El Gobierno ya tiene listo un borrador de decreto para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Colombia reparar económicamente a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (UP). La sentencia se conoció en junio de este año y le puso punto final a un proceso judicial que duró 28 años.
En el documento se especifica que la entidad encargada de las indemnizaciones será la Unidad de Víctimas: “La Unidad de Víctimas creará una tabla de honorarios específica para el funcionamiento de la Comisión para la constatación de la identidad o parentesco de las víctimas”. Además, se agrega que esa entidad tendrá potestad para celebrar contratos o convenios interadministrativos para cumplir a cabalidad con la sentencia de reparación.
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Este borrador de decreto apenas es el primer paso del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH que condenó a Colombia por ser responsable del exterminio de líderes, políticos y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), quienes fueron asesinados, desaparecidos, amenazados, o tuvieron que exiliarse por la persecución que sufrieron desde la década de los ochenta.
Pero la reparación no será únicamente económica. En la sentencia quedó estipulado, por ejemplo, que se deberá construir un monumento en memoria de las víctimas, así como varias placas en diferentes ciudades, para honrar a quienes resultaron afectados por el exterminio.
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El Estado también tendrá que organizar un acto público en el que deberá reconocer su responsabilidad y, en una decisión clave en este caso, deberá iniciar, impulsar y continuar con las investigaciones amplias y sistemáticas para conocer la verdad por las graves violaciones de derechos humanos. Para ello, tiene dos años.
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