La última vez que el expresidente Álvaro Uribe participó de forma individual en unas elecciones fue en 2018, cuando logró 801.692 de los 2’300.589 de votos que en los comicios legislativos de ese año obtuvo el Centro Democrático, el partido que ayudó a fundar cuatro años antes para hacerle oposición pura y dura al entonces reelecto gobierno del mandatario Juan Manuel Santos. Solo, con varias polémicas a cuestas y un proceso penal en ciernes que tras varios lustros se espera que este 28 de julio llegue a una etapa definitiva, obtuvo el 34,84 % del respaldo en urnas de su colectividad.
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Esto fue motivo suficiente para que la persona que más peso electoral ha tenido en el siglo XXI en el país se mantuviera por otro tiempo en el Capitolio, pues solo dos años después, en agosto de 2020, renunció a su credencial de senador para que el caso –que incluso lo llevó a estar algunas semanas con medida de aseguramiento– saliera de la órbita de la Corte Suprema de Justicia y pasara a la Fiscalía, entidad que pidió su condena por posible fraude en actuación penal y soborno; la decisión de una jueza sobre esa postura del ente acusador es la que se conocerá este lunes.
En 2002, cuando se lanzó por primera vez a la Presidencia buscando ser el sucesor del conservador Andrés Pastrana se quedó con 5,8 millones de votos y ganó el cargo en primera vuelta. Y cuatro años después, tras una controvertida reforma –para muchos ilegal– que llevó a varios de sus alfiles a responder judicialmente por la forma en que se tramitó, se hizo reelegir con 7,3 millones de sufragios. Y estuvo a punto de intentarlo por una tercera vez, pero en 2009 la Corte Constitucional le puso freno jurídico a ese propósito.
Fue ahí cuando decidió darle su guiño al ahora expresidente Santos para que en 2010, en segunda vuelta, se impusiera con 9 millones de votos. No logró repetir la hazaña de su entonces jefe político de ganar en la primera cita a urnas. Y cuatro años más tarde, con el proceso de paz con las Farc a mitad de camino, le hizo una férrea oposición a quien fue primero su pupilo electoral y logró llevar a su candidato, Oscar Iván Zuluaga, a segunda vuelta, aunque ahí terminó derrotado por Santos. Eso sí, en ese 2014, Uribe regresó al Senado con una lista cerrada que encabezó y con la que se llevó poco más de 2 millones de votos.
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En 2018, cuando repite curul, fue el candidato presidencial de su partido, Iván Duque, quien ganó la Presidencia en segunda vuelta imponiéndose con 10,3 millones de votos, poco más de 2 millones por encima de los que en ese entonces sacó el candidato Gustavo Petro. Y en 2022, con una trabajo menos visible y no tan ligado a las urnas, vio cómo el ahora presidente Petro ganó en la segunda ronda de votaciones con 11,2 millones de votos, unos 700.000 más que el ya fallecido Rodolfo Hernández, quien tenía el apoyo tácito de Uribe y de las fuerzas que lo rodean.
Todo esto muestra el peso electoral de una persona a la que este lunes se le definirá al menos en primera instancia su situación judicial, una movida que él está aguardando para saber desde qué rol jugará en las elecciones de 2026 y de paso, como lo admiten todos sus contradictores, poder atestiguar qué impacto tendrá en la campaña que ya lleva varios meses desplegando la izquierda para intentar reelegir al progresismo del presidente Petro.
Al ser antípodas, y así se han mostrado en las últimas semanas previas a una decisión judicial hasta ahora inédita –independiente de si sale absuelto o condenado–, el provecho político y con repercusión en urnas que le pueden sacar al caso tanto Uribe como Petro es determinante para ambas fuerzas.
Un Uribe condenado no guardará silencio y mantendrá el relato de la victimización política tras una sentencia que se impondría contra la persona más representativa de la derecha colombiana durante la primera presidencia de izquierda pura que tiene el país. Y si es absuelto, tendrá rienda legal para seguirse moviendo con más holgura y potenciando la tesis de que Colombia debe ser salvada de Petro.
