15 Jan 2019 - 7:26 p. m.

Gobierno afirma que administración Santos no entregó información completa sobre líderes sociales

Francisco Barbosa, consejero para los Derechos Humanos, dijo que en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante no se entregaron registros de los asesinatos de líderes sociales entre 2010 y 2016. El exministro del Interior, Guillermo Rivera, desmintió al funcionario.

-Redacción Política

Francisco Barbosa, alto Consejero para los Derechos Humanos.  / Gustavo Torrijos / El Espectador
Francisco Barbosa, alto Consejero para los Derechos Humanos. / Gustavo Torrijos / El Espectador

Ante la oleada creciente de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que dejó en los primeros días del año un saldo de siete víctimas mortales, este martes se desató una fuerte polémica entre el gobierno Duque y la anterior administración de Juan Manuel Santos por cuenta de la política de prevención para proteger a esta población. El alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, aseguró que durante el proceso de empalme del año pasado, no recibieron el informe de líderes asesinados correspondiente al período de 2010 a 2016 lo que, según dijo, impide conocer de fondo el fenómeno que hay detrás de estos asesinatos para hacerles frente. 

“Hay una preocupación porque, antes del Acuerdo de Paz, no hay un récord de líderes asesinados y eso es un asunto que nos preocupa. Estamos construyendo una política pública de Estado, y no de Gobierno, para entender este problema. Lo que recibimos fue un informe de la Comisión de Garantías de Seguridad desde la firma del acuerdo (24 de noviembre de 2016) hasta el 7 de agosto de 2018”, sostuvo Barbosa.

Asimismo, el consejero aseguró que durante los ocho años del Gobierno anterior, no se invitó al relator de Naciones Unidas de líderes sociales para analizar lo que venía ocurriendo con ellos e implementar medidas para su protección. Sin embargo, sostuvo que, más allá de adjudicar responsabilidades frente a estos hechos, el objetivo principal de la actual administración es la de concentrarse en la Plan de Acción Oportuna (PAO) para la atención de esta población. “Estamos movilizándonos a los territorios en el marco de una acción concreta para buscar atacar estos asesinatos”, agregó Barbosa.

Frente a no usar el “espejo retrovisor” para calificar las acciones del pasado, el funcionario dijo que el Gobierno está recopilando toda la información de los casos de asesinatos para “establecer unos parámetros de acción gracias a la información recolectada”. No obstante, el Ejecutivo le atribuye la culpa a las “200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, a la minería ilegal que genera una serie de luchas territoriales por parte del Eln, disidencia de las Farc, Clan del Golfo, Los Caparrapos, y por la fallida implementación del acuerdo de paz en los territorios”.

Debido a estos señalamientos, Guillermo Rivera, exministro del Interior en la administración de Santos, desmintió tales señalamientos y, en su cuenta de Twitter, se dirigió a Barbosa para controvertir lo dicho por el alto consejero de Duque. “Ante las declaraciones de un funcionario del Gobierno Nacional, en las que aseveró que no se les entregó informe sobre la situación de los líderes sociales, me permito, respetuosamente, publicar el respectivo informe que se les compartió”.

El escrito define quiénes son líderes sociales y defensores de derechos humanos, acogiéndose a la explicación de Naciones Unidas, incluyendo a los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista; los niveles del riesgo de estas personas; entidades al frente de la situación; planes de acción integrales; entre otros aspectos.

Sin embargo, las cifras de amenazas y asesinatos se perciben a partir del 2015 y los años anteriores, a los que se refiere el consejero Barbosa, no están detallados. Sobre esto, Rivera dijo en diálogo con W Radio que, efectivamente, esas estadísticas no las recogieron debido a que, a partir de 2015, se incrementaron de manera evidente los casos de asesinatos a líderes sociales. Puntualizó, además, que desde 2010, en cabeza de Angelino Garzón, entonces encargado de la política de protección de defensores de derechos humanos, se caracterizaron esos delito. “Me extraña que haya funcionarios del actual gobierno que desconozcan la memoria oficial”, comentó.

En Twitter, varios exfuncionarios del Gobierno Santos pidieron no buscar excusas ante lo que está ocurriendo y, más bien,  enfocarse en la solución. “El asesinato a líderes sociales es una tragedia en la actualidad. Consejero Barbosa no hay que buscar excusas. Se necesitan acciones ya”, escribió Paula Gaviria, exconsejera para los Derechos Humanos de Juan Manuel Santos. Por otro lado, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, dijo que “lo peor que se puede hacer contra los líderes es la politización de la tragedia de sus asesinatos. Eso se llama estigmatización y es muy peligroso para su vida. Se equivoca gravemente el gobierno.Trabajemos todos por defender su vida y encontrar los asesinos”.

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