Exfiscal y caso Plazas Vega: “El Estado no puede intervenir en un proceso de particulares”

El presidente de la República les ordenó, al canciller y a la embajadora en Estados Unidos, que apoyen al coronel ® Alfonso Plazas Vega en la demanda judicial que interpusieron en su contra, en ese país, las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán, muerto durante las violentas toma guerrillera y retoma militar del Palacio de Justicia en 1985. Usted es una de las investigadoras más enteradas de lo que ocurrió en ese episodio. ¿No es extraño que el mandatario comprometa el nombre de Colombia cuando toma posición a favor de quien ha sido judicializado por esos hechos, siendo que el país ya fue sancionado, por esa tragedia, en cortes internacionales?

Pienso que el presidente parte de una premisa equivocada: el Estado no puede invertir presupuesto participando en procesos entre particulares, ni aquí, ni en ningún otro país. Inmiscuirse en un litigio en otra nación, y solicitarles al canciller y embajadora apoyar al demandado, los compromete en funciones que no les han sido asignadas. Esa actividad implicaría, de otro lado, una serie de gastos que no pueden salir del erario oficial. Aparte de eso, Colombia ya admitió, en tribunales internacionales, su responsabilidad por la desaparición de personas que se encontraban en el Palacio de Justicia: hay una sentencia de la Corte Interamericana en que se sanciona al Estado; y, además, la justicia nacional ha condenado por los mismos hechos, a generales, coroneles, capitanes, mayores y sargentos. Finalmente, también existen procesos penales que han sido tramitados durante muchos años por el delito de tortura y otros posibles crímenes cometidos en el interior del palacio.  

La demanda de la familia Urán en contra de Plazas Vega busca que él responda, civilmente, por la muerte de su padre y esposo quien, según todos los indicios, fue, asesinado durante las operaciones de la retoma militar. Quisiera que explicara, más detalladamente, por qué el Gobierno colombiano no puede participar en una acción judicial instaurada en Estados Unidos.

No puede intervenir porque, en un proceso civil, las únicas partes que tienen legitimidad para hacerlo son el demandante y el demandado. Y hay que reafirmar que el Estado no puede usar recursos oficiales en procesos particulares. Pero, por encima de todo, quienes reclaman por la muerte de su familiar, tienen derecho a interponer las acciones judiciales que consideren necesarias para determinar la forma en que se desarrollaron los sucesos. Es importante resaltar que la familia Urán fue víctima de actos de violencia ejercidos contra de su padre, cuando miembros del Ejército hicieron estallar un explosivo contra la pared de un baño del palacio, no obstante que sabían que, allí, había más de 60 personas, como se los había advertido el magistrado Arciniegas Badbecker que salió de ese baño blandiendo la camisa del doctor Urán. Después de eso, y según un video revelado por Noticias Uno, el magistrado Urán fue visto herido fuera del palacio por una periodista que lo reconoció. Después se lo llevaron y luego de varias horas, su cuerpo apareció dentro del edificio.

En el mensaje presidencial a favor de Plazas hay varias afirmaciones que pueden tener consecuencias políticas y jurídicas. Según De la Espriella, el coronel “es un héroe de la patria”; y “el litigio estratégico lo persigue…” por “hechos ocurridos en ejercicio de su deber”. Usted investigó, como fiscal, la actuación de Plazas. ¿Debe el presidente ponerse y poner al Estado de parte de quien ha sido señalado por las víctimas del Palacio de Justicia como partícipe del holocausto, para tratar de incidir en el proceso en Estados Unidos?

En Colombia, como en Estados Unidos, los jueces son autónomos e independientes. Por lo tanto, una intervención a través de órganos políticos como la cancillería y la embajada, no son adecuados. En cuanto al tema específico de Plazas Vega, es importante decir que el proceso penal que se adelantó en Colombia contenía un sinnúmero de pruebas que indicaban, claramente, cómo se actuó durante la retoma; qué pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985 con los civiles rehenes que estaban dentro del palacio que, en algunos casos, murieron por impacto de proyectiles; en otros, por acción del fuego y en otros más, porque desaparecieron. También se supo que fueron señaladas, como sospechosas, personas que salieron de la edificación, quienes, después, fueron llevadas a instalaciones militares en donde fueron torturadas y, algunas, desaparecidas.

El proceso en contra de Plazas, ¿cómo concluyó?

