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A menos de que el próximo presidente le pida quedarse, Frank Pearl tiene las horas contadas como Alto Comisionado para la Paz. Faltando pocas semanas para dejar el cargo, es hora de hacer balances. El primero es obligado: las recientes liberaciones unilaterales por parte de las Farc. En diálogo con El Espectador, el funcionario no titubea cuando asegura que éstas no fueron un acto humanitario nada más y que tuvieron un innegable “tinte político y mediático”. Además, critica a la senadora Piedad Córdoba, mediadora en el proceso, y más allá, le cierra la puerta a la posibilidad de que ella vuelva a participar en iniciativas de paz del Gobierno. “Uno o está en temas humanitarios o está en temas políticos”.
Sobre el acuerdo humanitario, dice que se está trabajando con discreción y promete que antes de que finalice el actual Gobierno se va a haber avanzado en un resultado. Sin embargo, Pearl advierte que “todo dependerá del próximo primer mandatario”. Insiste en que el rescate militar de los plagiados es una opción, pero reconoce que Colombia podría ir rumbo a un diálogo con la guerrilla, siempre y cuando haya una disposición honesta “de lado y lado”. Asimismo, revela que el Eln tiene secuestrados a cuatro uniformados y hace un balance de la Ley de Justicia y Paz.
¿Cuál es la respuesta del Gobierno a la propuesta del acuerdo humanitario, en la que insistieron las Farc en las recientes liberaciones unilaterales?
Venimos trabajando para encontrar una manera de avanzar hacia el fin de ese flagelo, pero con unos parámetros claros. El secuestro o las liberaciones no pueden convertirse en una forma efectiva de chantaje a la sociedad para promover más plagios. De nada nos sirve liberar a 20 si por la otra puerta entran 100 ó 200.
Es decir, ¿no hay respuesta para la propuesta? Los Colombianos por la Paz hablan de una zona, sin despeje, en la que pueda hablar un representante del Gobierno con los tres comandantes de las Farc. Ahí mismo, dicen, se podría hacer la entrega de los secuestrados…
La respuesta es: estamos trabajando y lo estamos haciendo con absoluta discreción para ver si podemos sacar algo adelante. Se han generado expectativas que son muy difíciles de cumplir en el tiempo que nos queda, pero no hay semana en que no le trabajemos a esto.
Usted se disgustó mucho durante la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo por la publicación de unos videos que lo mostraban instantes antes de su salida de la selva, al fin, ¿qué fue lo que pasó?
Creo que el tema de las liberaciones recientes fue bueno porque hubo dos familias que recuperaron a sus hijos. Pero también es claro que no fue un acto solamente humanitario. Tuvo un tinte político y mediático. Es muy difícil en época electoral, pues los facilitadores son opositores del Gobierno. El proceso ha podido hacerse con total discreción.
¿Cree que se apresuró al acusar a Telesur de hacerles propaganda a las Farc al difundir las imágenes?
Para nada. Lo que pasó esta semana ratifica lo que sucedió. Creo que probablemente en las próximas semanas va a salir una información que ratifica que eso estaba orquestado desde el punto de vista de Telesur con las Farc.
¿A qué información se refiere?
Por ejemplo, a lo que pasó esta semana con el tema de los videos. Yo creo que las cosas se van sabiendo.
¿El trabajo que están haciendo consiste en el rescate militar de los secuestrados?
Eso no corresponde a la oficina del Alto Comisionado de Paz.
Pero esa posibilidad quedó en firme con lo dicho recientemente por el presidente Uribe, quien aseguró que no hay espacios para ofrecer “ríos de leche y miel para la paz”…
Es una opción que siempre tienen las Fuerzas Militares y no es una orden nueva. Pero lo que yo quiero decir es que estamos trabajando en el tema, pero para que salga bien hay que hacerlo con absoluta discreción.
¿Y esas iniciativas se van a concretar de aquí a agosto, que se vaya el Presidente?
Todo lo que hacemos va a depender del próximo Presidente.
Es decir, ¿que no se va a concretar nada por ahora?
Estamos haciendo todos los esfuerzos. No hay otro tema más importante. No depende totalmente de nosotros, sino también de la voluntad de las Farc y del Eln, pero estoy seguro de que antes de que acabe este Gobierno vamos a haber avanzado de una manera importante, no necesariamente para mostrar hacia afuera, pero sí para entregarle algo al que viene.
¿Y en ese trabajo, tan discreto, contarán con la senadora Piedad Córdoba?
