan tenido como origen su desmovilización o su tránsito a la legalidad. (...) pero para todos los grupos armados ilegales, recogiendo una inquietud del Polo, a propósito de que debía hacerse una limitación para todos los antiguos miembros de grupos ilegales”, explicó Barreras.
Hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, en el camino entre la plenaria y la oficina de leyes, que plasma lo votado por los parlamentarios en la Gaceta del Congreso, apareció una adenda a esa prohibición. Una fecha de caducidad al carácter de victimario. El texto publicado dice que no podrán aspirar a dichas circunscripciones quienes hayan pertenecido a grupos ilegales que hayan suscrito acuerdos de paz o se hayan desmovilizado en los últimos diez años, es decir, quedarían habilitados, por ejemplo, los exmiembros del M-19, del Epl, de la Corriente de Renovación Socialista o de las Autodefensas Unidas de Colombia, en esas circunscripciones especiales. La modificación pasó “de agache” en la publicación de la Gaceta y ahora que se retomó el debate sigue escondida, pues la nueva ponencia no retomó la fecha limitante.
¿Cuál es el peligro? El hecho de que no aparezca en la nueva ponencia no implica que no se pueda volver a retomar. La técnica legislativa permite que todo lo que se discutió y aprobó en el trámite de una iniciativa pueda ser reabierto en cualquier momento, incluso en la conciliación. Como quien dice, ese “mico” que se bajó de un árbol en la sección de leyes del Senado, quedó oculto para revivir convertido en ley en el momento en que ya no haya nada que hacer. Ahora la pregunta es: ¿Quién quería meter ese “gol” y a quién quería beneficiar? Sólo el tiempo podrá señalar al responsable.
Las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes hacen parte del desarrollo del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, están contempladas para los próximos dos períodos legislativos y abarcan 167 municipios del país, los más golpeados por el conflicto, que representan el 7,6 % del censo electoral (2’688.159 ciudadanos). Según el acto legislativo propuesto, que ya fue aprobado en el Senado y que inició discusión en la Comisión Primera de la Cámara baja, los partidos políticos —incluida la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, o sea, el de las Farc— no podrán competir por esos escaños. Esas curules están destinadas a las organizaciones de víctimas, grupos significativos de ciudadanos, campesinos, resguardos indígenas, consejos comunitarios y organizaciones sociales.