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En el Congreso de la República fue presentado un proyecto de ley que busca que el 20 de septiembre sea declarado como el día de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que, además, se rinda homenaje público a la Fundación Madres Falsos Positivos Soacha y Bogotá (MAFAPO).
La iniciativa fue presentada por un grupo de parlamentarios de la oposición (Alianza Verde, Polo Democrático, MAIS y Lista de la Decencia), quienes pretenden rendir homenaje a la lucha, reconstrucción y mantenimiento de la memoria por parte de las madres y demás familiares de quienes “fueron asesinados de forma sistemática e ilegítima por miembros del Ejército y presentados como falsos guerrilleros o paramilitares muertos en combate”.
El proyecto plantea también erigir un monumento en homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que, argumentan, representará la lucha contra la impunidad, el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la dignificación de la memoria de las víctimas.
“El diseño del monumento, texto de la placa y el lugar de instalación será concertado con la Fundación MAFAPO, su presentación será en acto público y ceremonia especial. En la placa se incluirá el nombre de cada una de las víctimas”, indica la iniciativa, que busca además que se confiera la condecoración de la Orden de la Democracia Simón Bolívar por parte de la Cámara de Representantes y el Senado de la República a la Fundación.
A ello se suma la producción y emisión de una serie documental que resalte la historia vida de cada una de las madres y familiares que integran la Fundación MAFAPO, así como su proceso en búsqueda del esclarecimiento de la verdad. Dicha pieza sería realizada por la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).
“Los casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado siguen sin estar resueltos, las familias de las víctimas no han tenido en su gran mayoría verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hasta 2014 se tiene conocimiento de aproximadamente 3.000 o 5.000 casos, donde han sido procesados alrededor de 5.626 personas, entre militares y civiles implicados de manera directa con las ejecuciones”, señalan los autores.
Según los parlamentarios, en medio del posconflicto, se requiere que el país adopte acciones concretas para el respeto y garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares, pues estas ejecuciones constituyen una herida que sigue abierta.
“Es obligación del Estado realizar acciones que contribuyan a resignificar la memoria de las víctimas, pero no solamente estas, sino también resaltar los esfuerzos de sus familiares, sobre todo de las madres de Soacha, quienes durante más de una década han buscado esclarecer los hechos ocurridos en este oscuro episodio de la historia colombiana, sin ninguna ayuda directa del Estado, sino por cuenta propia”, precisan.