El Gobierno de Colombia ya pidió a la Cancillería de Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González, antiguo director del Dapre y exmano derecha del presidente Gustavo Petro. González fue acusado por la Fiscalía de ser la mente detrás del millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el actual gobierno.
En un correo firmado por Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, se formalizó la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
“La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial, como se explica en los documentos adjuntos”, señala el mensaje divulgado por el propio presidente Petro.
Después de que se conociera que González llegó a Managua con el beneplácito del entonces embajador León Fredy Muñoz (hoy senador), el jefe de Estado defendió el actuar de su exfuncionario. Dijo que la solicitud para regular la situación migratoria de González, antiguo militante del M-19, se hizo antes de que fuera vinculado formalmente al caso de la UNGRD. Además, como lo confirmó este domingo, dio la orden de que sea extraditado.
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Muñoz Giraldo insistió a la Cancillería nicaragüense en “dar trámite en la brevedad del tiempo”.
Mientras estuvo en el Ejecutivo, Carlos Ramón González fue un actor clave y un nombramiento que, como en el caso de Petro, provenía de la desmovilizada guerrilla del M-19. Se le conocía como un articulador político en su rol de director del Dapre y por su cercanía con el presidente. Por esa misma razón fue señalado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, como la persona de quien habría venido, presuntamente, la orden de entregar dádivas a congresistas para garantizar que las reformas del Gobierno avanzaran en el Congreso.
Desde entonces quedó bajo la lupa en la investigación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. Tras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por los cuestionamientos, desapareció del ojo público.
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Su paradero se convirtió en un misterio. A las audiencias judiciales por el entramado de corrupción en la UNGRD no asistía de manera presencial y poco –o nada– se sabía de dónde estaba. La respuesta llegó a través de una revelación de Noticias RCN, con documentos que certificaban que se encontraba en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, cuando ya avanzaba la investigación, y que no había salido de ese país desde entonces.
El caso se complica más porque el mismo medio reveló que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría intercedido por González para que le fuera renovada su residencia. En una carta enviada al Gobierno nicaragüense, esa misión diplomática solicitó “el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio” del exfuncionario.
Allí entra otro actor clave: el senador León Fredy Muñoz (Alianza Verde), quien fue embajador de Colombia en Nicaragua hasta el 3 de febrero de 2025 y es cercano al proyecto del “Gobierno del cambio”. Las miradas se posaron sobre él después de que se supiera que González llegó a ese país cuando todavía estaba al frente de la misión diplomática.
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En un comunicado, Muñoz aseguró que “facilitó” el ingreso del exfuncionario imputado a Nicaragua en un momento “en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía”. Defendió su actuación diciendo que “se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal y en el marco de gestiones que [ha] hecho con otros connacionales”.
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