La Ley de Garantías Electorales comienza a aplicar desde los cuatro meses antes de las elecciones, a partir del 8 de noviembre y hasta el 8 de marzo, con ella se promueve la igualdad de condiciones en procesos electorales para cargos de elección popular.
En dicha norma se regulan elementos como: contratación estatal; cambios a la nómina estatal; tratamiento de bienes y recursos públicos; medios de comunicación; y encuestas electorales.
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¿Cuáles son las principales prohibiciones dentro de la Ley de Garantías Electorales?
Durante el periodo establecido, se aplican diversas restricciones clave orientadas a garantizar la transparencia y la neutralidad en la gestión pública. En primer lugar, no se permite la celebración de convenios interadministrativos, con el fin de evitar posibles ventajas indebidas entre entidades del Estado. Asimismo, se restringe la contratación directa, la cual solo podrá realizarse en circunstancias excepcionales.
Fechas claves sobre la Ley de Garantías
La Misión de Observación Electoral (MOE) explica que en la etapa previa a elecciones se restringen los convenios interadministrativos, a partir del 8 de noviembre, y la contratación directa general, a partir del 31 de enero de 2025; esto para evitar que los recursos públicos se usen con fines proselitistas.
Excepciones a la prohibición de contratación directa en la Ley de Garantías
Existen algunos casos puntuales, en los que la contratación directa está permitida en el marco de la Ley de Garantías:
- La protección, defensa y seguridad del Estado.
- Las adquisiciones necesarias para atender situaciones de emergencia en los ámbitos educativo, sanitario o frente a desastres naturales.
- Los trabajos orientados a la rehabilitación de carreteras, puentes, vías, así como de la infraestructura energética y de comunicaciones, cuando se presenten situaciones que lo requieran.
- Los cargos requeridos en hospitales o entidades sanitarias, siempre y cuando puedan ser justificados.
- Contratos directos con organismos de cooperación internacional o de derecho público extranjero, bajo las condiciones del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.
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De igual manera, durante la Ley de Garantías, se establecen limitaciones en la vinculación de personal, prohibiéndose los nombramientos, traslados, suspensiones o remociones de funcionarios, salvo en los casos expresamente autorizados por la normativa vigente. También queda prohibida la realización de actos públicos de inauguración de obras cuando en ellos participen candidatos o voceros de campañas políticas.
¿Qué sí está permitido dentro de la Ley de Garantías Electorales?
La Presidencia de la República explicó que si bien esta normativa pone una pausa a ciertos trámites de contratación pública, existen otros que sí pueden llevarse a cabo durante este período, entre ellos:
- Procesos de selección de licitación pública, concursos de méritos, selección abreviada y mínima cuantía.
- Prorrogar, adicionar, modificar o ceder contratos firmados antes de las fechas de restricción.
Esta norma también resalta que sus objetivos acerca de la participación de los servidores públicos en época electoral, buscan preservar la transparencia y la equidad del proceso democrático. Por ello, procura garantizar la neutralidad de los funcionarios encargados de organizar y vigilar las elecciones, quienes deben actuar con total imparcialidad, evitando cualquier comportamiento que pueda influir en la decisión del electorado.
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