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La violencia sexual ejercida contra hombres, mujeres, y población LGBTIQ+ en medio del conflicto armado es, todavía, una herida sin cerrar. Lo sabe bien Julieth Guzmán, fundadora de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, quien lleva la bandera de la lucha contra la explotación sexual, las violencias basadas en género y la violencia contra los cuerpos de mujeres en esta zona del Caribe. Su voz sonó fuerte el pasado mes de mayo, cuando asistió a la audiencia de Salvatore Mancuso ante la JEP en la ciudad de Montería. Desde allí, su reclamo fue claro y concreto: “Nos deben la reparación a las mujeres víctimas de violencia sexual”.
Esa deuda la reclamó también la Comisión de la Verdad, a través de su Informe Final, que fue entregado hace un año, el pasado 28 de junio de 2022, en una ceremonia que simbolizó el cierre de una entidad del Estado que se dedicó, durante poco más de tres años, a escarbar en los pormenores de la guerra. En su momento, el país resaltó el hecho de que, por primera vez en la historia, se dedicara un capítulo para ahondar en las violencias basadas en género. El nombre de ese volumen es “Mi cuerpo es la verdad”, y es una radiografía profunda y detallada sobre los hechos de violencia que vivieron las víctimas a razón de su género.
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En el Informe Final, que por estos días volvió a posicionarse en las agendas tras haber cumplido un año de su entrega, se hicieron varias recomendaciones en materia de reparación integral. Una de esas fue, por ejemplo, que la Unidad para las Víctimas garantizara un plan de choque que permitiera priorizar el cumplimiento de las órdenes sobre reparación integral de las víctimas del conflicto. También, le pidieron al Gobierno Nacional, a las entidades territoriales y al Congreso, que diseñaran, en articulación con las víctimas, “una política que permita atender y reparar los daños específicos, garantizando el enfoque de género”.
Sobre asuntos de género, en total, la Comisión hizo 23 recomendaciones específicas dirigidas al Gobierno, a entidades territoriales, a diferentes ministerios y carteras y a la misma ciudadanía. Una de ellas fue también que el Ministerio de Educación y las secretarías territoriales promovieran pactos para la paz que promovieran la diversidad y pluralidad, con el fin de ahondar en estos temas desde la academia. “Garantizar que en su desarrollo se hagan reflexiones sobre los valores que permiten la convivencia y se plasmen compromisos por la igualdad de género, la desestructuración del patriarcado y el rechazo a cualquier tipo de discriminación y estigmatización”, dice en el documento.
También se habló de suscribir pactos por la igualdad para las mujeres y la desestructuración del patriarcado. Este punto, por ejemplo, desde la visión de la seguridad, estuvo enfocado en la importancia de crear una comisión accidental en la que participe en Gobierno, la oposición, partidos independientes, para fijar una política de seguridad que esté libre de prejuicios y con enfoque de género. En ese camino, una de sus sugerencias iba enfocada en que la política de seguridad atienda las realidades territoriales y de las poblaciones con enfoque étnico, etario, de género; así como reivindicar los derechos de las mujeres y reconocer sus victimizaciones en el conflicto.
Detrás de muchas de esas recomendaciones y del estudio riguroso que hizo la Comisión de la Verdad sobre las violencias de las mujeres y la población LGBTIQ+ estuvo la excomisionada Alejandra Miller, hoy directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). En diálogo con este diario, aseguró que en su entidad están haciendo un trabajo enfocado en empoderar a las excombatientes. “Lo que pretendemos es que entiendan que ellas también son sujetas políticas. En la guerra, muy usualmente, eran los hombres los sujetos de poder en un grupo armado. Sacarlas de ese pensamiento y explicarles que son personajes políticos en el país es un reto, porque hubo unos estados de subordinación que las llevaron a eso, pero debemos tratarlas como tal”.
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Miller cuenta que los feminicidios de mujeres en reincorporación son una problemática y que los patrones de violencia machista, heredados de la guerra, siguen siendo una realidad. “Muchas de ellas viven en profundas circunstancias de vulneración por violencias machistas: dos de ellas han sido asesinadas por sus parejas. Hay muchos factores para decir que terminaron reincorporándose a un modelo patriarcal de la sociedad, entonces algunas mujeres que dejaron las armas quedaron encasilladas en labores de reproducción, del hogar y han tenido muchas dificultades para dar un salto a la participación política”, explicó. Para ella, que estuvo a la cabeza del capítulo del Informe Final, desde la ARN se están cumpliendo las recomendaciones de esta entidad.