El proceso penal contra Plazas concluyó con una condena (30 años en prisión) en primera instancia, una condena en segunda instancia ante un tribunal colegiado, y una decisión de la Corte Suprema de Justicia con 4 votos a favor de casarla (para cambiar la decisión) y 3 votos para confirmarla. Es decir, por un solo voto se casó la sentencia y, después, se absolvió por duda. La investigación fue estudiada por muchos jueces. Es evidente, pese a la última decisión, que había prueba para haber sostenido la sentencia y para que la misma corte mantuviera la condena.

En las investigaciones que usted realizó en su momento en el Cantón Norte de Bogotá para determinar si la conducta de los militares que estuvieron en la retoma del Palacio era legal o criminal, hubo graves hallazgos que comprometían, entre otros militares, a Plazas Vega. ¿Cuáles fueron?

Son múltiples: más de 40. Se pueden recordar algunas pruebas con base en las razones jurídicas expuestas por un magistrado de la Corte Suprema que salvó su voto cuando se decidió la absolución por duda, de Plazas, sin dejar de reiterar que fueron tres los salvamentos que pedían confirmar la condena, como ya lo dije. Una de esas evidencias es “un documento de noviembre 11 de 1985, encontrado en la diligencia de inspección judicial realizada en el comando de la Escuela de Caballería”. De ese “documento público auténtico, que no fue tachado de falso y, por ende, goza de capacidad probatoria… se infiere… el poder de mando y dirección que el procesado (Plazas) tuvo en los acontecimientos que se juzgan, así como su contacto con los rescatados del Palacio de Justicia”. Una segunda prueba mencionada por el magistrado, en su salvamento, fue la declaración del cabo Édgar Villamizar Esquivel; no obstante que se censuró su testimonio, el togado le da valor probatorio.

¿Hubo algunas grabaciones que se encontraron durante la investigación?

Sí: “la grabación de ‘Azabache 6’ (como se llamaba al coronel Plazas durante la retoma) hablando con ‘Azabache 5’ en la cual se escucha a Plazas dándole la orden de recibir a seis personas liberadas del palacio, en la Escuela de Caballería”. Otro argumento: “el acusado asumió algunas conductas que permitían inferir que excedió el mando que ostentaba en dicha operación o que tuvo en algunas fases, al punto que le permitieran tener control y disposición en relación con las personas liberadas del palacio (entre ellas, las consideradas “especiales” o “sospechosas”). En tal sentido, el exceso de mando del procesado se acredita al haber dado entrevistas a medios de comunicación sin estar facultado para ello, tal como emerge de las comunicaciones radiales”.

A propósito, no sé si las hijas del magistrado Urán han tomado, en su demanda y como argumento en contra de Plazas, la influencia que este tenía por su parentesco cercano con el ministro de Defensa en el momento de los hechos, general Miguel Vega Uribe. Plazas era el yerno del general y por eso, habría tenido más poder que algunos de sus superiores…

Ese tema sí fue tratado en el proceso y también lo menciona el salvamento del voto así:

“No se torna absurda la postura del Tribunal consistente en apoyar su inferencia de exceso de poder del acusado (Plazas V.) en el hecho probado del parentesco con el ministro de Defensa, pues ella se apoya en lo dicho por el mayor general Iván Ramírez Quintero cuando señaló que Plazas estaba casado ‘con la hija del ministro (…) entonces siempre estuvo bien ubicado’… de pronto hasta se pasaba por alto al general Arias’ (…)”.  Además, se menciona que “Plazas Vega era el director (de la Escuela de Caballería) y que, como tal, tenía el control operativo sobre el personal adscrito, así como la responsabilidad por lo que allí acaeciera, incluyendo, obviamente, el destino y suerte de los individuos que procedentes de la Casa del Florero se llevaron en calidad de retenidos”

¿Cuáles son las consecuencias internas, tanto en el campo político como judicial, que se pueden derivar de la posición del Gobierno que – pretendiéndolo o no -, termina siendo una declaración en contra de las víctimas del Palacio de Justicia?

Muy graves, porque cuando un presidente afirma que hubo “una persecución judicial infame y mentirosa que duró años” (según se lee en el Espectador), afecta a la rama Judicial en su conjunto, y a los funcionarios que cumplieron con su deber tomando las decisiones que indicaban las pruebas allegadas. Un jefe de Estado tiene la obligación de proteger todas las instituciones y no puede inclinar la balanza en favor de unas y en contra de otras. Con esas afirmaciones, además, pone en el centro de los ataques a las víctimas que tienen, insisto, todo el derecho a conocer la realidad de lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando murieron o desaparecieron sus familiares.

