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A través de un comunicado, la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación del Congreso, se refirió a la controversia que generó la orden de su despacho de inspeccionar el Consejo de Estado el pasado miércoles. La diligencia se llevó a cabo en el marco de una investigación a cuatro magistrados de la Sección Quinta de ese alto tribunal, pero generó polémica porque Arizabaleta es cercana al Gobierno, que ha cuestionado las decisiones de ese órgano judicial.
En su mensaje, la congresista rechazó que la sigan relacionado con Roy Barreras, quien es su expareja. “Quiero aclarar que las actuaciones procesales que adelanta mi despacho corresponden exclusivamente al ejercicio de mis funciones constitucionales, en estricto derecho, y no tienen absolutamente nada que ver con motivaciones políticas, y mucho menos con motivaciones relacionadas con el señor Roy Barreras, de quien me divorcié hace más de cuatro años”, explicó.
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Arizabaleta también señaló que las actuaciones de la Comisión tampoco tienen relación con su partido, La Fuerza, liderado por Barreras. Según explicó, ya solicitó “hace varios meses al Consejo Nacional Electoral escindirme, dado que mi interés, conocido públicamente, es no tener ninguna relación política ni personal con el señor Barreras”.
Sobre el tema del Consejo de Estado, puntualizó que se trató de una diligencia de carácter probatorio, cuyo único objetivo es recopilar y verificar información. “No implica sanción, no supone una decisión de fondo, ni busca influir o interferir en los procesos que conoce de manera autónoma el Consejo de Estado sobre todos aquellos procesos, entre ellos la situación jurídica del partido La Fuerza de la Paz”, agregó.
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Desde el Consejo de Estado manifestaron que no se emitirá ningún pronunciamiento puesto que se trata de un “procedimiento normal” en este tipo de procesos. En contexto, la inspección se realiza tras la apertura de la investigación previa a los cuatro magistrados por presuntamente obrar de forma irregular en algunos procesos.
Una de las demandas está relacionada con supuestas violaciones a derechos fundamentales de un usuario del servicio público de salud, que alega que los consejeros incurrieron en infracciones a la ley penal porque, supuestamente, resolvieron la tutela a pesar de estar en curso una recusación en su contra. La otra demanda de tutela está relacionada con supuestas violaciones al debido proceso dentro del proceso de nulidad de la elección del gobernador de San Andrés.
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