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24 Oct 2021 - 2:00 a. m.

Elecciones 2022: unas justas llenas de incertidumbre

Las dudas se ciernen sobre las próximas elecciones, debido al cambio en las reglas de juego y que otras no están en firme a poco más de cuatro meses de que los colombianos vayan a las urnas.
Con cuatro meses para ir a las urnas, son varias las dudas jurídicas sobre el proceso electoral que se avecina.
Con cuatro meses para ir a las urnas, son varias las dudas jurídicas sobre el proceso electoral que se avecina.
Foto: El Espectador - Cristian Garavito

Apenas quedan cuatro meses y medio, cerca de 140 días, para que se lleven a cabo las elecciones legislativas de 2022, que se celebrarán el 13 de marzo, y 219 días para las presidenciales, agendadas para el 29 de mayo, y el panorama está poco claro. Y no es solo por la cantidad de aspirantes a suceder a Iván Duque o que apenas los partidos están anunciando a los que los representarán en las listas para el Congreso. La situación llega a un tema jurídico y legal, y siembra dudas sobre la seguridad en estos aspectos para los próximos comicios. En primer lugar, por la demora de la Corte Constitucional para revisar y emitir decisiones relacionadas con temas que afectarán estas justas y, la segunda, por las modificaciones hechas por el Congreso a leyes relacionadas con el proceso electoral, a tan pocos meses de ir a las urnas para un proceso democrático que llegaría a ser bisagra, según han comentado varios sectores.

Lo que primero está en el tintero es la revisión de constitucionalidad de la ley estatutaria que reforma el antiguo Código Electoral de 1986, que tiene en su haber la Corte. El 18 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó en conciliación el proyecto que trabajaron en conjunto la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, y luego pasó al despacho del alto tribunal con altas expectativas por los comicios de 2022. Cuando comenzó el calendario electoral, el pasado 13 de marzo, las preocupaciones a la declaración de exequibilidad o no del Código no eran tan latentes, sin embargo, al correr el tiempo y consolidarse más las precandidaturas y movimientos, las alertas eran una realidad.

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A final de agosto, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, le escribió una carta al presidente del tribunal, Antonio Lizarazo, pidiéndole celeridad en el estudio del proyecto para tener luces sobre las reglas de juego de 2022, pues el Código cambia varios aspectos del proceso. Por ejemplo, aumenta la cuota de mujeres del 30 al 50 % en las listas al Congreso, extiende la jornada electoral, brinda transporte a los votantes en zonas rurales y urbanas, clarifica las reglas de juego para las encuestadoras o tipifica la violencia contra las mujeres en política, por mencionar algunos elementos que, en su aprobación, se estimaba (y se estima) que se implementaran en los próximos comicios.

“Comprendemos que es un estudio extenso, (pero) el momento actual demanda una pronta respuesta por parte de la Corte, toda vez que uno de los elementos para dotar de legitimidad las elecciones es la existencia de normas claras, ciertas, precisas y conocidas con anterioridad”, se lee en la misiva, que, en resumidas cuentas, manifiesta una alerta en cuanto a que sin una decisión no hay claridad en procedimientos de inscripción de cédulas, candidaturas, reglas para campañas y desarrollo de la jornada.

Solo hasta principios de este mes se empezó a avizorar un aire optimista con relación al Código dentro de la Corte. El despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez empezó a dar luces sobre el caso. Y es que no ha estado quieto, durante estos meses su despacho ha pedido conceptos a diferentes entidades públicas y partidos políticos, los cuales ascienden a 22, que estudian 250 artículos. La mayoría manifiesta su opinión favorable y las razones por las cuales se debería declarar su exequibilidad. Lo que adelanta el togado, hasta ahora, es que en las próximas dos semanas entregará el proyecto a la Sala Plena y, asegura, el pronunciamiento llegará antes de las elecciones de 2022, pero eso puede significar, por ejemplo, que se conozca una vez se inscriban las listas al Congreso.

