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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es llevar al Congreso la experiencia de gestión con resultados. Durante mi paso por el Concejo fui catalogado en varias oportunidades como uno de los mejores concejales de la ciudad. Gracias a esto, gané dos premios Politika como el mejor concejal, demostrando que el proyecto político que represento funciona. En este momento el país no está funcionando como debería. Por esta razón quiero participar en las decisiones nacionales y ayudar a que realmente mejoren la vida cotidiana de los colombianos: de los adultos mayores, de los jóvenes, de las personas con discapacidad y de todos aquellos que se levantan cada día a trabajar honestamente.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Tengo tres principales apuestas: la primera de ellas es impulsar una política para la vejez digna y la economía plateada. Colombia está envejeciendo, por esto es necesario pensarnos un país que le garantice salud, pensión y servicios a nuestros abuelos y abuelas. La segunda es impulsar un plan nacional para la gestión del agua; Colombia cuenta con 1.104 municipios, por lo que este tema es primordial en un país donde 1.013 de ellos presentan dificultades para acceder al recurso hídrico. Debemos pensarnos un país donde nadie sufra de sed y que proteja el bien más preciado de la humanidad. Finalmente, quiero ponerle el ojo a las obras públicas. Impulsaré la Ley Obra a la Vista: una plataforma pública que de cuenta de los avances en tiempo real de toda obra que tenga recursos públicos, haremos auditoría ciudadana y control para que las obras se terminen y se hagan bien.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es que el Estado promete mucho y cumple poco. Tenemos instituciones, recursos y gente capaz, pero muchas veces las cosas no se hacen bien, no se coordinan y no se vigilan como deberían. Mi propuesta no es acabar con el Estado, sino hacerlo funcionar mejor: más serio, más eficiente y sin tanta pelea política. Eso significa reglas claras, buena planeación, consecuencias para quien no cumpla y una relación más transparente y honesta con la gente.
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¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyo una asamblea constituyente en este momento. Colombia no tiene un problema de falta de normas, sino de falta de cumplimiento. Abrir un proceso constituyente sin consensos amplios y en medio de una alta polarización puede generar más incertidumbre institucional, afectar la economía y debilitar la democracia. Las reformas que el país necesita pueden y deben hacerse dentro del marco constitucional vigente, con acuerdos y responsabilidad.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No apoyo la reelección inmediata ni que se alarguen los períodos presidenciales. Cambiar las reglas para quedarse más tiempo en el poder no le conviene al país. La rotación en el Gobierno es clave para cuidar la democracia y evitar que el poder se concentre en pocas manos. Colombia ya pasó por debates difíciles sobre este tema y la lección fue clara: respetar los tiempos, los controles y la independencia de las instituciones es lo que realmente fortalece al país.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. La llamada “paz total” estuvo mal pensada desde el inicio y terminó saliendo mal. En lugar de bajar la violencia, muchos grupos armados se fortalecieron, el narcotráfico creció y aumentaron los cultivos de coca, como muestran las cifras recientes. Se mandaron mensajes equivocados: que delinquir salía barato y que el Estado estaba dispuesto a ceder sin exigir resultados.Hoy en muchas regiones hay más control de bandas criminales, más extorsión y más miedo. La paz no se logra con discursos ni improvisaciones; se construye con autoridad legítima, justicia, protección a las víctimas y presencia real del Estado. Colombia necesita seguridad con enfoque social y firmeza frente al crimen, no acuerdos confusos que terminaron alimentando la violencia que decían combatir.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
El diálogo no puede ser un tabú, pero tampoco un cheque en blanco. Cualquier acercamiento debe darse bajo condiciones estrictas: acabar con la violencia, cumplir con la ley, verdad para las víctimas y resultados verificables. Cuando el diálogo se convierte en una señal de debilidad o impunidad, el Estado pierde legitimidad y la ciudadanía pierde confianza.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Creo que este debate no debe darse con falsas promesas, sino con evidencia y enfoque en salud pública. Estoy abierto a esquemas regulados, especialmente en usos medicinales y en políticas de reducción de daños, siempre que vayan acompañados de controles estrictos, prevención y fortalecimiento institucional; yo mismo impulsé este tipo de iniciativas en el Concejo de Bogotá, como el Acuerdo 831 de 2020, que es de mi autoría. La improvisación en este tema puede generar más problemas sociales que soluciones.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con la eutanasia dentro del marco legal colombiano, siempre que se garantice el respeto por la dignidad humana, la autonomía personal y el acompañamiento médico y psicológico. Es una decisión profundamente personal que debe estar protegida por el Estado, con protocolos claros y sin imposiciones morales.