¿Cree usted que la orden de De la Espriella afecta, además de a la familia Urán, a todos los funcionarios de la justicia colombiana, como lo sugiere?

Sí, porque le hace eco a una consigna que fue parte de un ataque sistemático contra quienes hicimos parte de la justicia colombiana durante la investigación por los sucesos de la retoma del palacio. Adicionalmente, ese ataque también repercute en nuevas investigaciones porque persisten amenazas y persecuciones que han durado más de 20 años. Y lo más grave, influye en procesos que están en curso y que todavía no han llegado a las conclusiones que se le deben al país por esos hechos.

Con su declaración, el mandatario tal vez pretende que el gobierno de Estados Unidos influya en el curso de la demanda contra Plazas. ¿La legislación colombiana contempla algún mecanismo judicial para que las hijas del magistrado Urán, demandantes de Plazas en ese país, puedan exigir neutralidad del Estado colombiano?

La Constitución colombiana garantiza el derecho a conocer la verdad; a establecer, judicialmente, lo que sucedió, y a que se investigue y sancione a los responsables. En consecuencia, cualquier intento de frenar ese derecho, vulnera la Carta Política y la ley. El uso del poder del Estado para incidir a favor de alguien en otro país, no puede ser aceptada. Lo correcto es la neutralidad.

Foto: Óscar Pérez

El presidente no solo parece manifestarse a favor de Plazas Vega. Además de ese caso particular, expresa una posición promilitarista cuando afirma que “los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico…”. ¿Cuál es su opinión jurídica sobre esa declaración del jefe de Estado? 

Desde la óptica de los derechos humanos y de acuerdo con las definiciones de Amnistía Internacional, el litigio es estratégico cuando se diseña, conscientemente, para promover el respeto, la protección y la realización efectiva de derechos, y cuando se busca concientizar a los ciudadanos sobre las injusticias. Pero el contexto en que lo menciona De la Espriella es contrario a esos objetivos, y hace parte de una campaña histórica con la que se trata de evitar que prosperen investigaciones contra ciertos grupos o instituciones. Se utiliza el término “litigio estratégico” de manera peyorativa para descalificarlo. Nada tiene que ver esta segunda acepción con la demanda interpuesta por las hijas del magistrado Urán en Estados Unidos, en donde ellas, de nacionalidad norteamericana, han decidido activar uno de sus derechos ante una autoridad judicial de ese país. Y, en cuanto a “causar daño a las instituciones”, no puede admitirse que cuando la justicia investiga crímenes como los falsos positivos, los secuestros colectivos, las masacres, las acciones conjuntas entre paramilitarismo y DAS, o los hechos del Palacio de Justicia, se le esté infligiendo daño a la institucionalidad. Todo lo contrario.

¿Cree que es coincidencia que el exprocurador Alejandro Ordóñez quien, desde ese alto cargo en el momento de la decisión de la Corte Suprema, tomó posición pública a favor de la absolución de Plazas, hoy sea el nuevo embajador en la OEA nombrado por el presidente De la Espriella?

En el proceso del Palacio de Justicia, el testigo Villamizar mencionado antes, se retractó en la procuraduría de Ordóñez quien recibió en su despacho a familiares del señor Plazas.  Recuerdo también que cuando la corte decidió absolverlo, la revista Semana publicó una gran foto del procurador en su despacho, recibiendo las visitas de Plazas, ambos muy sonrientes. Eso fue publicado en diciembre de 2015. También recuerdo que la Procuraduría, en el periodo anterior a Ordóñez, pidió acusar y condenar a Plazas. Fue con la llegada del Doctor Ordóñez cuando este inexplicablemente pidió la absolución. Ahora, en cuanto a su nombramiento, este puede ser, como usted dice, solo coincidencia.

En el actual Gobierno, hay otros nombramientos que pueden ser casualidades o no, respecto del mensaje del presidente a favor de Plazas: uno de ellos, el del abogado D’Mar Córdoba Salamanca como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Córdoba trabajó con la excongresista Thania Vega, esposa de Plazas e hija del ministro de Defensa Vega Uribe.

Realmente no sé nada al respecto. No conocía que había otras personas relacionadas con el señor Plazas y su familia, en el Gobierno actual. Pero empiezo a entender.