Gobierno presenta ley de transparencia y lucha contra la corrupción
Será radicado el miércoles en el Congreso. Establece un sistema de prevención el cual incluye medidas de protección para los denunciantes y sanciones a la persona jurídica, como multa de hasta 200.000 salarios mínimos y su posible cancelación, entre otras.
Según la Vicepresidencia, uno de los obstáculos para denunciar actos de corrupción en Colombia es “el temor a represalias”. No es un descubrimiento ni una novedad, sino un hecho anclado a la realidad. El barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, una encuesta anual que realiza Transparencia Internacional y en la que ese año recopiló que el 78 % de las personas cree que sufrirá represalias si denuncia hechos corruptos. La misma medición arrojó que el 57 % de los encuestados piensa que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra este fenómeno.
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Por ello, el Gobierno radicará este 28 de octubre un proyecto para prevenir la corrupción y avanzar en la transparencia y la “cultura de la legalidad”, como ha denominado la administración Duque a estos esfuerzos. Con esta iniciativa esperan recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.
Sistema de protección a denunciantes
Para lograrlo, en primer lugar proponen poner en práctica todo un sistema de protección para los quejosos, denunciantes y testigos, toda persona que dé información sobre quienes cometen delitos de detrimento de los dineros del Estado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, o conductas de soborno transnacional. Así, el documento dispone que quienes reporten esos hechos y reciban amenazas o se encuentren en “situación de riesgo extraordinario o extremo contra su vida” podrán recibir protección del Estado, " previa evaluación del riesgo".
Las medidas de protección se darán en el ámbito laboral, para trabajadores del sector privado, servidores públicos, y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Entre las disposición de protección están la aplicación del poder preferente para casos en que se adelanten procesos disciplinarios, acompañamiento preventivo por manifestaciones de acoso laboral contra declarantes, recomendaciones para adecuar las condiciones laborales de los denunciantes, y la articulación con programas a cargo de la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General, “para la extensión de medidas de protección por parte de esta entidad a favor de quejosos o declarantes en procesos disciplinarios”.
En este contexto, se consideraría una represalia la suspensión, despido, destitución, apartamiento del cargo por vacaciones no solicitadas, degradación o denegación de ascensos, cambio de puesto de trabajo, de ubicación, reducción salarial, cambio de horario, referencias negativas sobre sus resultados laborales, inicio de investigaciones disciplinarias, intimidaciones, acoso, todo tipo de sanciones, no renovación del contrato o anticipada terminación del mismo que sea de índole temporal, trato injusto, anulación de contratos de bienes o de servicios, siempre que deriven de la denuncia, queja o información dada por la persona.
Fortalecimiento de las sanciones a la persona jurídica
Para el Gobierno, además de las penas individuales por actos corruptos, es necesario aplicar sanciones penales y administrativas a las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, como también a las personas jurídicas que integren uniones temporales, consorcios, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro que se hayan beneficiado de alguna forma de la corrupción.
Dichas personas jurídicas tendrían que pagar sus actos con, por ejemplo, el pago de multas por hasta 200.000 salarios mínimos, valor al que se le sumará (como dicta el proyecto) el valor del beneficio obtenido del hecho corrupto, teniendo en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica. “La autoridad de inspección y vigilancia podrá ordenar que una parte de la multa impuesta sea destinada a la adopción, fortalecimiento o actualización de programa de transparencia y ética empresarial de la persona jurídica responsable”, dice la iniciativa.
También, se le podría inhabilitar para contratar con el Estado, y durante un año se realizaría la publicación de la decisión sancionatoria en la página web de la persona jurídica que cometió el delito. Ese costo de publicación lo asumiría el señalado. Así mismo, durante 10 años se prohíbe que reciba cualquier incentivo o subsidio del Gobierno, y se podría incurrir, incluso, en la cancelación de la persona jurídica.
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Beneficiarios finales: ¿qué son y cuál sería su sanción por hechos de corrupción?