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Desde la Registraduría se mantienen prudentes y prefieren no manifestarse hasta que haya una decisión de la Corte; no obstante, desde el Consejo Nacional Electoral guardan la ilusión de que el pronunciamiento llegue antes del 13 de diciembre, cierre de inscripciones a Congreso. “Una vez se declare la exiquibilidad y se conozca de fondo la decisión, según lo considere la Corte, la organización electoral tendrá que decidir qué normas entran en vigencia inmediata para las elecciones y cuales esperarán hasta los comicios regionales. Desde la Registraduría y el CNE estamos dispuestos para entregar las mayores garantías a toda la ciudadanía para que haya un proceso electoral transparente”, comentó a El Espectador el magistrado Luis Guillermo Pérez.

Convenios sin fecha límite

Son pocos los temas en los que se puede decir que el gobierno de Iván Duque coincidió con el de su antecesor, Juan Manuel Santos. Uno de estos es revocar la Ley de Garantías, específicamente la prohibición de celebrar convenios interadministrativos y contratación directa en los cuatro meses anteriores a una elección. El primer mandatario, entre 2010 y 2018, fue uno de los primeros en proponer que se eliminara debido a que no era necesaria, ya que se había eliminado la principal razón de su creación, la reelección presidencial. Curiosamente, fue el Centro Democrático, en ese momento en oposición, el que presentó mayores objeciones. Incluso en los últimos días se han conocido intervenciones de Duque como senador, en las que rechazaba con vehemencia la propuesta: “Se permitiría que la contratación estatal se adecue en función de los intereses del partido de gobierno y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga”.

Ya desde la Casa de Nariño, el presidente Duque retomó la propuesta. En un principio fue rechazada y se hundió cuando se intentó incluir en el Código Electoral, aprobado a finales de 2020. No obstante, tanto la bancada de gobierno como el propio Ejecutivo insistieron, y en la discusión del presupuesto para 2022 lograron meter este punto, bajo el argumento de que era esencial para la reactivación y la ejecución de los gobiernos locales y departamentales tras la pandemia. La victoria fue a medias, dado que solo lograron una suspensión durante 2022 y únicamente en el apartado de convenios interadministrativos -la prohibición de la contratación directa quedó intacta-. Sin embargo, distintos sectores prendieron las alarmas y añadieron este tema como otro factor de preocupación para las próximas elecciones.

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Desde la Alianza Verde, el Polo Democrático, Dignidad, Colombia Humana y otros partidos de oposición pusieron el grito en el cielo y denunciaron que la jugada le abriría la puerta a la corrupción y a que se desvíen recursos del erario para que sean usados en “la compra masiva de votos más descarada”. Además de las críticas, varios anunciaron que apenas entrara en vigor la ley del presupuesto van a presentar demandas para que la Corte Constitucional tumbe el controvertido artículo que suspendió parte de la Ley de Garantías. Sin embargo, como están los tiempos en el alto tribunal, es posible que de llegarse a dar una demanda esta solo fuera resuelta meses después de los procesos electorales, incluso si se extiende las presidenciales a segunda vuelta.

Además de la oposición, que ve estas elecciones de 2022 como una forma de marginar al uribismo del poder, magistrados del CNE y veedurías también expresaron sus reservas a la suspensión de una parte de la Ley de Garantías. El togado Luis Guillermo Pérez calificó de “muy preocupante” la determinación, debido a que se cambian las reglas de juego en pleno período electoral. “Esto no es sano para la institucionalidad, la democracia, la sociedad en general, y lo dijo en su momento el que era senador de la República, hoy presidente Iván Duque Márquez”, expresó Pérez, quien concluyó haciendo un llamado de atención sobre la afectación a minorías políticas, pues “va a ser muy negativo en materia de igualdad en el debate electoral”.

Distintas veedurías también expresaron objeciones debido a que el levantamiento de la restricción, así se anuncie una mayor vigilancia por parte de la Contraloría, aumenta exponencialmente los riesgos de actos de corrupción electoral. Así lo cree el Instituto Anticorrupción, en la voz de Camilo Enciso: “El cambio facilita el clientelismo y la corrupción en período electoral. Beneficia a los que hoy están en el poder, en detrimento de los partidos y candidatos de oposición”. Este catalogó la derogación temporal de parte de la Ley de Garantías como “un atentado aleve contra la democracia” y habló de un posible baño de mermelada, pues el artículo suspendido “evita en gran medida el uso de recursos públicos para ayudar a los candidatos que los gobernantes en el poder quieren favorecer”.

