La Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio luz verde a un proyecto de ley que pretende convertir en obligatorios los debates de candidatos a los principales cargos del Ejecutivo a nivel nacional, departamental y municipal. La propuesta deberá superar con éxito la discusión en la plenaria de la corporación y luego hacer un trámite similar en el Senado para convertirse en ley.
De acuerdo con el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde y uno de los promotores de la apuesta, el objetivo es tratar de garantizar que en las campañas primen las ideas y no la fuerza de las maquinarias. Según explicó el congresista, en este primer debate se generó una discusión con muchas opiniones, pero al final se logró el consenso para la primera luz verde.
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De ser aprobado completamente, el proyecto hace que todos los candidatos a la Presidencia de la República, las gobernaciones y alcaldías estén obligados a participar en al menos un debate público durante la campaña. “Así garantizamos igualdad, transparencia y voto informado para toda la ciudadanía”, explicó Sánchez.
La garantía para que este nuevo sistema funcione es un conjunto de sanciones que afectarían directamente las apuestas políticas de los candidatos que no se acojan. La primera es la reducción de un 25 % en los montos de financiación pública que reciben las campañas por parte del Estado, lo que podría verse reflejado en la reposición de votos.
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Otro de los puntos dispone que la silla o atril del candidato ausente en el debate se ubique obligatoriamente en el escenario para que la ciudadanía pueda constatar su falta. Y finalmente, el proyecto de ley propone que quienes no asistan al menos a un debate perderían los espacios a los que tienen derecho en los medios públicos para difundir su propaganda electoral.
“Si usted no es capaz de ir a un debate, usted no es merecedor de gobernar una ciudad, un departamento o un país”, dijo el representante Sánchez. La propuesta ha generado discusión en torno a los próximos debates presidenciales para las elecciones de 2026, ya que algunos aspirantes ya han condicionado su participación en estos espacios.
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