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Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo De la Espriella ofrecer una disculpa pública por considerar que durante su posesión presidencial, el pasado 7 de agosto, se afectó el principio de neutralidad religiosa del Estado. El mandatario deberá acatar esta orden a más tardar el próximo 30 de septiembre y deberá disculparse durante una alocución presidencial televisada.
Según el fallo, durante la ceremonia se desarrolló un espacio denominado “invocación y alabanza” y participaron representantes de tres corrientes religiosas. La decisión aclara que los servidores públicos tienen garantizado el derecho a profesar libremente su religión; sin embargo, cuando ejercen sus funciones como autoridades, deben mantener la separación entre sus actuaciones oficiales y cualquier credo religioso en particular.
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Luego de que se conociera la noticia congresistas y otras personalidades políticas reaccionaron. Una de las primeras en referirse al tema fue la senadora Jennifer Pedraza, quien aseguró que “Como advertimos: el acto de posesión del Presidente Abelardo violó el principio de neutralidad en materia religiosa y amenaza el carácter laico del Estado. Ahora, un juez de la República le solicita al Mandatario excusarse por violar el derecho de la ciudadanía a la libertad de consciencia y culto”. Y agregó: “A Colombia le costó décadas separar, de manera sabia, el Estado de la(s) religión(es). No podemos retroceder. Hay que defender el Estado Social de Derecho”.
Por otro lado, la exsenadora María Fernanda Cabal -quien busca la escisión del Centro Democrático- dijo: “Las decisiones de los jueces progre atentan contra el Estado de derecho. Punto”.
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Desde la otra orilla, el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico, expresó: “Contundente decisión judicial: un juez ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por vulnerar la neutralidad religiosa del Estado en su acto de posesión y expedir una directiva para que todos los servidores públicos respeten ese principio constitucional. Colombia no es un Estado confesional. Ningún gobernante puede convertir sus creencias personales en símbolos o prácticas oficiales del poder público. La Constitución de 1991 garantiza la libertad religiosa precisamente porque el Estado es de todos, creyentes y no creyentes. El poder político tiene límites. La Constitución se respeta y se hace respetar”.
Por el contrario, María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, dijo: “Esto es inaceptable. La libertad religiosa y de culto también la puede invocar el presidente Abelardo de la Espriella, quien como la mayoría de los colombianos somos creyentes. El presidente no está imponiendo, está expresando su fe. Que Dios mire a Colombia con misericordia”.
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