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Ya se publicó el decreto con el que la Imprenta Nacional de Colombia podrá expedir pasaportes y otros documentos. Además de ser un paso clave en el nuevo modelo público de expedición de la libreta, impulsado por el presidente Gustavo Petro, también fortalece a la entidad.
El decreto de seis artículos fue firmado por el presidente este viernes en la tarde y publicado en la gaceta oficial el sábado, entrando en vigencia el mismo día. En el primer artículo se indica que busca “establecer las condiciones en que las entidades públicas del orden nacional en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial deben contratar con la Imprenta Nacional de Colombia los servicios relacionados con la producción, personalización, distribución, impresión, edición, divulgación y comercialización, de documentos oficiales, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica”.
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En ese sentido, señala que el objetivo es “fortalecer la soberanía, protección documental, la seguridad digital, la data del Estado, preservar la seguridad jurídica en la producción de documentos oficiales, reproducción de normas y actos oficiales, así como consolidar capacidades institucionales sostenibles”.
El decreto indica que la Imprenta Nacional deberá firmar convenios de impresión con ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales y establecimientos públicos nacionales. Y, en ese sentido, indica que “el Gobierno Nacional apoyará el fortalecimiento de capacidades de la Imprenta Nacional de Colombia para cumplir a través de ella las políticas públicas de protección de datos”.
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Con este decreto, la Imprenta queda con la potestad de imprimir actos legislativos, leyes, actos administrativos (como directivas, decretos, resoluciones autos y sentencias), documentos, pasaportes, cédulas de extranjería, Permisos de Protección Temporal (PPT), Permisos Especiales de Permanencia (PEP) e impresos (tales como diarios, gacetas, boletines, folletos, entre otros).
El decreto llega en la misma semana en la que la Procuraduría de Gregorio Eljach demandó el convenio entre Colombia y Portugal, con el que la Casa de la Moneda de ese país acordó asesorar a la Imprenta Nacional durante diez años, desde abril de 2026 hasta 2036, la producción de pasaportes.
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La demanda radicada por la Procuraduría y firmada por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado preventivo y de control de gestión, es un documento de 37 páginas en el cual el Ministerio Público detalló las razones por las que es necesario ponerle freno de mano al convenio con Portugal, que los recursos que ya se han invertido regresen al país y se busquen otras salidas para solucionar el dilema de la impresión de pasaportes.
Según la Procuraduría, el convenio celebrado el 18 de julio de 2025 deja claro en su cláusula número cinco que “no tiene recursos para su ejecución. Las entidades, si hay lugar a ello, para cada vigencia fiscal apropiarán los recursos que permitan suscribir los contratos derivados de la prestación del servicio”. Diez días después, el 28 de julio, se celebró el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, por COP 1,3 billones.
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En respuesta, el Ministerio de Exteriores informó que no ha sido notificado de un auto admisorio de la demanda y que “a la fecha, no existe ningún fallo en contra de la Cancillería colombiana que imposibilite seguir adelante con el proceso de producción de nuevos pasaportes”. Incluso, remarcó que se “adelantan, sin contratiempos, todos los actos que fueron objeto del convenio interadministrativo”.
Frente a la investigación, la cartera de Villavicencio anunció que estarán “atentos a la defensa de los intereses de la Cancillería ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para demostrar la legalidad de los procesos llevados a cabo”. Eso sí, aclaró que “garantiza su capacidad para satisfacer la expedición de pasaportes de los colombianos”.
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