La Corporación Humanas, una ONG feminista, también resalta otros logros de entidades como la Cancillería. Dannia Ximena Beltrán Celemín, en un informe publicado por esa organización, resaltó que la Comisión recomendó construir un Plan Nacional de Acción, basado en la Resolución 1325 de las Naciones Unidas. Ese documento es un punto de partida para las organizaciones que trabajan temas de género, porque indica que todos los países adscritos a la ONU deben garantizar unos mínimos de seguridad a las mujeres, en especial a las lideresas. Sobre este punto, señala que: “Al 28 de diciembre de 2022, Colombia ya contaba con una hoja de ruta de construcción de ese Plan”.
Esa iniciativa la lideró la exviceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil, y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí. En ese documento, que está listo desde el año pasado, dice que se creará un grupo interinstitucional entre el Gobierno Nacional, la rama judicial y el Congreso de la República para convocar a una Mesa de Género. Aunque en lo que va del año esa iniciativa no se ha concretado, en entrevista con El Espectador, en diciembre de 2022, la consejera presidencial Carabalí aseguró que esa era su prioridad en su mandato.
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Sin embargo, la evaluación no es tan positiva, por ejemplo, para la Jurisdicción Especial para la Paz y para algunas entidades de justicia como el Ministerio de Defensa. “La Comisión de la Verdad aconsejó reformar los sectores de seguridad y justicia para garantizar los derechos de niñas, mujeres y lideresas en el territorio (…) en el caso de la JEP, falta la apertura del macrocaso y tienen por tarea la revisión y ajuste de las metodologías para esclarecer los crímenes y fortalecer el enfoque de género”, planteó Beltrán Celemín en el documento.
Aunque no se refiere a la nueva política de seguridad del gobierno Petro, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización defensora de derechos humanos de la población diversa, e integrante del Comité de Seguimiento de las recomendaciones del Informe, dijo que “persisten los prejuicios contra mujeres y población LGBTIQ+. Es necesario que frenen la revictimización por parte de las instituciones hacia las víctimas y se cree un entorno de confianza para la recepción de casos y denuncias”.
Incluso, el activista plantea la importancia de que las medidas de seguridad que piden algunos líderes o lideresas, a razón de los riesgos que corren por su identidad de género, se extiendan también a su núcleo familiar y las personas que tengan a cargo, en los casos que sea necesario. “Uno de los puntos donde menos encontramos avances es en el tema de construcción de memoria y procesos de reparación. Aunque se han venido desarrollando mecanismos para que se generen los espacios que permitan construir la memoria, aún no se ha dado la ejecución de esos mecanismos”, afirmó.
Uno de los puntos concretos en los que fue enfático es que la orientación sexual e identidad de género no hacen parte de los criterios de priorización de la ruta de reparación. Es decir, una víctima del conflicto armado, por ejemplo, que fue víctima de un crimen de odio y que está en proceso de atención o de reparación, no es priorizada, así haya sido violentada, justamente, a razón de su género o de sus preferencias sexuales.
Sobre el tema de desarrollo territorial, y a propósito de la nueva reforma agraria y rural del gobierno Petro, Wilson Castañeda considera que, aunque hay avances en el enfoque de género en procesos de restitución de tierras, “hasta el momento no hay una ruta para la restitución de tierras con un enfoque de diversidad sexual y de género”.
Muchos de esos casos de violencia sexual que son descritos por académicos y que quedaron consignados en el Informe Final, no son hechos el pasado. En departamentos como Córdoba, en la región de los Montes de María, muchas de esas violencias siguen vigentes y han cambiado. Julieth Guzmán, de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, dice que están pidiendo medidas de reparación colectiva para ellas, porque dice que muchas no pudieron rehacer su vida después de haber sido víctimas de violencia sexual por parte de los paramilitares. “Ahora son mujeres que tiene miedo de ocupar espacios de toma de poder en Tierralta. Les da miedo pertenecer a procesos organizativos porque temen que su cuerpo vuelva a ser empalado, abusado, tocado o violentado”.
Las violencias sobre los cuerpos de las mujeres que han plasmado en documentos y que reposan en los archivos de diferentes entidades del país, las siguen viendo a diario en municipios como Tierralta. Julieth está convencida de que los problemas actuales sobre explotación sexual en esa zona del país, son herencia de la cultura del paramilitarismo y el narcotráfico que atravesó su municipio en la década de los 90. “Ahora hay un problema de compra, comercialización y explotación sexual de niñas, que heredamos de la cultura traqueta que acecha a las niñas más lindas del pueblo”.
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