A través de varias resoluciones ejecutivas firmadas en las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella dio por finalizados todos los espacios de diálogo entre el gobierno y los llamados Comuneros del Sur, al igual que el espacio de conversación sociojurídico con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Con esta medida se ratifica la apuesta del nuevo gobierno por desmontar la “paz total” que nació en el gobierno de Gustavo Petro.
La directriz del Gobierno implica terminar las mesas de diálogo, retirar a los funcionarios públicos comisionados para este propósito y dejar sin efecto las designaciones de integrantes de los grupos armados como voceros de las conversaciones. Se trata de la misma decisión que se tomó hace algunos días con las mesas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF), al mando de alias Calarcá.
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De acuerdo con las resoluciones, en el caso de los Comuneros del Sur, pese a la construcción de una hoja de ruta para la paz territorial en Nariño, el Ejecutivo determinó que a la fecha “no ha sido posible concretar una línea jurídica e institucional clara que permita materializar el sometimiento a la justicia, la definición de la situación jurídica de los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Comuneros del Sur, ni su tránsito efectivo a la legalidad y al Estado Social de Derecho”.
Así las cosas, para esta administración, no es posible evidenciar la voluntad real de paz y de reinserción a la sociedad de este grupo armado. Por otro lado, en cuanto a la denominada “paz urbana” con las bandas de Medellín, el Gobierno aseguró que la continuidad de los espacios de diálogo depende de la existencia de un marco de sometimiento a la justicia, el cual aún no existe.
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“En ausencia de dicho instrumento legal, no se cuenta con una ruta jurídica cierta, suficiente y ejecutable que permita avanzar en la materialización de los fines propios del espacio. Además, tampoco es posible para el Gobierno nacional evidenciar la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil del mencionado grupo armado al margen de la ley”, se lee en el acto administrativo.
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