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La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que impactaría directamente en las cuentas que varios sectores políticos hacen de cara a las elecciones de 2026. El articulado, respaldado por un amplio número de legisladores y liderado por el liberal Alejandro Chacón, bloquearía las candidaturas al Congreso de familiares de alcaldes y gobernadores.
Para los promotores de esta iniciativa, el cambio en las reglas de juego evitaría la concentración de poder en manos de clanes familiares y que se utilicen los poderes regionales para favorecer campañas políticas. De acuerdo con el texto aprobado, ninguno de los familiares podría inscribirse o posesionarse como nuevos congresistas el próximo 20 de junio de 2026.
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“Si durante el mandato de un alcalde o gobernador su cónyuge, compañero o compañera permanente, o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil se inscribe o resulta elegido como congresista, el mandatario territorial deberá renunciar a su cargo por configurarse una incompatibilidad sobreviniente con la cual pueda beneficiar a su familiar, en detrimento de otras aspiraciones ciudadanas”, señala puntualmente el proyecto de ley.
Durante el primer debate de la iniciativa se destacó que, de ser aprobada como ley, ayudaría a proteger la independencia entre los niveles de poder, disminuiría los conflictos de interés y reforzaría los principios constitucionales de moralidad administrativa, transparencia y equilibrio institucional.
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“Esta ley busca impedir el nepotismo electoral y la captura familiar del Estado. No se trata de limitar derechos políticos, sino de garantizar que el poder público no se herede ni se use en beneficio propio”, aseguró el senador del Partido Liberal Alejandro Chacón, quien es el coordinador ponente en el trámite.
Varias voces en el Congreso señalan que el proyecto continuaría su paso por la plenaria del Senado sin mayor inconveniente, pues varios sectores lo respaldan y llegó al Capitolio con más de 60 firmas; sin embargo, también indican que varios partidos y estructuras políticas regionales se verían afectados, por lo que no se descarta que aumente la tensión en los próximos debates.
Proyecto de ley fue radicado con decenas de firmas
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