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Enrique Vargas Lleras, hermano del líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, presentó una tutela ante el Consejo de Estado en contra del presidente Gustavo Petro, buscando que el primer mandatario se retracte por una serie de afirmaciones “difamatorias” hechas en medio del debate sobre el quiebre de las EPS y la reforma a la salud hace un par de meses.
La familia del exvicepresidente argumenta que Petro violó su derecho a la honra y buen nombre en cuatro ocasiones mediante publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas. Según un comunicado, el 28 de mayo de 2024, Petro afirmó que “La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago”, refiriéndose a una supuesta deuda de la Nueva EPS. Dos días después, reiteró estas acusaciones, sugiriendo que la familia Vargas Lleras había ocultado 5.5 billones en deudas mientras realizaban gastos innecesarios.
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El 4 de junio de 2024, Petro acusó a la Nueva EPS de ser una fuente de financiamiento para los dirigentes de Cambio Radical, usando recursos públicos para fines políticos. Finalmente, durante una intervención pública en Aguachica, Cesar, el 6 de junio de 2024, el presidente acusó directamente a la familia Vargas Lleras de esconder facturas no pagadas por cinco billones de pesos, afectando gravemente al sistema de salud. “¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargas Lleras? ¿Por qué la Nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguro Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares?!”, dijo ese día el primer mandatario.
La familia señala que estas declaraciones carecen de fundamento fáctico y probatorio. Pese a haber solicitado una rectificación a la Presidencia, esta fue denegada, lo que llevó a la presentación de la tutela. Según Vargas Lleras, las afirmaciones de Petro han afectado la imagen y el prestigio de su familia, socavando la confianza pública en ellos.
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“Una cosa es permitir que un funcionario público abra el debate sobre temas relacionados con el funcionamiento del sistema de salud, sus beneficios, ventajas, problemas, proyecciones y eventuales soluciones, pero otra es efectuar, sin la más mínima justificación probatoria, señalamientos en contra de personas determinadas, que en muchos casos nada han tenido que ver con asuntos de interés público, ni político”, se lee en el comunicado.
En su defensa, Vargas Lleras explicó que la Nueva EPS es una empresa privada con participación de capital público y que él, como miembro de su Junta Directiva, no tuvo control sobre la administración de los recursos. Añadió que ni las auditorías internas y externas ni el informe preliminar del Agente Interventor de la Superintendencia Nacional de Salud han señalado ocultamientos de recursos por parte de él o su familia.
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