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Con el objetivo de anticiparse a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales y ante la incertidumbre por la falta de un marco jurídico de sometimiento, desde la Casa de Nariño buscan blindar los procesos de paz total con una serie de contratos millonarios que son claves para garantizar la continuidad de las mesas de diálogo.
Así las cosas, en las últimas semanas, la oficina de la Consejería Comisionada de Paz, a cargo de Otty Patiño, firmó convenios por más de COP 16.000 millones enfocados en garantizar la logística y personal (negociadores y asesores) para que los diálogos de paz puedan continuar. A este monto se suman los cerca de COP 6.500 millones que se vienen ejecutando con la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de junio para la seguridad de quienes participan en los procesos de negociación.
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El más llamativo de todos estos procesos, por COP 10.000 millones, se suscribió entre el Fondo Paz —entidad que financia las actividades de la Consejería de Otty Patiño— y la empresa estatal Servicios Postales Nacionales 4-72, para la producción de los eventos, encuentros y demás actividades de la Consejería en el desarrollo de la política de paz total.
Los recursos se utilizarán en los próximos cuatro meses para la realización de al menos 170 eventos en el marco de los espacios de negociación con las disidencias de alias Calarcá, el Frente Comuneros del Sur (Nariño), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (facción de la Segunda Marquetalia al mando de Walter Mendoza), los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Clan del Golfo y las bandas de Buenaventura, Medellín y Quibdó.
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Solo por dar un ejemplo, los diálogos con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente de alias Calarcá, que se escindió de las disidencias de alias Iván Mordisco, requerirán en los próximos meses 31 eventos que costarán COP 3.060 millones e incluyen reuniones de verificación, la instalación de puestos de comunicación en el Catatumbo, visitas técnicas de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y hasta la distribución de elementos y materiales de primera necesidad y alimentos no perecederos en Tibú.
También con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la paz total, desde la Presidencia, el pasado 19 de septiembre, se ordenó contratar el servicio de tiquetes aéreos para los desplazamientos nacionales e internacionales de la Consejería Comisionada de Paz y el Fondo Paz. En este caso, la inversión fue de COP 1.000 millones que se repartirán en viajes de alistamiento logístico, encuentros con comunidades, firmas de acuerdos y entrega y destrucción de material de guerra. La empresa elegida fue Pubblica S.A.S.
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A esto se suma un convenio de de COP 319 millones con el Comando de Ingenieros Militares para la destrucción de material de guerra y otro de COP 810 millones con la División de Asalto Aéreo para garantizar horas de vuelo para el desplazamiento de personal y bienes requeridos en el desarrollo de las mesas de diálogos de la paz total.
Así mismo, se incluyen las contrataciones y renovaciones de contratos de negociadores y asesores como Vera Grabe (COP 175 millones), Feliciano Valencia (COP 117 millones), Yezid Arteta (COP 117 millones), Rodrigo Botero (COP 91 millones), Fabio Valencia Cossio (COP 117 millones), entre otros. Toda esta estrategia se complementa con la luz verde que Petro les ha dado a alfiles como el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; y el director de la DNI, Jorge Lemus, para que abonen en el Congreso la aprobación de la ley de sometimiento y, además, estén al tanto de los acercamientos con diferentes organizaciones criminales que piden pista en la paz total.
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