En este momento veo difícil que siga jugando el mismo papel que hasta ahora por el tinte político y mediático que se les dio a las liberaciones, porque estamos en campaña electoral y porque uno no puede utilizar argumentos humanitarios para hacer oposición política. Eso es una contradicción. Uno o está en temas humanitarios o está en temas políticos. Ambos son legítimos, pero cuando se juntan la vida de los secuestrados no es lo más importante.
¿Qué opina del pliego de cargos que le formuló la Procuraduría a la senadora?
Me parece que es un tema muy delicado, pero no tengo ningún comentario.
Uno creería, por los antecedentes, que las Farc sólo sienten confianza cuando ella está involucrada en los procesos. ¿El Gobierno sí ha logrado contactos con la guerrilla?
Mire, hay muchas cosas que pasan y que se hacen, pero no se pueden contar. En una confrontación armada hay diferentes canales de comunicación, éstos siempre han existido y existen.
¿Cómo ve que las Farc manden pruebas de supervivencia en pleno debate electoral?
Creo que a nadie le cabe la menor duda de que las Farc han utilizado las liberaciones con propósitos políticos. Estas liberaciones se han podido hacer por tarde la primera quincena de diciembre. O la semana después de las elecciones del 14 de marzo, pero ellos no querían competir mediáticamente con las noticias sobre la consulta conservadora.
¿Usted cree que inevitablemente en Colombia tendremos que llegar a un diálogo con las Farc, teniendo en cuenta que van ocho años de ofensiva militar y aún no se acaba este grupo?
Siguen los secuestrados, siguen los muertos. Yo creo que sí, si hubiese una disposición honesta de lado y lado. No digo de las dos partes porque aquí hay que meter también al Eln. Lo que pasa es que es preferible un descuerdo honesto a un acuerdo deshonesto. Entonces, mientras no haya esa disposición, cualquier intento que se haga va a generar unas expectativas que no son posibles y dañan la confianza.
¿Se han hecho acercamientos con el Eln?
Sí, siempre trabajamos en muchos frentes, pero es un error garrafal hacer los diálogos públicos.
¿El Eln tiene secuestrados de los llamados canjeables?
Sí. Tienen unos cuatro, entre policías y militares, aunque ellos no hablan de canje.
¿Pero no están pidiendo dinero por ellos?
No.
¿En qué zonas del país opera el Eln?
En zonas donde hay actividad del narcotráfico. Está en Nariño, en el Cauca, en Arauca y en el Magdalena medio. Si usted se fija, tres son áreas de frontera.
¿Para qué han servido los gestores de paz?
Tienen tres propósitos: Buscar que se desmovilicen los alzados en armas, que vengan con secuestrados y que nos ayuden a divulgar campañas para promover la prevención del delito.
¿Cuántos desmovilizados van, por ejemplo, gracias a ‘Karina’?
Unos 25. ‘Samir’, otro gestor, ha traído más de 60. En España está Yesid Arteta con la posibilidad de participar en un proceso de acuerdo. De pronto el próximo gobierno puede utilizar eso de alguna manera.
¿Y cuántos desmovilizados de la guerrilla deja el gobierno Uribe?
17.000.
¿Qué recomendación le daría al próximo presidente?
Que aquí hay que ser altruista pero no ingenuo. Trabajar siempre buscando lo mejor, pero verificando cada paso.
Luces y sombras de la Ley de Justicia y Paz
Cinco años después de Justicia y Paz no hay ninguna condena…
Vamos a aclarar una cosa: Sí hay condenas dentro de los procesos penales. Los jueces han dictado penas principales, las que no se han dado son las penas alternativas, las de los beneficios.
El fondo de reparación, con los bienes de los desmovilizados, es irrisorio…
No contamos con la capacidad de identificar cadenas de testaferrato que tienen más de 20 años.
¿De los 50.000 desmovilizados cuántos han vuelto a delinquir?
Lo han hecho 5.088, el 10%. 270 fueron dados de baja, 1.600 asesinados, otros 1.500 están presos. A unos más los dejaron libres. El 90% ha cumplido.
¿Cuántos de los miembros de las seis bandas criminales que registra el Gobierno son ex ‘paras’ que incumplieron?
Ojalá fueran todos. Eso significaría que ningún muchacho en estos tiempos escogió ser criminal. Pero apenas el 13% son ex ‘paras’. El 87% son jóvenes colombianos que decidieron ser narcos.
¿Cómo ve lo que está pasando en Córdoba?
Está relacionado con lo de Medellín. Es la disputa por la Oficina de Envigado, que se trasladó. Están buscando tener acceso a la Costa para exportar la droga.