La nueva estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro para afrontar e impulsar sus proyectos en el Congreso ya fue trazada en el Ejecutivo a falta de solo tres meses para el cierre de una legislatura en la que el debate ha sido el principal ausente en el Capitolio Nacional. Así lo reveló el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con El Espectador.
El jefe de la cartera política ya tiene clara cuál será la ruta de la Casa de Nariño para, una vez se reanuden actividades en el Congreso el próximo 16 de marzo, se puedan sacar adelante iniciativas clave para el gobierno Petro, especialmente en los últimos meses de mandato que tiene el jefe de Estado y en medio de una campaña que acaparará todos los focos.
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Y es que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha dinamitado en lapso de los últimos dos años, pero puntualmente presentó un quiebre definitivo a principios de septiembre del 2025, cuando en el Senado se consumó una nueva derrota para el gobierno Petro con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.
Esa elección derivó, según pudo conocer este diario, en un distanciamiento - e incluso peleas - entre el presidente Petro y el senador liberal Lidio García, presidente del Congreso. Es más, desde esa fecha no ha habido algún tipo de contacto entre estas cabezas del poder. En tanto, Benedetti también se alejó del Capitolio y fueron contadas las veces que reapareció en los salones de plenaria para lograr el visto bueno del Legislativo en ejes condierados “clave” para el Gobierno.
Por lo anterior el cambio de estrategia fue total. Según manifestó Benedetti a reporteros de El Espectador, ahora “sí habrá más diálogo, pero bajo la responsabilidad de ellos (el Congreso) y no con el Gobierno tramitando o liderando puntos”. De acuerdo con sus palabras, esa estrategia ya ha quedado en evidencia y si bien ha dado sus frutos como con la aprobación de la reforma a la Ley 30 de la educación, también ha visto derrotas como con la ley de financiamiento o la reforma a la salud, ambas hundidas en los últimos días de trabajo del Legislativo.
No obstante, la insistencia en varios proyectos se mantendrá. El ministro dijo que la prioridad estará centrada en la ley de competencias, pues señaló que esta es “algo importante para todos”. Ese proyecto fue presentado en diciembre y tiene como objetivo distribuir labores a departamentos y municipios para una administración más eficaz de los recursos y que está atada a la ya aprobada reforma en el Sistema General de Participaciones (SGP), que aumentó las transferencias desde el gobierno central a las regiones en casi un 40 % en los próximos 12 años.
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Sin embargo, no será esa la única prioridad. La reforma a la salud volverá al ruedo, pues una vez hundida en la Comisión Séptima del Senado, el congresista Fabián Díaz presentó una apelación - como lo hizo con la reforma laboral -, discusión que se llevará a la plenaria del Senado y en la que el interés de la Casa de Nariño sigue latente.
Asimismo podría suceder con las leyes energéticas: reducción a las tarifas de energía y prohibición del fracking, que si bien habían sido anunciadas como prioridad del Gobierno el 20 de julio del año pasado, a la fecha no han presentado movimiento alguno.
Ahora bien, toda la estrategia se condicionará por el factor tiempo. Serán tan solo tres meses de trabajo los del Congreso, atenuados, además, por una campaña presidencial que ya tomará más fuerza. Es más, una vez se retomen las actividades en el Capitolio, ya el país conocerá qué congresistas seguirán en labor legislativa, quiénes saldrán y cuáles serán esas nuevas figuras que copen las casi 300 curules repartidas entre Senado y Cámara.
Choque con las altas Cortes
Otra materia que será de importancia para el cierre de gobierno es con las altas Cortes. Las constantes disputas entre la Rama Judicial y la Ejecutiva han avivado el discurso del respeto por la institucionalidad. Es más, queda pendiente el debate en la Corte Constitucional por la ley pensional, un aspecto clave para el mandatario nacional y con la que ha señalado, en numerosas oportunidades al presidente de esa sala, el magistrado Jorge Ibáñez.
Por ello, recientemente un grupo de exconsejeros de Estado envió un documento en el que le exigió al ministro Benedetti, retractarse por las afirmaciones que hizo en contra de los presidentes de las altas cortes. En el trino, publicado el pasado 5 de enero en medio de la tensión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba que los magistrados eran “narcos”.
Sin embargo, a esa petición Benedetti salió al ruedo. El jefe de la política en Colombia desestimó algún irrespeto a las cortes y manifestó que “jamás me atrevería a faltarle el respeto a las Altas Cortes. Siempre las he respetado. Nunca las he relacionado con los narcos. Lo que quise decir es que si una Corte cree que el Estado es fallido, como lo era en Venezuela, hacía parte entonces de ese Estado fallido”.
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