28 May 2021 - 2:00 a. m.

Gobierno Duque frente a las protestas: estrategias y consecuencias

La respuesta del presidente a las movilizaciones afianzó su crisis de gobernabilidad. Sin embargo, medidas como responsabilizar a terceros de lo que está pasando podría desbordar el problema. Análisis

Juan Federico Pino Uribe*/ Especial para El Espectador

El imaginario de joven que el presidente exhibió en campaña no encaja con jóvenes que tienen diversas aspiraciones. / AFP
El imaginario de joven que el presidente exhibió en campaña no encaja con jóvenes que tienen diversas aspiraciones. / AFP

En Chile, un aumento del pasaje de metro desencadenó un proceso constituyente, mientras que en Colombia la presentación de una reforma tributaria fue el detonante de un proceso de movilización social que continúa y cuyo desenlace se desconoce. En la mitad aparece el presidente Iván Duque, cuya respuesta al sentir en las calles no deja de desatar consecuencias en la arena política. Estos son los efectos y secuelas, eso sí, por ahora.

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El despertar de la protesta

El 9 de febrero de 2021 el presidente Iván Duque anunció en la Radio Nacional que radicaría una reforma tributaria para atender al creciente déficit que había causado el COVID-19 al Estado colombiano. Esta reforma marcó el principio del fin del espacio político que le había brindado la emergencia sanitaria, después de un periodo de activa movilización social en 2019 y una caída en la popularidad que parcialmente había recuperado en los meses de pandemia. El presidente otorgó autonomía para elaborar y presentar la reforma tributaria al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la cual fue socializada con los gremios más cercanos al Gobierno.

¿El resultado? Un proyecto que contenía reformas progresivas en materia de tributación y obtenía sus recursos principalmente de la clase media. A pesar del apoyo de algunos economistas, plasmado en un manifiesto que implícitamente señalaba de ignorantes a las personas que no apoyaban la reforma, estos y el gobierno carecieron de la capacidad de para identificar que la iniciativa nacería políticamente muerta y que despertaría de la hibernación los sentimientos de inconformidad de una gran parte de la población, especialmente la más joven, potenciados por las restricciones sociales, la crisis económica y la agudización de la desigualdad social que se generó en la pandemia.

El enroque ministerial

Un mes después del 28 de abril, el balance del desempeño del Gobierno Nacional no es positivo. El liderazgo presidencial se ha distinguido por sobredimensionar su influencia política, polarizar y mostrarse desconectado de la realidad política y social. La primera característica: continuas retractaciones de decisiones ya tomadas y en las que se asume el costo político, pero se fracasa en la iniciativa, mostrando más debilidad que fortaleza. Por ejemplo, la negativa de Duque de retirar la reforma tributaria, el empeño fallido por mantener la Copa América o negarse a ir a Cali, para terminar viajando en la madrugada.

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Ante la incapacidad política del gobierno Duque, varias figuras públicas, como los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos, le han sugerido al Ejecutivo recomponer su gabinete para incorporar nuevas formas de leer y actuar respecto a la coyuntura. Estos llamados se han enfrentado con la renuencia del mandatario a ampliar su coalición de gobierno y, si bien hay un aumento de cuotas de Cambio Radical y el Partido de la U, no hay un cambio sustantivo en la composición de su equipo.

El presidente ha recurrido más al enroque ministerial, moviendo sus ministros y viceministros entre carteras, impidiendo la construcción de un gobierno de coalición que incorpore visiones distintas de la crisis y amplíe el espectro ideológico. Lo anterior ocasionó estrategias que se mantienen sin cambios en este mes, a pesar de su escasa efectividad, entre ellas, responsabilizar del paro a terceros, la ‘securitización’ (volver un tema civil un asunto seguridad) de la protesta y responder con donaciones a demandas de grupos sociales.

La trampa autoritaria

La respuesta del Gobierno frente a la protesta social ha consistido, por un lado, en su ‘securitización’, intentando presentar las manifestaciones como una amenaza promovida por intereses electorales de la oposición, específicamente por parte de Gustavo Petro, grupos armados y difusos enemigos externos. Todo ello para justificar el uso de la coerción por parte de la Policía y hacer uso de la figura de la asistencia militar. Si bien esta estrategia no es nueva, en esta última crisis ha mostrado un agotamiento cada vez mayor.

