El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a las declaraciones hechas por el presidente Abelardo de la Espriella en relación con la propuesta de recortar el presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -una iniciativa del partido de gobierno Salvación Nacional que ronda un recorte de COP 100.000 millones- que ha generado tensión entre el Ejecutivo y el presidente de ese organismo, Alejandro Ramelli, pues De la Espriella está a favor de este recorte.
Lara aseguró que "ante la crisis fiscal heredada [del gobierno de Gustavo Petro], todas las entidades del Estado (nacionales, territoriales, judiciales y de control) tenemos el deber de recortar gasto superfluo e improductivo, en 2026 y en 2027″. Y agregó: "Hay mucha grasa y en muchas entidades hay politiquería y derroche".
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Por último, el ministro sostuvo que: "Austeridad no es incumplir acuerdos internacionales. Es mejorar y cumplirle al país en un momento difícil". En esta última frase, el ministro hace referencia a la carta enviada por Ramelli a la Corte Penal Internacional (CPI), asegurando que con esta propuesta de recorte presupuestal se está poniendo en riesgo el Acuerdo de Paz y que además se ponía en riesgo la independencia y al funcionamiento de esa jurisdicción.
Por su parte, el presidente De la Espriella sostuvo que "hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales. Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando".
"El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos", precisó. Y agregó: "La JEP no está exenta de críticas. Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático".
Además, sostuvo que "lo que sí tengo claro es que la Rama Judicial ordinaria necesita con urgencia mayores recursos para cumplir su misión. Allí están represados millones de procesos y miles de ciudadanos esperan durante años una decisión. Jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales trabajan, en muchos casos, con despachos congestionados, infraestructura insuficiente y graves limitaciones tecnológicas". Cabe mencionar, que en el presupuesto presentado por el gobierno De la Espriella para 2027, se aumentaba en un 10 % el presupuesto para este organismo, algo que ahora está en el centro del debate.
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Desde la otra orilla, Ramelli dijo que el recorte presupuestal a la JEP "afecta su independencia y autonomía judicial y pone en riesgo las garantías de las víctimas y comparecientes que participan ante ella". Asimismo, remarcó que de aprobarse esta solicitud, se incurriría en "un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Gobierno de Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021″.
"La reducción propuesta tendría un impacto directo sobre el rubro destinado a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría aproximadamente al 62% de los recursos previstos para este concepto en el proyecto de presupuesto. Esta situación se sumaría a una desfinanciación acumulada de COP $84.663 millones (USD 28 millones) que actualmente enfrenta la Jurisdicción", puntualizó.
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