6 Oct 2018 - 3:00 a. m.

¿El proceso de paz está en manos del fiscal?

Néstor Humberto Martínez lleva en el cargo de fiscal general más de dos años y varias de sus acciones a veces han afectado el proceso de paz. Para unos es enemigo, para otros está en defensa de la legalidad y la no impunidad.

Medófilo Medina*

Hay sectores que cuestionan las miradas del fiscal Martínez frente al Acuerdo de Paz. / Mauricio Alvarado
Hay sectores que cuestionan las miradas del fiscal Martínez frente al Acuerdo de Paz. / Mauricio Alvarado

Néstor Humberto Martínez Neira se posesionó como fiscal el 1° de agosto de 2016 y apenas un mes después se reunió con Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos. Luego del encuentro, Martínez abogó públicamente por reanudar las fumigaciones aéreas en Colombia. El primer golpe que le dio a los Acuerdos de Paz fue declarar que la erradicación manual era un fracaso en el país. Era sabido que la eliminación manual de los cultivos ilícitos era prioridad para la paz. Cabe preguntarse, dos años después y a la luz de las acciones del jefe del ente acusador, a qué acuerdos llegaron los dos fiscales en aquella reunión y con qué contraprestaciones.

Lo más reciente, ocurrido esta semana, fue la orden de inspección judicial ordenada por la Fiscalía al caso 001 —sobre secuestro— que adelanta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Una acción que, si bien fue revocada por el mismo Martínez, desembocó en un reclamo por parte de la magistrada Patricia Linares, presidenta del tribunal, quien la calificó como una “intromisión indebida”. “Esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la JEP. Igualmente, es claramente intimidatoria en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso”, protestó Linares.

El choque del fiscal con los pequeños cultivadores

A finales de 2017, el fiscal se declaró aterrado por el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que contemplaba un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de plantas ilícitas. Según Martínez Neira, ese tratamiento diferencial erosionaría la política antidrogas, a pesar de que cualquiera que juzgara de buena fe el proyecto de dicho trato a los cultivadores supiera que era una medida para apoyar la erradicación voluntaria y manual.

Le puede interesar: JEP rechaza "indebida intromisión" de Fiscalía en caso por secuestros de las Farc

Dilatar trámites

Martínez gastó sus energías en enredar y dilatar el trámite de la ley que reglamentaría la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el Congreso. Luego de largas reuniones con el ministro de Justicia y con los ponentes se presentó como el gran triunfador cuando el Gobierno aceptó varias modificaciones. Que el fiscal general dijera que los cambios por él propuestos quitaban privilegios a los ilegales, como si la JEP hubiera tenido el propósito de favorecerlos, solo tenía la intención de debilitar a las instituciones de la justicia transicional ante la opinión pública.

Además, la Fiscalía estaba manteniendo a la JEP en un limbo jurídico con el fin de ganar tiempo para habilitar la justicia ordinaria como posible encargada de la administración jurídica del Acuerdo de Paz y de conseguir para el mismo ente acusador la capacidad de intervenir en investigaciones reservadas a la JEP, mediante la práctica de interrogatorios, testimonios y otras pruebas.

Los “shows” del fiscal

En febrero de 2018, de manera atropellada, la Fiscalía declaró la expropiación de tres empresas comerciales: Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, bajo la acusación a sus propietarios de incurrir en testaferrato para las Farc. Desde entonces han pasado seis meses y la opinión pública no ha conocido aún las pruebas de tal testaferrato. Sin dar a conocer los resultados de un show, el fiscal pasa al siguiente.

El golpe al proceso de paz

El 9 de abril de 2018, el ente acusador dio la orden de capturar a Jesús Santrich, uno de los jefes de las desmovilizadas Farc, con fines de extradición y con el apoyo de la inteligencia estadounidense. Esta jugada fue el golpe más grave que se ha podido dar al proceso de paz en la etapa del posconflicto. A raíz de eso, la Misión de Verificación de la ONU señaló que las disidencias se fortalecerían por miedo a la extradición. Tanto Pastor Alape como Timochenko han destacado la inseguridad jurídica en la que han quedado los dirigentes y mandos medios de las Farc.

La Fiscalía está actuando de mala fe, pues esa exguerrilla ha cumplido a cabalidad con la entrega de las armas. Martínez no solo ha escamoteado la justicia transicional, también la ha negado abiertamente. La JEP asegura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Si se hubiera decidido que la negociación transcurriera en la justicia ordinaria, el proceso de paz no se hubiera siquiera iniciado. Las partes en La Habana acordaron que no iban a intercambiar impunidades. Esa fue la voluntad que orientó la formación del Sistema de Justicia para evitar que los crímenes y la violación de los derechos humanos quedaran impunes y para reconocer con toda claridad los derechos de las víctimas.

¿Y las pruebas?

A pesar de que la Corte Constitucional avalara las facultades de la Fiscalía para continuar el proceso de extradición, se ordenó al fiscal enviar el expediente completo con el trámite de extradición de Santrich. Si bien el objetivo de la JEP es establecer si el presunto delito se cometió antes o después del 1° de diciembre de 2016, no puede decidir a ciegas o apoyada en simples videos con los que el fiscal abrió el correspondiente show mediático.

Mediante un auto del 12 de septiembre pasado, la JEP le pidió a la Fiscalía de manera inmediata el envío del expediente completo para conocer las pruebas documentales contra el exguerrillero. La Fiscalía no respondió de inmediato la urgente solicitud. Después, su respuesta demostró la grave lesión que tiene nuestra soberanía nacional, pues las pruebas contra Santrich están en una corte de los Estados Unidos. Que las pruebas no estén en las manos de la JEP nos obliga a creerles ciegamente tanto a la Fiscalía como a los Estados Unidos.

¿Continuaremos volteando la mirada?

El verdadero motor de acción del fiscal Martínez es su interesado propósito de fortalecer las relaciones de la Fiscalía con la DEA. Diversos sectores políticos han levantado una especie de “cordón político sanitario” frente a los excombatientes. Hemos llegado al punto en que buena parte de la opinión pública no quiere enterarse de la forma como la Fiscalía ha llevado el caso Santrich, ni de cuáles son los alcances de este capítulo del posconflicto.

El precepto constitucional según el cual la paz es un derecho y un deber debe aplicarse. Si lo hacemos, evitaremos que los colombianos miren para otro lado mientras el fiscal avanza sin resistencia contra la paz. Si volteamos la mirada, avanzará el fortalecimiento de la Fiscalía con aquellos sectores trastornados por la nostalgia de la guerra.

* Profesor titular y emérito de la Universidad Nacional y analista de Razón Pública.

Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Lea el artículo original aquí. 

Recibe alertas desde Google News