“Beneficiarios finales” hace referencia a personas (naturales) que poseen, controlan, o administran las sociedades que, en ocasiones, pueden incurrir en casos de corrupción. Por eso es que terminan siendo individuos invisibles para los entes de control a la hora de trazar el rastro de los dineros del lavado de activos, por ejemplo. Para detectarlos, el proyecto contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, que sería administrado por la DIAN y al cual tendrían acceso todas las entidades relacionadas en investigar, vigilar y sancionar la corrupción. De convertirse en ley, la Dian tendría seis meses para reglamentar, mediante una resolución, lo previsto en el documento.
Observatorio anticorrupción
En el proyecto, hace parte del sistema para intercambiar información y articularla en favor de la lucha contra este fenómeno. Para Vicepresidencia, es necesario crear este tipo de programas con acceso a información porque en el proceso burocrático cada entidad termina utilizando de manera exclusiva datos que, en conjunto, podría revelar hechos corruptos. “Con el proyecto de ley, se busca eliminar las barreras que existen frente al acceso a la información entre entidades, evitando que esté dispersa y fragmentada, teniendo en cuenta que la mayor fuente de transparencia es la información”, explicó.
En ese sentido, con el proyecto de ley se crea un Observatorio Anticorrupción, adscrito a la Secretaría de Transparencia para recolectar, integrar y consolidar la información pública y, de esa manera, identificar por cada sector las tipologías de corrupción. “Con base en ese análisis se generarán estudios y documentos para proponer a la rama ejecutiva modificaciones normativas, administrativas o en sus procesos y procedimientos”, dijo la entidad.
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Pero, ¿los programas de información sí ayudan realmente a combatir la corrupción? Según Vicepresidencia, sí. “Un sistema de información abierta genera mayor transparencia, a la vez que esos datos pueden ser utilizados para combatir la corrupción. Sin embargo, actualmente, el acceso a la información por parte de los ciudadanos presenta enormes dificultades porque la información está dispersa y fragmentada, en muchos casos es extensa, compleja y de difícil acceso”, comentó, añadiendo que, en efecto, se convierte en un embudo que filtra los datos y que, en últimas, ese manejo de la información hace parte de la transparencia en los entes del Estado.
Según la Vicepresidencia, uno de los obstáculos para denunciar actos de corrupción en Colombia es “el temor a represalias”. No es un descubrimiento ni una novedad, sino un hecho anclado a la realidad. El barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, una encuesta anual que realiza Transparencia Internacional y en la que ese año recopiló que el 78 % de las personas cree que sufrirá represalias si denuncia hechos corruptos. La misma medición arrojó que el 57 % de los encuestados piensa que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra este fenómeno.
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Por ello, el Gobierno radicará este 28 de octubre un proyecto para prevenir la corrupción y avanzar en la transparencia y la “cultura de la legalidad”, como ha denominado la administración Duque a estos esfuerzos. Con esta iniciativa esperan recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público.
Sistema de protección a denunciantes
Para lograrlo, en primer lugar proponen poner en práctica todo un sistema de protección para los quejosos, denunciantes y testigos, toda persona que dé información sobre quienes cometen delitos de detrimento de los dineros del Estado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, o conductas de soborno transnacional. Así, el documento dispone que quienes reporten esos hechos y reciban amenazas o se encuentren en “situación de riesgo extraordinario o extremo contra su vida” podrán recibir protección del Estado, " previa evaluación del riesgo".
Las medidas de protección se darán en el ámbito laboral, para trabajadores del sector privado, servidores públicos, y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Entre las disposición de protección están la aplicación del poder preferente para casos en que se adelanten procesos disciplinarios, acompañamiento preventivo por manifestaciones de acoso laboral contra declarantes, recomendaciones para adecuar las condiciones laborales de los denunciantes, y la articulación con programas a cargo de la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General, “para la extensión de medidas de protección por parte de esta entidad a favor de quejosos o declarantes en procesos disciplinarios”.
