El Gobierno Nacional, a través de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, responsabilizó a los grupos armados ilegales de los incendios ocurridos en la Serranía de La Macarena, que este fin de semana consumieron una amplia zona de reserva natural. La conflagración ya está controlada.
“Los infames incendios en la Serranía La Macarena que durante ocho días, ha consumido, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cerca de 220 hectáreas de vegetación, solo pueden ser atribuidos a la mano criminal de grupos al margen de la ley, que pretenden explotar estos territorios sembrando coca, y acabando con nuestros bosques, nuestras reservas y nuestra vida como nación ambiental, turística y sostenible”, manifestó Ramírez.
La vicepresidenta enfatizó además que esos grupos ilegales “pretenden, además de conseguir la degradación ambiental de los territorios, obtener fraudulentamente licencias de uso y aprovechamiento, que terminan afectando de manera peligrosa una de las joyas de la naturaleza mundiales: el icónico Caño Cristales. No podemos menos que condenar la incalculable destrucción de la Serranía de la Macarena en Caño Cristales, y el Parque Nacional Natural Tinigua”, agregó.
En este sentido, aseguró que la Serranía, una de las joyas de biodiversidad del país, ha perdido en los últimos años alrededor de 1.900 hectáreas de vegetación, afectando cientos de especies animales nativas, debido a la deforestación y posterior quema en los últimos años.
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“La biodiversidad del país, no puede ser devastada por los intereses mezquinos de grupos de narcotraficantes, que pretenden hacerse con el uso de esa tierra. El llamado que hacemos hoy, es a brindar todo el apoyo a los organismos de socorro y a la Fuerza Aérea Colombiana, para que entre todos recuperemos la biodiversidad de estos territorios y no permitamos su uso para fines criminales”, recalcó Ramírez.
Finalmente, la vicepresidenta respaldó las peticiones hechas por el Procurador General, Fernando Carrillo, de solicitarle a la Fiscalía que se delegue una comisión a fin de establecer la responsabilidad de los incendios y de garantizar que ningún particular pueda hacer uso de dichos terrenos, hasta que no se culminen las investigaciones del caso.