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En la mañana de este jueves, el jefe de la cartera política anunció que está trabajando con el Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, para combatir la compra de votos para estas elecciones promoviendo las denuncias ciudadanas. Según explicó, será la primera vez que la administración destine un presupuesto para pagar recompensas a quienes denuncien esta práctica.
“Con el Ministerio de Defensa, es una idea del ministro, se va a dar una recompensa de COP 50 millones a quien logre dar con el paradero o identificar quiénes están comprando votos, sería la primera vez que se hiciera y eso se va a dar a conocer”, aseguró el ministro.
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El funcionario explicó que en los barrios “todo el mundo sabe” quiénes y cómo compran votos, pero que la Policía no está enterada, por lo que se debe motivar la denuncia. “Lo que hay que buscar es que alguien denuncie dónde se están haciendo esas actividades o ese delito y se llegaría a la recompensa de COP 50 millones”, agregó.
Este anuncio se suma a varios que ha hecho el presidente Gustavo Petro en el mismo sentido. La registraduría debe garantizar la pureza de las elecciones. “Todos los puestos de votación de Colombia deben abrirse. Cerrar puestos es cerrar garantías. La policía tiene la orden de detener a todo comprador de votos. La compra de votos es un crimen. Cualquier ciudadano que se entere de compradores de votos, puede pasar la información, abriré un canal seguro para recepcionar las denuncias”, dijo a principios de este mes.
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En otro de sus mensajes apuntó directamente a los casos de compra de votos en el Caribe. “Si el pueblo caribe elige sus representantes libremente, el Caribe se desarrollará en beneficio de toda su población. Toda la policía del Caribe tiene la orden presidencial de priorizar la persecución de los compradores de votos, muchos coinciden con integrantes de organizaciones mafiosas”.
Las sanciones por la compra de votos
De acuerdo con el Código Penal, quien prometa, pague o entregue dinero o beneficios a un ciudadano para que vote por determinado candidato o partido o incluso para que se abstenga, incurre en este delito. Tanto el que compra como el que vende son responsables.
Para esta conducta están establecidas penas de prisión de cuatro a ocho años, multas económicas de 200 a 1.000 salarios mínimos legales y pérdida de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.
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