Irán reclama a Colombia por su diplomacia contra la represión en caso Mahsa Amini

Una mujer sostiene una pancarta con una foto de la mujer iraní Mahsa Amini durante una protesta contra su muerte, en Berlín, Alemania, el miércoles 28 de septiembre de 2022.

Foto: AP - Markus Schreiber

La represión estatal contra quienes exigen respeto por los derechos humanos en la República Islámica de Irán es un asunto que despierta cada vez más interés en la comunidad internacional y ante el cual innumerables voces piden mayor contundencia por parte de actores como Naciones Unidas, Europa y Estados Unidos.

Desde el 16 de septiembre de 2022, tras la muerte en cautiverio de la joven de origen kurdo Mahsa Amini, apresada y torturada por llevar mal puesta la hiyab, centenares de manifestantes han salido a las calles de ese país para protestar contra el régimen, especialmente violatorio de los derechos humanos en los casos de mujeres, niñas y minorías étnicas.

La respuesta estatal ha sido de mayor represión a través de la policía de la moral, encargada de velar por el cumplimiento de los mandatos religiosos del país, entre ellos el del código de vestimenta para las mujeres, a las cuales no se les puede ver ni un mechón de cabello cuando andan por la calle, pues lo deben llevar perfectamente cubierto con el velo sagrado.

¿Y qué es la Policía de la moral? Una organización nacida después de la Revolución Islámica de 1979 (la misma que puso fin a la monarquía y convirtió al país en una teocracia basada en la ley islámica o sharía) e incorporada luego a la arquitectura institucional del país. La Revolución se encargó de suprimir muchas conquistas de las mujeres en materia de derechos. Y la Policía de la moral hace cumplir la revolución.

Como Mahsa Amini no portaba de manera adecuada el velo sagrado fue apresada, llevada a una correccional y, estando bajo custodia policial, terminó muerta. Golpeada, según fuentes no oficiales. El delito que le imputaron fue el mismo que a centenares de personas que salieron a protestar por su muerte: moharebeh, que viene a ser algo así como “odio contra Dios”. Un delito en el que caben muchas interpretaciones. Vestirse de manera que moleste a la Policía de la moral es odio contra Dios. Protestar por la muerte de una mujer bajo custodia policial, también. O pedir respeto por los derechos de las mujeres. Y, claro, expresar inconformismo cuando el régimen ahorca en plena vía pública a un manifestante también puede ser odio contra Dios.

Según la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en los primeros diez días de protestas las víctimas mortales derivadas de dichos abusos eran más de 40 niños y los detenidos se contaban por centenares. Algunas de esas personas ya han sido condenadas a muerte en juicios sin garantías procesales. El médico Hamid Gare-Hasanlou, el rapero Toomaj Salehi y el futbolista Amir Nazr- Azadani (el mismo por cuya vida pidió el presidente colombiano) forman parte de la lista de 11 pendientes de la ejecución de sus condenas a pena de muerte, según reportes que el gobierno iraní desmiente. Mohsen Sheraki y Madrijeza Rahnaverd ya fueron víctimas de ejecuciones. De hecho, este último fue ahorcado en público, situación que generó aun más protestas ciudadanas.

Colombia y el caso Irán

Las imágenes de la violencia iraní contra sus ciudadanos (y, especialmente, contra sus ciudadanas) despertaron una ola de indignación en el mundo democrático. En Colombia, algunas voces del uribismo y otros sectores incluso le reclaman al gobierno de Gustavo Petro por lo que consideran una especie de visión selectiva a la hora de defender los derechos humanos.

De hecho, hubo quienes desde el día mismo de la posesión presidencial en Colombia hablaron de “la preocupante cercanía” entre Petro y el régimen islámico, y varios medios de comunicación registraron con alarma la reunión entre el entonces designado canciller colombiano, Álvaro Leyva, y el vicepresidente de Irán, Seyed Mohammad, aquel 7 de agosto de 2022, en Bogotá. La tesis era que a Petro le molesta la violación de derechos humanos en unos países, pero en otros no.

Para no ir más lejos, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt señaló en las últimas horas que “Gustavo Petro no rechaza ejecuciones de personas en Irán que han protestado pacíficamente contra la dictadura cruel y misógina, pero pide no matar el fútbol. Aquí libera actores violentos y allá se alía con cruenta dictadura iraní ¿cuál Colombia Humana y potencia mundial de la vida?”

