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Tal idea no servirá más que para sumir al país en una crisis de estabilidad política, que tendría impacto negativo en la confianza que se tiene en Colombia y su futuro.
Además, la propuesta dejaría sentado un peligrosísimo precedente: el de que las mayorías populares pueden pasar por encima de los fundamentos del estado de derecho y del imperio de las instituciones. Es falso, como ha querido hacer creer el Gobierno, que la voluntad popular es absolutamente soberana en una democracia, y que el recurso a ella puede servir para solucionar todo tipo de problemas.
Sin duda, la Corte Suprema, al concluir, sobre la muy endeble base de una autoincriminación, que la reelección está viciada en su trámite por un delito, incurrió en un acto de irresponsabilidad sin precedentes, que debe valerle una condena social e histórica, que sin duda llegará, por más que los sectarios y fanáticos deseen lo contrario: personas dispuestas a aplaudir todo lo que haga la Corte siempre y cuando perjudique a Uribe, así haya razones más que suficientes para someter las decisiones de la Corte a la sana crítica, aquella que es parte de la libertad de conciencia.
* Director Instituto Libertad y Progreso
Por Andrés Mejía Vergnaud *
