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En medio de un ambiente político marcado por atentados recientes y alertas de seguridad crecientes, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, lideró una nueva mesa de seguimiento destinada a evaluar la protección de los congresistas de cara a las elecciones de 2026. La reunión, realizada en Bogotá, contó con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, altos mandos militares y policiales, la UNP, voceros de las principales bancadas y la Directora Administrativa del Senado, Astrid Salamanca.
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El encuentro se desarrolló bajo la sombra de ataques cometidos contra líderes como Miguel Uribe Turbay, el representante Julio César Triana y el senador Temístocles Ortega, hechos que las autoridades atribuyen a organizaciones criminales.
La situación ha llevado a catalogar el periodo preelectoral como uno de alto riesgo, lo que motivó una revisión exhaustiva de los esquemas de seguridad, la capacidad operativa del Estado y la logística de movilidad de los parlamentarios.
Ante esto, el ministro del Interior señaló que “el esfuerzo que ha hecho el gobierno es bastante grande. Le puedo decir que ahora ha habido más o menos 2000 eventos donde ellos se mueven y ha habido la participación de 30.000 efectivos de la fuerza pública”.
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Según Benedetti, el incremento de agresiones tras el crimen del senador Miguel Uribe Turbay llevó a activar dispositivos adicionales: “después de lo que pasó de Miguel Uribe 600 personas cubriendo la seguridad para los temas de Presidencia [...] y para el congreso van más o menos 300 y pico también cubriendo la seguridad”.
El ministro aseguró que estas medidas no responden solo a ataques puntuales, como los perpetrados contra el senador Temístocles Ortega, sino a una estrategia ya estructurada desde meses atrás: “esto se debe a una iniciativa que creamos desde el Ministerio del Interior de crear el Corpes que tiene que ver con la seguridad del proceso electoral”.
Durante la sesión, García Turbay reconoció avances, pero advirtió que las limitaciones materiales complican la respuesta institucional. “Ha habido avances muy favorables y tenemos que reconocerlo, pero la UNP no puede resolverlo todo. Las empresas proveedoras de vehículos dijeron que no tienen más carros disponibles, lo que genera un círculo vicioso”, afirmó el presidente del Senado.
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La falta de disponibilidad de vehículos blindados y la saturación de los esquemas de seguridad se han convertido en los principales cuellos de botella en la protección de los legisladores. No obstante, el presidente del Congreso destacó la coordinación interinstitucional entre el Gobierno, la Fuerza Pública, la UNP y la administración del Senado como un factor que ha permitido fortalecer los dispositivos existentes.
¿Cuáles fueron las propuestas para garantizar la seguridad de los líderes políticos?
Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un mapa de movilidad segura, un instrumento diseñado para que los congresistas identifiquen rutas, zonas críticas y horarios de riesgo durante sus desplazamientos por el país. García Turbay explicó que la medida apunta a reducir la exposición de los parlamentarios en regiones donde operan estructuras armadas: “Vamos a seguir en la lucha que cada congresista se pueda movilizar por toda Colombia. Solicité un mapa que servirá para saber por dónde se pueden desplazar y qué zonas deben evitar, porque la Fuerza Pública conoce dónde hay mayor riesgo, pero un congresista no siempre”, dijo.
Este mapa será acompañado por información de inteligencia, reportes de campo y análisis territoriales actualizados, con el objetivo de anticipar amenazas y ajustar rutas antes de cada visita regional.
Mesas de seguimiento continuas para un año electoral crítico
García Turbay confirmó que las mesas de seguridad continuarán reuniéndose durante las próximas semanas. El propósito es evaluar la evolución del riesgo, ajustar los esquemas de protección y responder con rapidez a las amenazas emergentes. El Senado considera que, ante el incremento de ataques y presiones territoriales, estas sesiones permanentes serán determinantes para garantizar un clima electoral viable.
La estrategia se perfila como una de las apuestas más importantes del Legislativo y el Ejecutivo para impedir que la violencia incida en las decisiones políticas del país durante 2026.
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