Como lo reveló este diario, el gobierno del presidente Gustavo Petro está trabajando en un decreto para definir el “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”, política que tendría vigencia hasta 2036. El proceso avanza en la etapa de consultas en torno a un borrador del acto administrativo, en el cual se delinean varios de los cambios que traería esta nueva normativa.
Uno de los apartados que más ha llamado la atención en círculos políticos es el que aborda el acceso a tierras (Acción 2.1.4). Con asesoría de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el Ejecutivo planteó varias medidas para impulsar la reforma rural, como parte de los compromisos que el Estado adquirió en el Acuerdo de Paz de 2016.
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En uno de los apartados del borrador se habla de “Realizar el inventario de predios incautados en procesos de extinción de dominio localizados en los municipios de intervención, impulsar la definición de los procesos de extinción de dominio, avanzar en la enajenación temprana a favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de inmuebles rurales afectados por medidas cautelares en procesos de extinción de dominio en curso (...) y proceder a su adjudicación a campesinos sin tierra o a comunidades étnicas beneficiarias de la reforma rural integral”.
En el documento también se proponen acciones sobre los terrenos baldíos, para que sean recuperados con el mismo fin. El “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”, que tiene su origen en 2018, se plantean medidas en ámbitos como la salud y la educación, construidas de la mano con organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos.
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Por otra parte, en la versión borrador de esta propuesta hay un punto relacionado con “la ejecución de grandes obras de infraestructura y de operaciones empresariales de gran dimensión”. En el punto se establece la realización de un estudio para determinar “los impactos negativos” de esos proyectos y sus ejecuciones sobre “disponibilidad y accesibilidad de alimentos y las condiciones de vida” de las poblaciones en condición de pobreza de las regiones donde se desarrollaron.
“El estudio deberá contener recomendaciones de políticas orientadas a la definición de obligaciones de las autoridades responsables de las obras de infraestructura y de la regulación de las actividades empresariales, dirigidas a establecer el deber de debida diligencia en el diagnóstico y la gestión de los riesgos de afectación de los derechos económicos y sociales de las comunidades en las áreas de operación”, se lee en el documento.
Este es el borrador de decreto sobre política de derechos humanos:
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