Juliana Uribe, directora del Movilizatorio, también habló de una gran posibilidad de que el Gobierno favorezca con convenios a sus allegados en plena época electoral. Además, recordó que parte de la razón de esta restricción es que los convenios administrativos son la manera más fácil de pasar recursos entre entidades de forma discrecional y sin mayores controles. “La democracia está protegida con esa restricción. La Ley de Garantías estaba ayudando a que no se diera más de lo mismo”, expresó Uribe, haciendo referencia a la corrupción electoral y a la desconfianza en las instituciones que ha venido en aumento en el último tiempo. Asimismo, rechazó los argumentos dados por el Ejecutivo para suspender la restricción, debido a que los alcaldes y gobernadores aún pueden ejecutar en período electoral, sino que se exige que sea a través de licitación, el ideal para toda contratación, no solo en época electoral. Y, de igual manera, será un problema de planeación de los gobernantes que no tuvieron en cuenta las restricciones.

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Transparencia por Colombia fue otra de las organizaciones que alertó ante el aumento del riesgo significativo en la “corrupción electoral”. “No podemos dejar que esos recursos favorezcan algún tipo de campaña”, dijo Andrés Hernández, director del capítulo local de Transparencia Internacional. Este también llamó la atención en que la argumentación del Gobierno se centró en habilitar a gobernadores y alcaldes, “pero puede ser que cualquier entidad en medio del contexto electoral celebre los convenios, y eso hace que el riesgo se incremente”. Por último, señaló que el gran problema reside en que todos estos recursos de los convenios “pueden favorecer a un partido específico, y ese es un tema de inequidad en la contienda”.

Nuevo Liberalismo: a contrarreloj

A los vericuetos mencionados que empañan desde ya la mecánica electoral de 2022, se suma un elemento más: la carrera contrarreloj en la que está sumergida el Nuevo Liberalismo para participar, con todas las de la ley, en los comicios al Congreso y a la Presidencia. La colectividad, fundada por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, y revivida por la Corte Constitucional el pasado 5 de agosto, deberá sortear y definir con rapidez la organización interna y llamar a las bases para lograr su cometido: configurar realmente una renovadora lista al Legislativo para hacer su regreso triunfal a la arena electoral.

En esas está el Nuevo Liberalismo. “Hubiéramos preferido contar con más tiempo para organizarnos, pero tenemos que afrontar la realidad. Tenemos hasta el 13 de diciembre para organizar todo nuestro proceso. Queremos construir una metodología innovadora y que genere credibilidad. No queremos armar listas otorgando avales a dedo, sino ser un partido democrático, moderno y que haga una selección de candidatos que tenga coherencia con nuestra plataforma ideológica”, explicó Juan Manuel Galán a El Espectador.

Dijo, además, que si bien llevan algunas semanas en fase exploratoria, acercándose a posibles candidatos al Congreso, la metodología a aplicar es rigurosa. Como primer filtro, van a someter a sus aspirantes al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. Luego van a publicar sus hojas de vida, para que la ciudadanía haga comentarios, y realizarán debates en los que los postulados demuestren su capacidad argumentativa y hablen de los temas que quieren defender en el Capitolio. “Que haya espíritu de bancada”, describió Galán.

¿Habrá tiempo suficiente para que realicen todas esas actividades? Todavía no se sabe, pero todo parece indicar que es posible si el proceso jurídico avanza sin problemas. Se puede tomar de referencia lo que pasó con Colombia Humana, cuando recibió su personería jurídica. Para el partido de Gustavo Petro el procedimiento culminó en menos de una semana gracias a la agilidad del tribunal o juzgado, para que luego el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidiera la personería jurídica. Si todo transcurre igual como lo fue para Colombia Humana, a finales de la próxima semana el CNE tendría lista la credencial del Nuevo Liberalismo y este tendría luz verde.

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