Luego de la sacudida al Gobierno y al país por el atentado contra Miguel Uribe —hace ya tres días— más la oleada de ataques en el Pacífico en las últimas 24 horas, ahora el Ejecutivo quiere retomar las conversaciones justo en el punto donde quedaron previamente a nivel político. Cuando el Senado se prepara para retomar este miércoles la reforma laboral, en la Casa de Nariño el decreto de la consulta popular solo está a la espera del visto bueno del presidente Gustavo Petro para que se publique oficialmente.
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La jornada de este miércoles será clave. A las 8:30 de la mañana, el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Conservador), citó a la plenaria y el primer punto del orden del día será el último debate de la resucitada reforma laboral.
Y, en paralelo, el jefe de Estado viajará a Cali para atender un consejo de seguridad citado por la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La expectativa está en si, además, se sumará a las marchas convocadas por las centrales obreras con respaldo del Ejecutivo en favor de la consulta popular, tal y como lo había anunciado.
Las citas que cumplirá cada rama del poder dejan en evidencia los renovados choques entre el Gobierno Nacional y un grupo de partidos que se acusan a unos y otros de no cumplir con la promesa de bajarle el tono a la discusión. Como se ha visto desde comienzos de la semana, desde ambos lados se han lanzado dardos. Por ejemplo, el presidente Petro acusó de supuesta “sedición” a Cepeda. Y este, a su vez, ha dicho que no ve al jefe de Estado como “garante del proceso electoral”.
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En el interín está el recrudecimiento de la violencia. Además del atentado contra Miguel Uribe durante un mitín en Bogotá el pasado 7 de junio, este martes hubo 24 ataques terroristas en Cauca y Valle, que dejaron más de 20 personas heridas y tres policías asesinados. Pese a ello, una rama de olivo aún parece lejana. Al indagar sobre este tema en partidos de oposición y de Gobierno, desde los dos lados le aseguraron a El Espectador que no ven próximo un escenario posible de acuerdo nacional, como en su momento lo llamó Petro.
La foto de esas diferencias se tomó el lunes en la tarde. Mientras que en la Casa de Nariño el el mandatario y el ministro del Interior, Armando Benedetti, dirigían la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, de manera paralela, en la oficina del senador Cepeda, los partidos opositores y declarados en “independencia” pedían a la Procuraduría una comisión alterna.
Y en las últimas 24 horas, la distancia entre la Casa de Nariño y el Capitolio no hizo sino aumentar. Pasadas las 8 de la mañana arrancó en el piso 25 de la Procuraduría la primera sesión de la comisión que pidieron los partidos que acusan de “falta de garantías” al Gobierno Nacional. En ella tuvieron asiento los voceros y representantes de los partidos Conservador, Liberal, La U, Centro Democrático, Cambio Radical, AICO, Verde Oxígeno, Dignidad y Compromiso, Nuevo Liberalismo, Mira, ASI, Colombia Justa Libre y Liga Anticorrupción.
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El procurador general, Gregorio Eljach, leyó un comunicado en el que enfatizó que espera ser mediador entre el Gobierno y las colectividades. Sin embargo, Cepeda, desde la torre de la Procuraduría, dijo que “hemos pedido una reunión conjunta con las Fuerzas Militares y de Policía para avanzar en las garantías de seguridad para los candidatos”.
En ese sentido, el presidente del Senado aseguró que “los partidos han expresado faltas de garantías en este proceso electoral, hostigamientos y mensajes de odio. Tenemos que hacer el compromiso de que se desescale ese lenguaje ofensivo desde la Casa de Nariño para tener elecciones tranquilas. El reforzamiento de la seguridad es importante”.
Incluso, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, fue más allá: “Nos quieren obligar a un diálogo bajo la amenaza de la responsabilidad de nuevas masacres. Nos preocupa el lenguaje”. Incluso, aseguró que, desde el sábado pasado, “este partido no ha recibido una llamada del presidente ni del ministro del Interior”.
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Por su parte, la posibilidad de que llegue el pospuesto decreto —que tendría que ser firmado de nuevo porque las ministras de Relaciones Exteriores y de Ambiente, Laura Sarabia y Lena Estrada, no estarán en el país— ha generado nuevos ruidos. Cepeda aseguró, luego de una reunión de las bancadas para definir la hoja de ruta del Senado durante los próximos 9 días, que el “decretazo” sería un “exabrupto”.
Similar opinaron la senadora Nadia Blel, directora de los conservadores, aseguró que “ese tipo de acciones le hacen mucho daño a la democracia”. Y Germán Córdoba, director nacional de Cambio Radical, afirmó que “la decisión de firmar un decreto para convocar su consulta popular representa una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de derecho”. E insistió en que lo “único que quiere (el presidente Petro) con la consulta popular es adelantar las elecciones”.
Pero desde la Casa de Nariño también llegaron declaraciones. El presidente aseveró, vía X -su principal canal de comunicación-, que “La consulta no tiene nada que ver con el atentado al senador Miguel Uribe (...) He dado tiempo para que la reforma laboral sea aprobada por ley. Pero la actual decisión del senado impide que se cumpla el tiempo legal y debo cumplir mi mandato”.
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Precisamente, bajo ese argumento, las principales centrales obreras, como la CUT y la CGT, afirmaron que, aunque rechazan el atentado contra Uribe, continuarán con sus demandas en las calles. Desde el Pacto Histórico varias voces aseguraron a El Espectador también que, aunque no es seguro si marcharán, respaldan las movilizaciones y también la consulta vía decreto.
En todo caso, y como lo dijo el ministro Benedetti, en palacio tendrían las puertas abiertas para una reunión entre los expresidentes y el presidente. Incluso, cuando Petro habló de “sedición” por la reunión de partidos con las Fuerzas Militares, a renglón seguido afirmó que “aquí se necesita es unión, dialogo y paz. Colombia esta bajo ataque por un enemigo que se llama: mafia”.
Así las cosas, se llegan horas decisivas en las que el Senado espera discutir a cabalidad la reforma laboral y el Gobierno podría sacar el decreto de la consulta. Lo que pase este miércoles tendrá un impacto en un año con elecciones atípicas, como la del gobernador del Vichada este domingo, y con el temor que la zozobra y los ataques sigan.
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