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Tal como ocurrió en diciembre pasado, cuando miembros de la Cámara de los Lores cuestionaron el papel del presidente Iván Duque Márquez y su gobierno en la implementación del Acuerdo de paz, una vez más los miembros del Parlamento Británico discutieron la situación de Colombia y criticaron los casos de abuso policial que recientemente han sacudido al país.
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El escenario fue la Cámara de los Comunes, donde el representante Ian Byrne expresó su preocupación frente al actuar de la Policía en diferentes protestas, alegando que 13 personas perdieron la vida durante manifestaciones en 2020 y llamando la atención por casos como los de Yuri Camargo y Miguel Ángel Linares, jóvenes quienes perdieron la vista de uno de sus ojos después de las manifestaciones.
“Ha habido información preocupante de un mayor número de manifestantes colombianos que han perdido la vista después de ser impactados por proyectiles disparados por la Policía” reclamó el diputado, que visitó Colombia en 2019.
A su turno, desde la Cámara de los Lores, Ray Collins, encargado de Asuntos Exteriores del Partido Laborista, lamentó el asesinato del sindicalista colombiano Carlos Vidal el pasado 29 de marzo, alertando por la situación de derechos humanos en Colombia.
“¿Qué medidas está tomando el gobierno (británico) para asegurar que sus homólogos colombianos aborden realmente este tema (de asesinatos) con una política pública para desmantelar las organizaciones criminales incluidos los grupos sucesores del paramilitarismo, como estipula el Acuerdo de Paz?”, cuestionó el Lor al ministro del gobierno de Boris Johnson.
En respuesta, los funcionarios del gobierno británico destacaron que Colombia sigue siendo un país prioritario en términos de derechos humanos y reafirmaron su apoyo al Acuerdo de Paz.
En diciembre pasado, varios miembros de la Cámara de los Lores cuestionaron el papel del presidente Duque Márquez en la implementación del Acuerdo y criticaron la actuación del exfiscal Néstor Humberto Martínez y el presunto ocultamiento de información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso Santrich.
“El reciente reportaje que revela detalles de una operación de la Fiscalía General aparentemente diseñada para atrapar a los negociadores de las Farc y socavar el proceso de paz es alarmante. La Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez supuestamente proporcionó cinco kilos de cocaína para la operación, pero esta y otra información no fue compartida con las cortes”, señaló Christine Blower, del Partido Laborista.
Otros miembros de la Cámara de los Lores insistieron en los intentos desde el gobierno de Colombia de atacar el trabajo de la JEP, figura que consideraron como un ejemplo que ha destacado la Corte Penal Internacional y un punto de referencia para el resto del mundo.