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Aunque el presidente Gustavo Petro logró sacar adelante la ley estatutaria de jurisdicción agraria, la reforma pensional, evitar el hundimiento de la laboral y que le fuera aprobado un nuevo cupo de endeudamiento (incluso sin necesidad de citar a sesiones extras al Congreso), uno de los proyectos del corazón de su Gobierno estaría en riesgo a la hora de implementarse. Se trata de la reforma agraria, el primer punto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc y que, según un informe redactado por la Procuraduría, tendría algunas irregularidades.
Ante tal panorama, en la Casa de Nariño se citó este jueves en la noche a una reunión inmediata a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica; al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman; al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule; y al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez.
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La reunión privada, que tuvo lugar en el salón Consejo de Ministros, se dio exactamente un día después de que el jefe de Estado cuestionara el informe de más de cien páginas del Ministerio Público, en el que se expone el hallazgo de supuestas inconsistencias en la compra de terrenos y el riesgo de $136.911 millones. Para Petro, este documento preliminar no es más que el deseo que tendría, según él, la procuradora Margarita Cabello de “hacer trizas” el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las extintas Farc.
Es un hecho que Petro ha venido hablando de supuestas barreras a la hora de cumplir el acuerdo, visión que no comparten los exmandatarios Santos e Iván Duque, quienes lo han invitado a ejecutar y poner en marcha lo pactado en La Habana sin mirar en el “espejo retrovisor”. Sin embargo, los pronunciamientos del gobernante son cada vez más reiterativos y van acompañados de la advertencia de su próximo viaje a Nueva York, a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, organización ante la que contará que el Estado no está cumpliendo.
La visita será importante, pues le dará una idea al mandatario de qué tan viable es su propósito de cambiar algunas normas amparándose en el Acuerdo de Paz. “No significa Asamblea Nacional Constituyente, significa cambiar las normas si es necesario, y tiene diversas instancias, a veces es un decreto gubernamental”, dijo recientemente.
Con esta ruta, el Gobierno podría acelerar la implementación de la reforma agraria e irse en 2026 con unas 500 mil hectáreas de tierra adquiridas, como es su propósito. El estimado es que a la fecha se tienen unas 280 mil hectáreas. Pero lo cierto es que en los últimos meses no se ha avanzado significativamente y que tampoco hay exactitud de las cifras y lo reconoce el mismo Ministerio de Agricultura, que desde el año pasado está a la espera de los resultados de una auditoría que contrató para que se revisaran las compras que ha hecho la ANT en cabeza de Gerardo Vega y de Felipe Harman.
Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo quedó consignado el artículo 61 que facilita y agiliza la compra de tierras por oferta voluntaria, podría caerse por orden de la Corte Constitucional, que está estudiándolo luego de una serie de demandas que alegan que es una manera de expropiación. La polémica que suscita este artículo tuvo mucho que ver con la salida de Cecilia López del Minagricultura, quien ha asegurado en varias oportunidades no ver con buenos ojos la medida.
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Además, la misma ANT ha señalado que hay algunos predios adquiridos en la gestión de Vega que presentarían irregularidades, por lo que radicaron ante la Fiscalía General 22 denuncias penales. Por esto, dicen estar molestos con el informe de la Procuraduría, pues la entidad con anterioridad había manifestado que podría haber inconsistencias.
“Algunas de sus especificaciones técnicas harían imposible la reforma agraria y los ajustes administrativos que solicita el informe ya los veníamos haciendo”, indico Harman.
Una de las máximas dudas está en el predio ‘Los Cachorros’, ubicado en el Meta, que fue adquirido en enero de este año y que no cumpliría con las condiciones para haberse comprado por más de $38.675 millones, suma que no se ha girado en su totalidad por decisión de Harman hasta conocer el concepto de Fiscalía de si hay o no irregularidades. Ya varias familias del departamento han venido quejándose por no poder utilizar los predios.
Otras de estas denuncias hablan de haberse falsificado documentos públicos o destruido y suprimido otros en Antioquia, Bolívar, Casanare. También se le compartió a la entidad comandada por Adriana Camargo un mensaje anónimo que llegó al correo de Harman en el que se expone: “Desde dentro he podido saber de varios funcionarios que cobran por realizar los trámites de compra de predios, tejiendo una red de corrupción al interior de la entidad dentro de los varios funcionarios involucrados”.
El exdirector Vega se ha mostrado contrariado con esta serie de denuncias, que, cabe destacar, no son contra él sino contra algunos de los que fueron sus funcionarios: “La actual administración de la ANT ha paralizado los pagos de la tierra, lo que pedimos es que se dedique a comprar tierra y no continúe con esa campaña mediática para desacreditar lo que hicimos. Tienen el dinero para comprar la tierra”.
La reforma agraria, aunque es del corazón de Petro y una de sus banderas a enarbolar en estos dos años restantes, ha generado fuertes roces incluso dentro de su gobierno y aunque la relación entre las entidades responsables de ponerla en marcha ha mejorado en comparación a meses pasados, ahora tiene los ojos de la Corte Constitucional y la Procuraduría encima.
Todo parece indicar que los 3 millones de hectáreas consignados en el Acuerdo de Paz y que deberían entregarse al campesinado son quizá una ilusión, pues aunque Petro ha sido el presidente que más ha avanzado en este punto, se requerirían aún muchos años para ir al ritmo necesario.
Será el próximo mes cuando Petro viaje a la sede de Naciones Unidas y mida qué tanto pulso tiene su idea de hacer cambios estructurales argumentando tener la potestad a través del acuerdo. La cita con el Consejo de Seguridad, instancia de la que busca un guiño para ejecutar su propósito en Colombia, está prevista para el 11 de julio.
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