La seguridad de los candidatos presidenciales volvió a saltar como un tema prioritario en las últimas 24 horas, luego de que los jefes políticos de dos de los principales aspirantes presidenciales denunciaran –por aparte– que sus pupilos tienen amenazas creíbles de ser asesinados. Todo, por supuesto, a solo seis semanas de las votaciones de la primera vuelta y con los focos puestos en consolidar la proyección electoral de sus respectivas fichas.
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En efecto, el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe salieron este viernes a indicar que sus candidatos –Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático)– son objeto de peligrosas intimidaciones. Los dos líderes, además, le pidieron a la comunidad internacional estar vigilantes por la situación que puede derivar en una crisis.
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Lo que dijo Petro es que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA, tiene información sobre un presunto intento de asesinato contra Cepeda y que, por lo mismo, pide que hagan las investigaciones de fondo que se requieren y se tomen las medidas que permitan garantizar la vida.
“En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, precisó Petro, quien a renglón seguido agregó: “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.
Este mensaje directo al mandatario estadounidense haciendo referencia al proceso electoral interno tiene detrás que, esta misma semana, desde el Departamento de Estado se originó un duro pronunciamiento rechazando las amenazas que se conocieron contra Valencia y también las que le llegaron al otro aspirante de la derecha, el abogado Abelardo de la Espriella; a este último también le notificaron las intimidaciones vía sufragios de muerte.
Lo que dijeron voceros de esa entidad del Ejecutivo “gringo” es que las intimidaciones contra estos dos aspirantes reviven los momentos tensos de orden público que se han vivido en Colombia y lo que pasó con el magnicidio del precandidato y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el cual fue ejecutado, según la Fiscalía, por las disidencias de alias Iván Mordisco.
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Por eso, el jefe de Estado hizo esas referencias a Trump y a las elecciones, porque ahora que se ventilan las amenazas contra Cepeda el tema deja de ser solo de una tendencia ideológica y se amplía a los dos sectores que, de acuerdo con los sondeos conocidos en este 2026, tienen más posibilidades de llegar a la Casa de Nariño: la izquierda de Petro y la derecha de Uribe.
“No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni alarmas ni pánico en la opinión pública. (…) Este es un hecho sin lugar a dudas serio, grave, al cual presto toda la atención; voy a solicitar a las autoridades se me informe sobre esta circunstancia”, aseguró Cepeda tras la información que dijo Petro ya tiene la CIA de Trump.
A estos hechos se les debe sumar que desde la campaña de Cepeda también se denunció la vandalización de algunas de sus sedes, registrándose el caso más reciente esta semana en Medellín.
Desde la otra campaña, y también con Estados Unidos al tanto del ruido que se cierne sobre la cita a urnas del próximo 31 de mayo, el mensaje se reforzó desde la voz de Uribe.
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Lo que dijo el exmandatario es que a las amenazas que se conocieron el pasado fin de semana, que incluyeron sufragios con la imagen de Paloma Valencia y dando este 2026 como el año de su muerte, se le suma el riesgo que genera una presunta intención del grupo narcotraficante que se conoce como ELN y que, entre otras cosas, mantiene puentes con el oficialismo por cuenta de la estancada paz total.
“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: la paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, fue el mensaje de Uribe que, en todo caso, no ahonda en la presentación de pruebas para sacar un tema tan delicado del foco electoral.
Las palabras de su jefe político fueron recogidas por Valencia, pero incluyendo el respaldo que llegó desde la administración de Donald Trump. “Agradezco al Departamento de Estado de los Estados Unidos por su solidaridad en medio de las amenazas enfrentadas durante este ciclo electoral”, dijo la candidata.
Pero más allá de este cruce de mensajes desde las campañas, el Gobierno y la Oficina Oval hay una situación que no es menor. Y así lo reconocen desde todos los frentes, incluyendo organizaciones que vigilan el desarrollo de las elecciones.
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Esta misma semana, mientras en las campañas se analizaba el alcance de las amenazas y se exigían las medidas de protección correspondientes, organismos de seguridad, entidades electorales y el propio Ejecutivo buscaban cómo potenciar la protección de quienes integran el abanico de 13 aspirantes.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el despliegue logístico para salvaguardar a quienes lideran las campañas incluye la movilización de 4.351 unidades entre vehículos y personal armado de protección, que se han desplegado para 139 desplazamientos de presidenciables fuera de Bogotá y en 59 que han hecho las fórmulas.
“Cada vez que un candidato a la Presidencia o Vicepresidencia se mueve a una región no tiene menos de 40 efectivos de la Policía con sus motos para el desplazamiento”.
En estos ejercicios de vigilancia también participan la Procuraduría de Gregorio Eljach, la Defensoría de Iris Marín, la Registraduría de Hernán Penagos y, entre otras instancias, la Misión de Observación Electoral (MOE) de Alejandra Barrios. Y precisamente esta última acaba de lanzar una nueva alerta sobre “violencia letal”.
Lo que quedó consignado en un reporte de la organización es que “en comparación con el periodo electoral equivalente de 2022 (y no con un año calendario), la violencia letal contra liderazgos políticos aumentó un 31 %, pasando de 51 a 67 casos. Un fenómeno crítico fue el incremento del 1.300 % en los secuestros, que pasaron de 1 caso en el periodo electoral de 2022 a 14 en el de 2026”.
Y se agregó: “Se registraron 46 agresiones directas contra candidatos (30 al Congreso, 8 precandidatos y 8 a otros comicios). Filiación política: el partido Centro Democrático fue el más afectado con 31 agresiones, concentradas principalmente en Antioquia y Bogotá”. En paralelo, según se informó en la noche de este viernes, se ordenó una reunión de inteligencia extraordinaria, citada por el Ministerio de Defensa, para verificar la información que denunció Petro en torno a la seguridad de Cepeda. Y el mandatrio dijo que, en todo caso, su saliente administración sí da garantías de seguridad.
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Todas estas alertas y denuncias están en análisis por parte del Gobierno, las autoridades judiciales y otras instancias del Estado para esquivar que se materialicen en un país que, hasta el asesinato de Uribe Turbay, llevaba más de dos décadas sin ver cómo las balas de la criminalidad cegaban la vida de quienes buscan democráticamente quedarse con las llaves de la Casa de Nariño. La expectativa está en cómo se tramitarán y las garantías que desde la saliente administración de Gustavo Petro se les darán a todas las campañas.
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