La polémica alrededor del proyecto de reactivación socioeconómica en La Mojana, región golpeada por inundaciones recurrentes, escaló tras las denuncias que viene realizando El Espectador al documentar presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de varios contratos. De hecho, este viernes se le solicitó a la Procuraduría y la Contraloría la apertura de procesos disciplinarios y fiscales para esclarecer posibles faltas en la administración de un convenio que asciende a $36.211 millones.
La solicitud fue radicada ante el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Según la representante Jennifer Pedraza, los hallazgos reportados por este diario hacen necesario activar mecanismos de control institucional para proteger los recursos públicos y garantizar la legalidad del proceso.
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El proyecto corresponde a la Licitación Pública FA-LP-I-S003-2024, adjudicada a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, integrada por la Fundación de Educación Superior San José – FESSANJOSÉ, EUONIA S.A.S. y la Fundación Colombia de Vida (FUNDACOVI). Su objetivo es impulsar la cadena productiva del arroz y reactivar la economía local mediante estrategias adaptadas al cambio climático.
Informes internos de la interventoría y documentos consultados por El Espectador señalan que “en cuanto a la caracterización socioeconómica de productores y asociaciones, no se evidenció un documento que cumpla con los estándares de profundidad requeridos...”. También se reportaron faltantes en los encuentros territoriales obligatorios y deficiencias en la fase diagnóstica inicial, lo que llevó a que se planteara la aplicación de sanciones y al bloqueo temporal de pagos. Pedraza destacó que estos hallazgos justifican plenamente la intervención de los entes de control.
El caso también está marcado por cambios gerenciales en el Fondo de Adaptación. Carlos Carrillo, gerente encargado, bloqueó pagos y reportó hallazgos señalando que “es una solución socioeconómica para La Mojana, construida no desde los escritorios de Bogotá, sino de la mano de las comunidades”. Tras su salida, Johan Steven Londoño y Katherine Rojas asumieron la gerencia temporalmente, en medio de cuestionamientos sobre contrataciones con posibles vínculos políticos. Actualmente, Angie Rodríguez, mano derecha del presidente Gustavo Petro, lidera la entidad y afirmó haber detectado “varias irregularidades que espera revelar”.
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La Fundación de Educación Superior San José y su papel en el contrato
FESSANJOSÉ forma parte de la unión temporal adjudicataria del proyecto. Su participación ha generado inquietudes debido a los vínculos políticos de su fundador, Francisco Pareja González, quien ha estado relacionado en el pasado con el Partido de La U y con figuras como Armando Benedetti. Estos antecedentes aumentan la preocupación sobre posibles influencias externas en la ejecución del contrato.
El representante legal de la unión temporal, Jorge Zabala, señaló que “nosotros somos unos particulares que colaboramos con el Estado... considero que la instancia idónea para proporcionar información sobre el particular es el Fondo de Adaptación”. No obstante, Pedraza enfatizó que los entes de control deben verificar responsabilidades legales y fiscales, dado que la fundación es parte directa de la ejecución del proyecto y maneja recursos públicos de gran cuantía.
La congresista pidió a los entes de control iniciar indagaciones preliminares, abrir procesos disciplinarios y fiscales, y vincular a todos los funcionarios y contratistas involucrados, incluyendo a los representantes legales de FESSANJOSÉ. Pedraza recuerda que el artículo 38 del Código General Disciplinario establece la obligación de “denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley”, subrayando la necesidad legal de proteger el interés público.
Los recursos están destinados a comunidades vulnerables, afectadas por años de inundaciones y pérdidas económicas. La investigación busca determinar si el contrato se ejecutó conforme a la legalidad.
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