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Y este último, como jefe de Estado, espera que el rédito que se dé a partir de la decisión que presentará la jueza Sandra Heredia pueda ser aprovechado por la izquierda que representa. Ya dijo esta semana que su deber es respetar el sentido del fallo y proteger a la funcionaria judicial, aunque hace algunos meses, cuando otro juez no condenó por nexos con el paramilitarismo a Santiago Uribe, hermano del exmandatario, aseguró que ese pronunciamiento se dio por supuesto temor y que los tribunales internacionales deberían intervenir; el propio expresidente se lo recordó, y el actual inquilino de la Casa de Nariño respondió con un par de fotos en las que se le ve sonriente.
Petro se juega su capacidad de heredar votos y respaldos, como ya demostró Uribe que fue capaz en anteriores citas a urnas. Por eso, lo que se decida en este juicio puede ser definitivo, porque aunque la reelección quedó prohibida legalmente, no es un secreto que el círculo más cercano al jefe de Estado viene promoviendo que se abra esa puerta y tener otro “enemigo electoral” de la talla del exmandatario le sirve para mantener una apuesta encaminada a que solo en su figura está la posibilidad de que el progresismo obtenga una segunda oportunidad en el poder.
Petro ha dicho un par de veces que eso no le interesa, pero no ha rechazado directamente los constantes dichos de su jefe de despacho, Alfredo Saade, en torno a que en 2026 debería haber más Petro que petrismo. Y eso, como lo ha contado este diario en ediciones anteriores, sí se ha explorado extraoficialmente en varios despachos de la Casa de Nariño.
“El presidente Petro se ha quejado muy públicamente de que sus ministros van en contra de su plan de gobierno y de lo que él dice. Es una solicitud razonable: no tiene sentido que un servidor público que trabaja en la Casa de Nariño no comparta lo que quiere el mandatario. Entonces, surge la pregunta: ¿qué piensa el presidente de lo que dice Saade?”, se dijo en un reciente editorial de este diario.
Y uno de los columnistas de estas páginas, el analista Álvaro Forero Tascón, dejó un comentario en sus redes que puede relacionarse de forma tácita con el panorama electoral que se agita con lo que este 28 de julio decida la jueza Heredia.
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“Casi todo populista tiene problemas con la justicia, y todo populista busca politizar sus deudas con la justicia para victimizarse, declarándose perseguido político. Algunos acuden a exiliarse. Y no es paradoja que todo populista hace política criminalizando a sus contrincantes”, aseguró Forero Tascón.
Las formas y el modelo de país que promueven Uribe y Petro son opuestos y desde que se han medido en urnas lo han dejado claro, pero coinciden en un relato que también puede ser impactado por la decisión judicial que se conozca este 28 de julio. El primero, durante sus dos mandatos, habló de “Estado de opinión” para promover sus políticas públicas y cuestionar los frenos legales que los pesos y contrapesos constitucionales establecen para el ejercicio presidencial; y el segundo acude a la misma estrategia, pero denominándola “poder del pueblo”.
Los dos han utilizado estas semanas para, por vías distintas, fortalecer el discurso hacia sus bases. Incluso, a Uribe lo quisieron viabilizar como fórmula vicepresidencial y hasta de eventual ministro en otra administración de derecha. Y Petro, por su parte, empuja con más fuerza todo lo que es contrario a esa línea política, como el acercamiento cada vez más robusto al régimen que mantiene Nicolás Maduro en Venezuela y cuyo paso más reciente fue la zona de trabajo binacional que toca, entre otras, el área del Catatumbo con todas las violencias que hay allí. Y aquí entra en juego que voceros de la dictadura del país vecino ya dijeron, sin que la diplomacia colombiana respondiera, que celebrarán la eventual condena de Uribe.
