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El candidato del oficialismo aterrizó, en un documento de 118 páginas, el programa de gobierno que había presentado durante la primera vuelta presidencial. En el, matiza varias posturas que fueron polémicas durante la contienda presidencial y que le costaron que los excandidatos de centro no se acercaran a la campaña.
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En salud, el candidato propone fortalecer un “sistema público, humano y de acceso universal”, basado en la atención primaria y en la prevención. Se plantea ampliar y mejorar la red pública de hospitales, fortalecer los servicios en zonas rurales y garantizar que las personas puedan acceder oportunamente a citas, tratamientos y medicamentos. También se busca reducir la intermediación, mejorar el manejo de los recursos del sistema y aplicar herramientas tecnológicas para aumentar la transparencia y evitar fraudes.
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En seguridad, la propuesta se enfoca en una visión de “seguridad humana integral, donde la protección de la vida y los derechos ciudadanos sean el centro”. Se plantea fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante tecnología e inteligencia, combatir delitos como el hurto, la extorsión, el secuestro y el homicidio, y desarticular las economías ilegales que financian grupos criminales. Además, propone fortalecer la justicia, mejorar el sistema penitenciario con procesos de resocialización y trabajar en la prevención de las violencias y la protección de las comunidades.
Frente a la corrupción, se propone crear un sistema nacional contra la macro corrupción, fortalecer los organismos de investigación y control, hacer más transparente la contratación pública y recuperar los recursos públicos perdidos para destinarlos nuevamente a las comunidades. También plantea usar mecanismos de vigilancia, tecnología y control ciudadano para prevenir el desvío de recursos y enfrentar las redes de corrupción que afectan las instituciones.
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Además, en este nuevo documento dice que se impulsaría la “eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una corte electoral autónoma e independiente”, que asumiría las funciones electorales y jurisdiccionales que hoy están repartidas entre distintas entidades.
En cuanto a las políticas de paz, Cepeda propone una política de transformación de los territorios, basada en la implementación de los acuerdos de paz y en la búsqueda de soluciones a las causas sociales y económicas que han alimentado el conflicto. Además de impulsar el diálogo y la negociación, fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia mediante inversión social y desarrollo, y garantizar la protección de las comunidades, líderes sociales y víctimas.
En este nuevo documento ya no se habla del Banco de la República, ni tampoco sobre la Asamblea Nacional Constituyente que se venía promoviendo desde el Gobierno.
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