Faltando solo 96 horas para que las contrataciones de entidades públicas tengan un freno por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el Gobierno comenzó a sortear una tormenta pública por cuenta de los despidos –algunos con tintes de masividad– y vinculaciones al Estado ejecutadas en tiempo récord. Los escenarios más agitados, pese al intento de la Casa de Nariño de dar tranquilidad en plena época electoral, se desataron en la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y, entre otras entidades cuyas plantas de personal se han movido con fuerza solo en los 28 días que van de enero, en los ministerios TIC y de Trabajo.
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Solo el Dapre, de acuerdo con la información que reposa en bases de datos oficiales y casi que al mismo tiempo que se conociera el despido de alrededor de 30 personas —incluyendo a varias con más de una década en los cargos–, puso a andar solo en un día cuatro contratos encaminados a labores jurídicas y/o administrativas, entre otras, que superan los COP 611 millones. Pero al ir más atrás de este 27 de enero y sin salirse del actual 2026, hay registros de más de 300 movimientos contractuales en esta entidad, cifra que supera periodos similares de la administración del presidente Gustavo Petro: en 2024, el total de contratos celebrados en enero fue de 85, y en 2023 ese ítem solo llegó a 10.
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Incluso, tras las advertencias de fuentes de la Casa de Nariño en torno a la coincidencia de estos movimientos con la intención del Ejecutivo de promover la reelección inmediata de la izquierda en los comicios de este año (8 de marzo Congreso y 31 de mayo Presidencia), este diario encontró que en Función Pública además hay otras 45 hojas de vida en proceso de verificación para designaciones que dependen del Dapre.
Desde esa entidad, ahora liderada por Nhora Mondragón –de quien en Palacio aseguran tiene cercanía política con el ministro del Interior, Armando Benedetti–, se justificaron los despidos recientes asegurando que se trata solo de 12 personas y que se ejecutaron debido a la cercanía que sostenían con la anterior dirección, liderada por Angie Rodríguez (ahora cabeza del Fondo de Adaptación). Lo que se indicó es que la nueva jefatura de la entidad necesita en su círculo a personas de confianza.
¿Cómo encaja esto con las alertas por la época electoral? Según los reportes públicos, el ahora expresidente Iván Duque –en esa misma dependencia– le dio vía libre a solo cinco contratos durante enero de 2022, año en el que el país también estaba convocado a dos citas a urnas de carácter nacional. Esa cifra implica que la actual administración lleva, solo en el Dapre, más de 295 procesos contractuales de diferencia que su antecesora.
Y todo a pesar de la circular número 100-002-2026, fechada el 9 de enero de 2026, con la cual el presidente Petro ordenó manejar con cautela todo lo relacionado con remoción de personal de cara al inicio de la Ley de Garantías. Pero los casos no solo están en una oficina clave para la Casa de Nariño como esa y por la cual han pasado, antes de Mondragón, cinco directores; entre ellos el prófugo Carlos Ramón González.
En efecto, el Ministerio TIC ha registrado 66 hojas de vida desde que Carina Murcia entró a la dirección de la entidad, el 17 de septiembre de 2025, lo cual suelen hacer todos los jefes de cartera cuando asumen el liderazgo de esas oficinas para llevar apoyos a sus despachos. Pero, al comparar con periodos similares de anteriores ministros del gobierno Petro, incluyendo a con quien arrancó mandato –Sandra Urrutia–, la diferencia es evidente: 52 procesos de este mismo corte se dieron en esa primera etapa. A esto se le suma que solo en este mes de enero, según los datos registrados en páginas oficiales, el MinTIC ha ejecutado más de COP 1.307 millones en contratación. Eso sí, todo lo justifican indicando que se realizó con apego a la ley.
En paralelo, desde el Ministerio de Trabajo se publicó un decreto el pasado 22 de enero, con el que el ministro Antonio Sanguino autorizó la creación de más de 1.400 puestos de planta temporal hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de tener inspectores de trabajo y seguridad social. De acuerdo con el jefe de la cartera, “la planta temporal se hace perentoria para las labores de inspección, vigilancia y control que garanticen el cumplimiento de la reforma laboral”. Esta misma tesis la defendió el presidente Petro.
A esto se le suma, como lo recogió El Espectador este domingo, lo que pasa en la Unidad para la Reparación de Víctimas. El pasado 22 de enero se registró la salida de su director, Adith Romero, en medio de las dudas desatadas por cómo durante los primeros 21 días del primer mes de este 2026 se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios y con varias dudas en torno a su competencia. Y, de nuevo, todo con las elecciones a pocas semanas de realizarse, por lo que entidades como la Defensoría del Pueblo exigieron explicaciones.
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Solo unos días antes, y también en enero, se conoció un decreto en el que el Ministerio del Interior le dio el visto bueno a la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), actualmente liderada por Augusto Rodríguez. En ese documento, el 0020 de 2026, se estipula que serían alrededor de 6.870 personas las que llegarían a la entidad encargada de la seguridad de figuras políticas, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Tras conocerse la noticia, registrada por este y otros medios, Benedetti aseguró que “no ha habido ningún aumento en la planta de la UNP; antes estaban tercerizados y hoy van a ser parte de la planta”.
Entre tanto, la incertidumbre dentro de la Cancillería no se detiene. Después de que El Espectador revelara que se estaban ejecutando despidos masivos tanto en planta externa como interna de la entidad –y que toca cerca de 200 cargos clave para el servicio exterior–, la canciller Rosa Villavicencio se justificó: “Algunos de los trabajadores que se han ido también son por las demandas que hacen los sindicatos al no ser personas de carrera. No necesariamente todas las reubicaciones han sido por la administración, sino por las dinámicas que hay y las necesidades del servicio en diferentes consulados y embajadas”.
Sin embargo, según fuentes del entorno del Ministerio de Relaciones Exteriores, en esa cartera existe una suerte de guerra fría en la que se busca relegar a las personas de carrera diplomática para en su lugar ubicar contratistas en plena época electoral. El presidente de Asodiplo, Julián López, advirtió que se están exigiendo explicaciones de fondo y que, si se mantienen las respuestas a medias, se procederá con la instauración de tutelas y otras medidas jurídicas.
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Otras de las salidas de personal público en año de elecciones se dieron en medio del escándalo que se conoció por las páginas de este diario y en el que estuvieron envueltos Angie Rodríguez, la ahora directora del Fondo Adaptación, y el exdirector de la entidad Carlos Carrillo. Este último acusó a la primera de haber despedido injustificadamente a 15 personas de la entidad, casi la mitad de la planta, tras asumir como gerente encargada.
La realidad en medio de toda esta polémica, que ya tiene a la Procuraduría tomando cartas en el asunto y a los trabajadores que se sienten vulnerados analizando medidas, es que la Ley de Garantías rige desde el próximo 31 de enero e impide la contratación directa en entidades públicas para evitar que esos procesos se usen con fines de campaña.
El Gobierno del presidente Petro, en todo caso, no para de hacer cambios dentro de su nómina en diferentes entidades y ministerios, por lo que la incertidumbre en los despachos públicos es creciente. Además, este diario buscó respuestas más a fondo de las oficinas mencionadas, pero hasta el cierre de esta edición no había llegado. Sigue la expectativa.
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Por Luna Mejía Farías