El uso reiterado de la estigmatización ha fracasado ostensiblemente, como lo muestra el apoyo del 89 % de los colombianos a las protestas, según Invamer, así como hechos políticos que han sido leídos como victorias de la movilización, especialmente el retiro de las reformas tributaria y a la salud, y la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla. No obstante, sí ha creado un campo de posibilidad para un incremento desmedido de la represión policial, que va más allá del control de las protestas y adquiere un cariz de represión armada, que no ha sido sancionada por el Gobierno, a pesar de las denuncias de la oposición y la creciente presión de la comunidad internacional.

Ante reclamos de la Unión Europea, la CIDH, Estados Unidos, entre otros, la respuesta de Duque ha sido sostener la teoría de las “manzanas podridas”, exponiendo que la responsabilidad es individual y no de características institucionales del Ejército y la Policía. Esta última práctica le ha permitido mantener el esquivo apoyo político de su propio partido, el Centro Democrático, así como de Cambio Radical, el Partido Conservador, Colombia Justa Libres y parte de la U, lo que se evidenció en el rechazo de la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano.

Esta negación ha tenido una serie de costos políticos. Además del rechazo nacional e internacional, también ha restringido el margen de maniobrabilidad política del Ejecutivo respecto a cualquier intento de rechazo claro a actos violentos, así como a la hora de mostrar, con credibilidad, los esfuerzos para reducir los abusos de autoridad por parte uniformados. A su vez, el respaldo político puede ser entendido como una carta blanca para leer las protestas como producto de una conspiración terrorista e incrementar la violencia, no solo por parte de las Fuerzas Armadas sino de civiles, como sucedió en Cali.

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Estas dinámicas se agravan en un contexto donde las instituciones encargadas de investigar y sancionar estas conductas están controladas por amigos del presidente, como la Fiscalía, o cercanos políticamente, como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Ello pone un manto de duda sobre su independencia para esclarecer la realidad y la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos realizadas por la Fuerza Pública. Esto ha traído como consecuencia inmediata el aumento de la desconfianza de la sociedad hacia la Policía, enfrentando a la institución a una crisis de legitimidad nacional e internacional.

El presidente joven que no entendió a las juventudes

El Gobierno ha desarrollado una estrategia errónea para identificar y responder las demandas de los jóvenes que han participado en las movilizaciones. A diferencia de las protestas estudiantiles de 2011 por la Ley 30, cuando los jóvenes estaban organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en su interlocución con el Ejecutivo, en la actual coyuntura las protestas de los jóvenes están integradas por múltiples expresiones colectivas que varían temáticamente a nivel subnacional.

Aunque el Gobierno ha creado espacios de encuentro, estos se han dedicado más a la presentación de propuestas por parte del Ejecutivo, que a una interlocución y negociación con los jóvenes. De tal forma que la estrategia blanda se ha centrado en una donación de gasto estatal, como la oferta de gratuidad de matrículas de universidades públicas y programas de financiamiento de vivienda, que fueron diseñados desde la Presidencia y ofrecidos a los jóvenes sin que fueran producto de una negociación.

La falta de interlocución se ha visto obstaculizada por la incapacidad de cooperación entre el Gobierno y los mandatarios locales de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, lo que ha imposibilitado articular espacios de negociación subnacionales, más allá de los Consejos Municipales de Juventud, que permitan articular y agregar las demandas de los jóvenes reconociendo su diversidad. El Gobierno no ha construido un marco para identificar a estos grupos de jóvenes como sujetos políticos y los ha interpelado, predominantemente, desde la imagen del vándalo o del beneficiario, discurso del cual se han distanciado las autoridades de varias ciudades. De tal forma que el imaginario de joven del presidente, que exhibió en campaña jugando fútbol, escuchando rock y bailando, no encaja con aquellos que hoy tienen una diversidad de deseos, aspiraciones, necesidades e identidades políticas y que piden ser tratados con dignidad por un presidente que, a pesar de ser el segundo más joven de la historia, no logró entenderlos.

La perspectiva inmediata después de un mes de paro no es alentadora. El enroque, la donación y responsabilizar a terceros se van a mantener como las principales estrategias del Gobierno frente al paro, principalmente con dos objetivos. En primer lugar, esperar que el tiempo desgaste las movilizaciones, mientras que sostiene espacios de diálogo que dilaten la realización de acuerdos. En segundo lugar, señalar los actos vandálicos y los bloqueos ante la sociedad con el propósito de deslegitimar la movilización, lo que parece un objetivo más complejo de lograr que el primero. Solo el tiempo mostrará si la apuesta de Duque le permitirá sobrellevar la crisis de gobernabilidad o la profundizará.

*Profesor de ciencias políticas de la Universidad Javeriana.

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