La discusión económica que empieza a perfilarse en la carrera presidencial colombiana muestra algo más interesante que simples diferencias ideológicas. Detrás de cada candidatura está emergiendo una visión distinta sobre el tamaño del Estado, el déficit fiscal, el gasto social y la relación entre crecimiento económico y redistribución. El problema es que, en varios casos, las campañas están cayendo en un terreno conocido en América Latina: el populismo fiscal, tanto de derecha como de izquierda.
Por un lado, candidaturas como la de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han construido un discurso centrado en la reducción del tamaño del Estado, el recorte de burocracia y la disciplina fiscal. Allí aparecen propuestas para reducir el aparato estatal hasta en 40%, disminuir gastos de funcionamiento en 25%, eliminar ministerios, congelar órdenes de prestación de servicios y alcanzar rápidamente superávits fiscales mediante fuertes ajustes presupuestales.
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El diagnóstico tiene elementos válidos. Colombia sí tiene duplicidades institucionales, exceso regulatorio, clientelismo, baja productividad estatal y un problema serio de eficiencia del gasto. También es cierto que el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública exigen una discusión urgente sobre sostenibilidad macroeconómica. Sin embargo, varias de esas propuestas entran rápidamente en terreno políticamente atractivo y técnicamente dudoso.
El grueso del gasto colombiano no está en camionetas oficiales ni en edificios administrativos. Está concentrado en salud, educación, pensiones, deuda, transferencias y seguridad. Prometer ajustes gigantescos en el corto plazo —como recortes equivalentes a decenas de billones de pesos— sin afectar servicios esenciales ni generar costos sociales es extremadamente difícil. No solo por razones técnicas, sino porque buena parte del presupuesto colombiano está rigidizado constitucional y legalmente.
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Además, existe una confusión frecuente entre “Estado grande” y “Estado ineficiente”. En muchas regiones del país el problema no es exceso de Estado, sino exactamente lo contrario: ausencia institucional, baja capacidad administrativa y servicios públicos insuficientes. Reducir indiscriminadamente el aparato público podría terminar debilitando justamente las capacidades que Colombia necesita fortalecer, como control fiscal, justicia, recaudo, regulación o presencia territorial.
Eso no significa que todas las propuestas de austeridad sean inviables. Algunas sí responden a necesidades reales. Fortalecer el comité autónomo de regla fiscal, revisar subsidios ineficientes, racionalizar trámites, simplificar regulación o reducir gastos administrativos innecesarios son medidas razonables y probablemente urgentes. El problema aparece cuando la “motosierra” se convierte más en símbolo político que en plan serio de gobierno.
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En un lugar distinto del espectro aparece Iván Cepeda, cuya visión económica prioriza redistribución, fortalecimiento del gasto social, equidad tributaria y políticas públicas para combatir pobreza y desigualdad de género. Su diagnóstico también tiene sustento: Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, con profundas brechas territoriales, alta informalidad y una clara feminización de la pobreza.
La dificultad aparece cuando las propuestas prometen simultáneamente reducir déficit fiscal, expandir gasto social y avanzar hacia transformaciones redistributivas estructurales sin explicar con suficiente claridad la velocidad, los costos y los límites fiscales de ese proceso. Combatir evasión, perseguir la elusión y modernizar la DIAN son objetivos indispensables, pero ningún país corrige décadas de desigualdad únicamente mediante voluntad política o recaudo adicional de corto plazo. La sostenibilidad social también depende de crecimiento económico, productividad y capacidad estatal.
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Entre esos dos polos aparece una visión más tecnocrática e incremental en candidaturas como la de Sergio Fajardo y, en menor medida, Claudia López. Allí el énfasis está menos en el shock ideológico y más en consolidación fiscal gradual, evaluación del gasto público, modernización institucional, fortalecimiento técnico de la DIAN, transparencia y eficiencia administrativa.
Probablemente son las propuestas más viables técnicamente, aunque también las menos épicas políticamente. Hablar de presupuesto por resultados, interoperabilidad estatal, trazabilidad del gasto, digitalización de la salud o fortalecimiento técnico de entidades públicas genera menos emoción electoral que prometer “acabar con la burocracia” o “derrotar definitivamente la pobreza”. Sin embargo, son justamente esas reformas las que suelen producir transformaciones sostenibles en el mediano plazo.
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Propuestas como estabilizar el crecimiento del gasto por debajo de la inflación, revisar subsidios energéticos regresivos, modernizar la administración tributaria, abrir el presupuesto al control ciudadano o fortalecer sistemas de evaluación y transparencia probablemente están mucho más cerca de lo que Colombia efectivamente puede implementar sin desestabilizarse fiscal o socialmente.
El gran problema del debate colombiano es que sigue atrapado en una falsa dicotomía: más Estado versus menos Estado. En realidad, el desafío no es únicamente el tamaño del Estado, sino su capacidad. Colombia necesita simultáneamente disciplina fiscal, crecimiento económico, mejor recaudo, inversión social efectiva y un aparato público mucho más profesional, transparente y coordinado territorialmente.
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El populismo fiscal existe tanto a derecha como a izquierda. Unos prometen recortes imposibles sin costos sociales visibles. Otros prometen expansión social sin límites fiscales claros. Pero gobernar un país con bajo crecimiento, alta desigualdad y deuda creciente exige algo menos rentable electoralmente y mucho más difícil políticamente: reconocer límites, priorizar y construir gradualidad.
La próxima presidencia probablemente no tendrá margen para fantasías económicas. Tendrá que escoger entre administrar expectativas o administrar una crisis.
* Nicolás Díaz Cris es parte del Extituto de Política Abierta
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Por Nicolás Díaz Cruz, Extituto de Política Abierta
