A poco más de 40 días de las elecciones, sectores de la carrera diplomática y consular están haciendo un mapeo de las propuestas de los candidatos presidenciales para el servicio exterior. Ese ha sido el centro de una discusión que han permeado los tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro, específicamente por las declaraciones que el jefe de Estado ha hecho sobre sindicatos y asociaciones de la Cancillería.
Precisamente por esos señalamientos del mandatario alrededor de los requisitos de idioma y las críticas por su falta de respuestas ante los compromisos que adquirió al ascender al poder, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) planteó un decálogo a los candidatos presidenciales para que dejen claros sus compromisos con la carrera diplomática y la Cancillería en sí. Se trata de 10 puntos que abarcan desde la modernización de los sistemas del Ministerio de Exteriores, actualmente encabezado por Rosa Villavicencio, hasta la ampliación de la planta de personal.
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En un documento de cinco páginas que conoció El Espectador, Unidiplo señala que “Colombia requiere de una diplomacia técnica, estable y despojada de intereses partidistas”, por lo que pide “compromisos concretos” en torno a 10 temas fundamentales: embajadores de carrera, diplomáticos de carrera en niveles directivos y equidad de género, restablecimiento de requisitos de títulos e idiomas, ampliación de la planta de personal, atención consular de calidad, modernización de la cartera, bienestar y seguridad para los funcionarios, representatividad y diversidad, transparencia presupuestal e interlocución con el sindicato.
Esos primeros puntos se refieren a un compromiso que han hecho varios gobiernos, el de aumentar el nombramiento de funcionarios de carrera en cargos directivos y en las cabezas de misiones diplomáticas. Lo que pide Unidiplo es que al menos el 50 % de las embajadas sean ocupados desde el comienzo de la administración de 2026 a 2030 por este tipo de trabajadores. Además, recuerdan que, a pesar de ser un compromiso del actual Ejecutivo, solo “el 30 % de los embajadores de Colombia en el exterior son diplomáticos de carrera”.
“Solicitamos que al menos el 50% de los cargos directivos en la planta interna (Viceministerios y Direcciones) sean provistos por funcionarios de carrera”, se lee en el documento, en el que se hace la misma petición para los cargos de cónsul, especialmente en Estados Unidos y España. Y se agrega: “Exigimos alcanzar la paridad para que el 50 % de estos cargos de máximo nivel decisorio sean ocupados por mujeres”.
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En esa línea, se pide que se deroguen las modificaciones hechas por el actual Gobierno al Manual de Funciones de Cancillería que, en pocas palabras, redujeron los requisitos para los embajadores, lo que abrió la puerta a más nombramientos de carácter político. Según el sindicato, esto “compromete seriamente la capacidad negociadora e imagen internacional del Estado colombiano”, pues ese tipo de requisitos se exigen incluso a los puestos más bajos del escalafón de la carrera diplomática.
En todo caso, dejan claro que apoyan “decididamente” las medidas para aumentar la representatividad, pero plantean hacerlo a través de facilitar el acceso a la formación para ingresar al concurso público.
Las solicitudes también están en el plano de funcionamiento de la Cancillería. Con la apertura de nuevas embajadas y consulados —uno de los proyectos de este Gobierno—, el número de funcionarios de planta ha seguido siendo el mismo, lo que “ha repercutido en una presión insostenible y aumento desmedido de la carga laboral en el servicio exterior”. Por ello es que piden “estudios técnicos de cargas laborales” para ampliar el número de funcionarios, así como “un sistema de bienestar integral que proteja la salud mental y la estabilidad familiar” con “medidas diferenciales para quienes prestan sus servicios en contextos de conflicto o condiciones climáticas adversas”.
“De igual manera, urge una modernización profunda del sistema de trámites consulares SITAC, creado en 2013 y hoy en día obsoleto, transformándolo en una herramienta ágil que elimine las barreras tecnológicas para una atención de calidad a los colombianos en el exterior”, se lee en el decálogo. Ese sistema ha sido el centro de polémicas tras la entrada en vigencia del nuevo esquema de pasaportes, pues en repetidas ocasiones se identificó un colapso que dificultó el proceso de entrega y asignación de citas de los pasaportes.
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Además, plantean la necesidad de una ejecución del presupuesto “orientada a resultados estratégicos y sin intereses políticos”. Especialmente, priorizando “la asistencia consular”, “eliminando los gastos innecesarios que no responden a criterios técnicos”.
“Nuestra naturaleza es técnica y al servicio del Estado; somos un cuerpo apolítico y profesional cuya misión es garantizar la continuidad de la política exterior colombiana bajo la dirección del presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado. Invitamos a la próxima administración a comprometerse a mantener una interlocución y diálogo abierto con nuestra organización para trabajar articuladamente en pro del fortalecimiento del servicio exterior”, dice el punto final del decálogo.
Para el sindicato, las promesas incumplidas han repercutido en el manejo de la política exterior del mandatario. Como lo reveló El Espectador en su momento, 46 embajadores de nombramientos de corte político le cuestan al Estado cerca de COP 2.300 millones adicionales, lo que impacta a las finanzas. Además, la caída de las plataformas y la falta de funcionarios para atender las necesidades de los connacionales en el exterior puso de plano la situación crítica de la Cancillería.
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