En este contexto, se consideraría una represalia la suspensión, despido, destitución, apartamiento del cargo por vacaciones no solicitadas, degradación o denegación de ascensos, cambio de puesto de trabajo, de ubicación, reducción salarial, cambio de horario, referencias negativas sobre sus resultados laborales, inicio de investigaciones disciplinarias, intimidaciones, acoso, todo tipo de sanciones, no renovación del contrato o anticipada terminación del mismo que sea de índole temporal, trato injusto, anulación de contratos de bienes o de servicios, siempre que deriven de la denuncia, queja o información dada por la persona.
Fortalecimiento de las sanciones a la persona jurídica
Para el Gobierno, además de las penas individuales por actos corruptos, es necesario aplicar sanciones penales y administrativas a las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, como también a las personas jurídicas que integren uniones temporales, consorcios, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro que se hayan beneficiado de alguna forma de la corrupción.
Dichas personas jurídicas tendrían que pagar sus actos con, por ejemplo, el pago de multas por hasta 200.000 salarios mínimos, valor al que se le sumará (como dicta el proyecto) el valor del beneficio obtenido del hecho corrupto, teniendo en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica. “La autoridad de inspección y vigilancia podrá ordenar que una parte de la multa impuesta sea destinada a la adopción, fortalecimiento o actualización de programa de transparencia y ética empresarial de la persona jurídica responsable”, dice la iniciativa.
También, se le podría inhabilitar para contratar con el Estado, y durante un año se realizaría la publicación de la decisión sancionatoria en la página web de la persona jurídica que cometió el delito. Ese costo de publicación lo asumiría el señalado. Así mismo, durante 10 años se prohíbe que reciba cualquier incentivo o subsidio del Gobierno, y se podría incurrir, incluso, en la cancelación de la persona jurídica.
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Beneficiarios finales: ¿qué son y cuál sería su sanción por hechos de corrupción?
“Beneficiarios finales” hace referencia a personas (naturales) que poseen, controlan, o administran las sociedades que, en ocasiones, pueden incurrir en casos de corrupción. Por eso es que terminan siendo individuos invisibles para los entes de control a la hora de trazar el rastro de los dineros del lavado de activos, por ejemplo. Para detectarlos, el proyecto contempla la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales, que sería administrado por la DIAN y al cual tendrían acceso todas las entidades relacionadas en investigar, vigilar y sancionar la corrupción. De convertirse en ley, la Dian tendría seis meses para reglamentar, mediante una resolución, lo previsto en el documento.
Observatorio anticorrupción
En el proyecto, hace parte del sistema para intercambiar información y articularla en favor de la lucha contra este fenómeno. Para Vicepresidencia, es necesario crear este tipo de programas con acceso a información porque en el proceso burocrático cada entidad termina utilizando de manera exclusiva datos que, en conjunto, podría revelar hechos corruptos. “Con el proyecto de ley, se busca eliminar las barreras que existen frente al acceso a la información entre entidades, evitando que esté dispersa y fragmentada, teniendo en cuenta que la mayor fuente de transparencia es la información”, explicó.
En ese sentido, con el proyecto de ley se crea un Observatorio Anticorrupción, adscrito a la Secretaría de Transparencia para recolectar, integrar y consolidar la información pública y, de esa manera, identificar por cada sector las tipologías de corrupción. “Con base en ese análisis se generarán estudios y documentos para proponer a la rama ejecutiva modificaciones normativas, administrativas o en sus procesos y procedimientos”, dijo la entidad.
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Pero, ¿los programas de información sí ayudan realmente a combatir la corrupción? Según Vicepresidencia, sí. “Un sistema de información abierta genera mayor transparencia, a la vez que esos datos pueden ser utilizados para combatir la corrupción. Sin embargo, actualmente, el acceso a la información por parte de los ciudadanos presenta enormes dificultades porque la información está dispersa y fragmentada, en muchos casos es extensa, compleja y de difícil acceso”, comentó, añadiendo que, en efecto, se convierte en un embudo que filtra los datos y que, en últimas, ese manejo de la información hace parte de la transparencia en los entes del Estado.