Además, está el factor Estados Unidos. Los más afines a lo que promulga el magnate republicano Donald Trump han pedido medidas similares a las que ya impuso contra Brasil por el juicio que se le sigue a Jair Bolsonaro; eso lo han movido congresistas de Washington y de Bogotá argumentando que, supuestamente, el caso de Uribe es de carácter político. Petro, con la institucionalidad de su lado –esa que tanto cuestiona cuando se trata de otros asuntos–, exige respeto por la autonomía de los Estados y de sus poderes internos.
A esto se le debe sumar que la descertificación en la lucha contra el narcotráfico es inminente, y no solo por las diferencias entre los estilos de Trump y Petro, aunque sus señalamientos hacia la separación de poderes y la prensa que los cuestiona en algo se asemejan, sino porque la actual Colombia es leída en Washington como permisiva con ciertos factores de la ilegalidad que se han cobijado con la política de paz total. Uribe, con el Centro Democrático y demás alfiles, propenden por “la mano dura” pese a los expedientes abiertos por asuntos como los más de 6.000 mal llamados “falsos positivos” que se dieron con ese tipo de estrategias.
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Pero más allá de estos factores que se ponen en juego de cara a las elecciones de 2026 con una decisión que se comenzará a leer desde las 8:30 de la mañana de este 28 de julio, también habrá una repercusión interna en las campañas. Los precandidatos del Centro Democrático (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra) no han despegado en encuestas, por lo que hay vasos comunicantes con las aspiraciones de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella para tender puentes, lo que haría que las listas al Congreso se reconfiguren también.
Además, el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio, es un tema que sigue siendo parte de análisis al interior de estas fuerzas, porque –mientras se está pendiente de su estado de salud en la Fundación Santa Fe– el proselitismo debe seguir para potenciar el logo uribista en los comisiones del 8 de marzo (Congreso) y del 31 de mayo (Presidencia). Y las dos citas se pueden abordar de forma muy distinta con un Álvaro Uribe absuelto o con uno condenado, pues sin sentencia en su contra, incluso, puede volver a participar de ese tipo de ejercicios; y con ella encima se endurecerá el verbo victimizante.
Y por las toldas del progresismo hay un nombre que quieren mover tanto para el Congreso como para la Presidencia. En efecto, como lo ha contado este diario, el senador Iván Cepeda, quien ha liderado la batalla jurídica que tendrá este lunes un primer cierre, es visto como la persona que tendría que encabezar la lista al Capitolio o incluso hacer parte del abanico de posibles sucesores de Petro, algo que al propio jefe de Estado le suena así el legislador haya dicho un par de veces que es un asunto que por ahora no le interesa.
La visibilidad que ha logrado Cepeda y la constancia que ha demostrado con este caso, lo cual le ha valido duros dardos desde el uribismo, lo proyectan como una figura de izquierda que puede encarnar la continuidad que Petro quiere para su progresismo.
Lo cierto en medio de todos estos factores que están en juego frente a las elecciones del próximo año, y de otros más que poco a poco irán moviéndose para actuar de cara a un fallo que sin duda será histórico, son parte de las conversaciones constantes que se están dando en la Casa de Nariño con Petro siguiéndolas de cerca y en Rionegro, lugar de residencia de Uribe, pues dependiendo de cómo se muevan –independiente del sentido que tome el expediente– lo que pase a partir de este lunes será un nuevo banderazo para una campaña que ya está polarizada.
No en vano el país está expectante de lo que decida la jueza Heredia y las fuerzas políticas toman nota de cómo actuarán los electoralemente más interesados en su pronunciamiento, porque podría haber un reacomodo de estructuras por solidaridad o cálculo en ambos bandos que deje sobre la mesa el rédito de una disputa por el modelo de Estado que se juega en las urnas. Uribe y Petro –junto a sus adeptos– lo saben; y, por supuesto, quieren aprovechar el sismo que está pronto a suceder.
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