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Desde la Casa de Nariño, los jefes de las carteras de Interior, Rodrigo Lara, y Exteriores, Omar Bula, hablaron del paso a seguir luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara frenar provisionalmente los convenios de pasaportes firmados entre el gobierno y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal.
Ambos funcionarios, el primero también como encargado de la Imprenta Nacional, dijeron que los colombianos pueden estar tranquilos. Lara aseguró que el fallo impide que la Cancillería le pague a la Imprenta para que adquiera con la entidad portuguesa nuevos pasaportes.
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“Esto es un parte de calma que les queremos dar a todos los colombianos. Vamos a pedirles aclaraciones al tribunal para ajustarnos a las posibilidades jurídicas y técnicas de este proceso. Tenemos en stock 600.000 pasaportes, 410.000 en este momento y 190.000 que llegan próximamente. Esto se traduce en una cobertura de más de cuatro meses”, dijo el canciller Bula.
Además, aseguró el jefe de la diplomacia, desde ya trabajan en asegurar la continuidad de la expedición de los documentos. El funcionario explicó que los ciudadanos deben evitar hacer “correrías” a los puntos de la Cancillería, embajadas o gobernaciones, pues lo cierto es que el servicio continúa normalmente.
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“Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada”, escribió en sus redes sociales el presidente Abelardo de la Espriella. Desde el Gobierno se hizo un llamado a todas las entidades involucradas a respetar y acatar los fallos judiciales, pero también a trabajar en una solución jurídica y operativa.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó temporalmente el convenio mientras la Cancillería y la empresa allegan un informe completo sobre el estado real de la producción y otros datos claves del proceso. La medida se dio en medio de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional.
De acuerdo con el accionante, hay dudas sobre los términos en los que se firmó el acuerdo en el gobierno de Gustavo Petro. Al revisar el caso, el tribunal evidenció que hubo una “sucesión de cronogramas incumplidos, los informes institucionales contradictorios entre sí, la ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, así como la falta de acreditación de los requisitos presupuestales del artículo 23 del Decreto 4730 de 2005”.
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