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¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia sí necesita una reforma tributaria, pero no cualquiera. Tiene que ser una reforma clara y estable, que haga el sistema más simple, atraiga inversión, ayude a los pequeños y medianos empresarios y promueva que más gente trabaje en la formalidad. Las reformas improvisadas o cargadas de ideología, como las que ha impulsado este gobierno, terminan golpeando el empleo y el crecimiento económico.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Es necesario revisar con seriedad la estructura salarial del Estado como parte de una política de austeridad responsable. Más allá del salario en sí, el mensaje es importante: la dirigencia pública debe ser coherente con la realidad del país y con el esfuerzo que se le exige a los ciudadanos, sin caer en medidas simbólicas que no resuelvan el problema de fondo.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No, pero con límites claros. Las iglesias y los lugares de culto cumplen un papel social muy importante en Colombia: apoyan a comunidades vulnerables, ayudan en prevención y cuidado, y muchas veces llegan donde el Estado no alcanza. Esa labor merece respeto y protección. Pero la exención no puede ser un cheque en blanco. Debe mantenerse para la actividad religiosa y social real, con reglas claras de transparencia y rendición de cuentas. Si una organización hace negocios u otras actividades distintas al culto o a la acción social, esas sí deben pagar impuestos como cualquier otra. Defender la libertad religiosa no es permitir abusos; es cuidar una función social que fortalece a las comunidades y al país.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Colombia necesita un sistema político que escuche y decida con las regiones, no solo sobre ellas. Hoy muchas decisiones se toman desde Bogotá sin conocer la realidad de los territorios, y eso genera políticas ineficaces y desconfianza. Colombia debe apostarle a la participación efectiva de las regiones en el Congreso y en la planeación nacional: reglas más claras para que los proyectos regionales tengan asiento real en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto, mayor control territorial sobre la ejecución de los recursos y mecanismos de seguimiento que obliguen al Estado a cumplir en las regiones. No se trata de debilitar la unidad del país, sino de hacerla funcionar mejor, reconociendo que un Estado centralista no responde a un país diverso. Un país que funcione necesita regiones que decidan y un centro que escuche.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La paridad debe dejar de ser simbólica y reflejarse en quién toma las decisiones y maneja los recursos públicos. Garantizar los derechos de las mujeres implica que el Estado cumpla lo que ya existe: igualdad en el acceso a oportunidades, protección efectiva frente a las violencias y respuestas rápidas cuando se vulneran sus derechos. No se trata de más discursos, sino de que las instituciones funcionen y actúen a tiempo.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Hay que castigar con más fuerza los delitos de corrupción y aplicar inhabilidades reales para quienes roban recursos públicos. También es clave que la contratación del Estado sea totalmente transparente y que la información esté disponible en tiempo real. La corrupción no se acaba solo con leyes: se enfrenta con control ciudadano, tecnología y consecuencias claras. Por eso propongo la Ley Obra a la Vista: sacar la contratación pública de la sombra y ponerla de cara a la gente. Cuando todo es público y se puede verificar, robar se vuelve más difícil y más costoso. No se trata solo de castigar después, sino de prevenir desde el comienzo, con reglas claras, vigilancia ciudadana y sanciones para quien oculte o manipule información.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La única forma es con resultados. Rendición de cuentas permanente, agendas claras, menos protagonismo y más trabajo técnico. El Congreso debe volver a ser un espacio que resuelva problemas, no que los agrave.
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¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia necesita una política exterior seria y coherente, que no cambie según la ideología del gobierno de turno. Con Estados Unidos debemos mantener una relación fuerte basada en cooperación en seguridad, comercio, lucha contra el narcotráfico y transición energética, sin convertir la diplomacia en pelea política interna. Con Venezuela, la relación tiene que ser institucional y prudente: mantener el diálogo para proteger a los colombianos en la frontera y ordenar los temas comerciales y migratorios, pero sin avalar prácticas autoritarias ni guardar silencio frente a violaciones de derechos humanos. La política exterior no puede ir de un extremo a otro; debe centrarse en defender el interés nacional.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia de manera legal, transparente y austera, principalmente con aportes de personas naturales, ciudadanos que creen en este proyecto y dentro de los topes establecidos por la ley. No hay grandes chequeras ni contratistas detrás. Cada peso será reportado y publicado conforme a la normatividad electoral. He sido coherente toda mi vida pública: creo en la política limpia, en campañas que se ganan con ideas, trabajo territorial y confianza ciudadana, no con favores ni compromisos ocultos.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo la candidatura de Juan Manuel Galán por el Nuevo Liberalismo, porque representa la continuidad de un proyecto de centro, con propuestas liberales y sociales equilibradas que priorizan solución de problemas reales como seguridad, empleo y estado de derecho.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Colombia debería mantener la prioridad que este gobierno le dio al agua como asunto estratégico, especialmente el reconocimiento del acceso al agua potable, el saneamiento básico y el tratamiento de aguas residuales como ejes de salud pública, adaptación al cambio climático y equidad territorial. Esa visión es correcta y debe traducirse en una política nacional seria, con inversión en PTAR, protección de cuencas y fortalecimiento de los municipios para que el agua deje de ser una emergencia permanente y se convierta en un derecho garantizado con gestión técnica y resultados medibles.
En contraste, la llamada “paz total” debe eliminarse tal como fue concebida, porque fue una política equivocada: debilitó a la Fuerza Pública, fortaleció a los grupos armados ilegales, disparó los cultivos de coca y no trajo ni paz ni seguridad. El país necesita una política de seguridad integral, con autoridad legítima, presencia estatal real y oportunidades sociales, no ceses unilaterales sin control ni resultados.
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