Aunque la Cancillería no se ha querido pronunciar publicamente sobre el tema, El Espectador conoció detalles de las movidas diplomáticas de Colombia frente al caso Irán, y el asunto dista mucho de la inacción que algunos le endilgan al gobierno actual. De hecho, es todo lo contrario y hay cuatro hechos concretos que lo demuestran.

En primer lugar, en octubre pasado, cuando las protestas por la muerte de Mahsa Amini comenzaban a llamar la atención mundial, Colombia suscribió la declaración conjunta de 53 países titulada “Igualdad de condición y derechos humanos de las mujeres: la muerte de Mahsa Amini”, impulsada por Chile y España en el 51º Consejo de Derechos Humanos.

Pero el asunto apenas empezaba, pues Colombia apoyó la solicitud para convocar la 35ª sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán, especialmente con respecto a las mujeres y los niños, la cual tuvo lugar el 24 de noviembre de 2022 en Ginebra.

Una semana antes de que se realizara dicha sesión especial, Irán envió carta formal de protesta contra Colombia expresando su “profunda decepción y disgusto” por las gestiones que en la materia desarrollaba la administración Petro. Y es que, según comunicados oficiales del gobierno de Irán, ese país se siente víctima de agendas de terceros que se valen del discurso del respeto a los derechos humanos para promover intereses particulares y en detrimento de los de Irán.

Con todo y la protesta iraní, Colombia se presentó al debate general en la referida sesión especial del Consejo de Derechos Humanos e hizo una intervención en la cual, entre otros, hizo un llamado a que las autoridades iraníes cesen de inmediato el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra quienes se manifiestan de manera pacífica, se garanticen los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica, y se establezcan canales de diálogo inclusivos para escuchar y abordar las demandas legítimas de quienes protestan, en especial de mujeres y niñas.

En uno de los apartes de la declaración, Colombia manifiesta su “profunda preocupación por la situación de derechos humanos, en particular de mujeres y niñas”, y agrega que “el Gobierno de Colombia, en desarrollo de su política exterior feminista pacifista, participativa, incluyente e interseccional, reafirma su compromiso con la defensa garantía y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia y en el mundo”.

Hay un cuarto punto de divergencia entre los dos países que también es clave. En la referida sesión especial del Consejo de Derechos Humanos (SS35), Colombia copatrocinó la resolución “Deteriorating situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, especially with respect to women and children” (ver facsímil) mediante la cual, entre otros, se creó una misión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022. Colombia no votó porque no pertenece a ese organismo, pero dejó clara su postura como copatrocinador de la propuesta.

Finalmente, el 14 de diciembre Colombia fue uno de los 29 países que votaron a favor del retiro de Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW). Esta Comisión es el único órgano internacional e intergubernamental encargado de revisar la situación de las mujeres y niñas en el mundo y también de promover la igualdad de género a nivel global.

Solo ocho países se opusieron a la expulsión de Irán (entre ellos China, Rusia y Nicaragua) y 16 más se abstuvieron (México Congo, India, Tailandia, entre otros). La Cancillería mexicana, por ejemplo, argumentó que expulsar a un miembro no ayuda a resolver el problema ni a fomentar el diálogo.

Irán, un actor clave

Irán es uno clave en el ajedrez geopolítico internacional por ser uno de los mayores productores de petróleo, pero también por tener ubicación privilegiada frente al estrecho de Ormuz, lugar por el que debe cruzar el 20 % de la producción mundial de crudo hacia sus principales mercados. Además, es una potencia nuclear. Y por si fuera poco, desde la Revolución Islámica de 1979 es uno de los principales bastiones antiestadounidenses en Oriente Medio, en donde también rivaliza con Israel.

En ese contexto es que la tensión por la problemática de derechos humanos en Irán ha cobrado relevancia. Organismos multilaterales, gobiernos nacionales,ONG, líderes políticos, personajes de la farándula y reconocidos deportistas han hecho llamados para que cesen la persecución y las ejecuciones contra opositores.

Hasta el futbolista colombiano Radamel Falcao García protestó contra el caso concreto de su colega Amir Nazr-Azadani, para quien pidió la solidaridad mundial con el fin de que no sea asesinado por el régimen. Sobre el mismo caso fue que se pronunciaron el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Roy Barreras. Apenas horas después, a ese mismo tema se refirió la embajada de Irán en Colombia con sendos trinos, en los que insistió en que la noticia sobre la sentencia a muerte es parte de una guerra híbrida y de una campaña de noticias falsas. Eso sí, indicó que el citado futbolista es el quinto acusado en una causa penal por supuestos vínculos con un grupo armado que asesinó a tres policías.