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La administración de Abelardo de la Espriella prepara una respuesta legal a la determinación de un juez de la República que le pidió a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas abstenerse de realizar bombardeos en zonas en las que exista información sobre posible presencia de niños, niñas y adolescentes. El encargado de anunciar la respuesta fue el jefe de la cartera política, Rodrigo Lara.
De acuerdo con el ministro, en el gobierno respetan los fallos de la justicia, pero también creen que puede ser objeto de críticas cuando lo consideren necesario. “Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria”, dijo el funcionario.
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Para Lara, es complejo determinar qué significa “razonablemente verificable”. A su juicio, en un contexto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a los menores de edad, se hace “materialmente imposible” realizar las operaciones militares cuando la justicia determina esos límites.
“Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos. Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, aseguró el ministro.
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Finalmente, el integrante del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella calificó la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá como “absurdo e inconstitucional”. Lo cierto es que, por ahora, lo que hizo ese despacho fue admitir una tutela y ordenar medidas cautelares mientras se pronuncia de fondo.
En la decisión también se advirtió a las autoridades que “deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación, observando el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables a la protección de la niñez en contextos de conflicto armado”.
Esta determinación se conoce en el marco de la polémica por la muerte de cuatro menores de edad, tres en un bombardeo en Guaviare y el cuarto en el Catatumbo. El ministro de Defensa, Jorge Mora, señaló que los menores “eran combatientes”. El presidente De la Espriella apoyó el accionar de la fuerza pública y responsabilizó a los grupos armados del reclutamiento y muerte de los menores de edad. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, dijo en su cuenta de X.
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