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El nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa del gobierno de Petro y Francia despertó encendidas reacciones en Guatemala y Colombia, países marcados por largos períodos de violencia armada. Para aportar al diálogo colombiano, compartiré cierto contexto histórico, haré un somero repaso del trabajo de Velásquez en la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y apuntaré las principales críticas y debates que surgieron a partir de la esperanza que generó la lucha contra la corrupción y el desasosiego de su posterior derrota. Esto con el fin de explicar el escozor binacional que el excomisionado y ahora ministro genera en las hermanadas extremas derechas guatemaltecas y colombianas. (Más: Los retos de Iván Velásquez como ministro de Defensa).
Cierto contexto es necesario. Imaginemos que a los dos días de haber presentado el informe de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux hubiera sido brutalmente asesinado y la escena del crimen alterada con suficientes indicios de tratarse de un magnicidio fraguado con la complicidad del gobierno firmante del Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Gobierno. Esa es la historia de monseñor Juan José Gerardi, el comprometido y popular sacerdote que, después de sobrevivir los años más duros de la guerra como obispo en el Quiché, impulsó y dirigió el informe interdiocesano de la verdad en el que se denunció la violencia genocida. Desgraciadamente, la osadía de cuantificar 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos lo convirtió en mártir de la Guatemala que firmó la paz pero incumplió los acuerdos, anuló la sentencia por genocidio y disolvió la escueta institucionalidad heredada por la dejación de armas.
El asesinato de Gerardi marcó un punto de quiebre para el movimiento guatemalteco por los derechos humanos que buscó a los desaparecidos de la guerra, tejió el esfuerzo colectivo por la construcción de la memoria histórica y luchó por el avance de la justicia contra los criminales de lesa humanidad. Este crimen puso sobre la mesa una desagradable realidad: los militares y agentes de inteligencia expertos en desaparición forzada y guerra psicológica seguían desempeñando sus competencias en el Estado sin importar el tinte ideológico del presidente de turno. La atípica comisión internacional era la propuesta de este movimiento a la imposibilidad de ser el mismo Estado el encargado de depurar sus estructuras criminales y paralelas.
La CICIG debía dar apoyo técnico al Ministerio Público (MP) –que en Colombia sería la Fiscalía General de Nación– y sugerir reformas para dar viabilidad institucional a sus propósitos. Velásquez no era el primer comisionado, otros antes habían arado el terreno impulsando un marco legal favorable (escuchas telefónicas y protección de testigos). Sin embargo, el mandato temporal de la Comisión estaba por terminar y la narrativa oficial acotaba la labor del colombiano a diligenciar la transferencia de capacidades al MP para proceder al cierre de la oficina: “La fase de trabajo de la CICIG ya terminó, y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más”, afirmó a inicios de 2015 el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Pérez Molina –general firmante de la paz– afirmó en una entrevista haber escuchado y desatendido la recomendación que Álvaro Uribe le había hecho llegar a través de grandes empresarios guatemaltecos: “tenga cuidado con Iván Velásquez”. Para fortuna guatemalteca no tuvo tal cuidado y a regañadientes prorrogó el mandato de la comisión, meses antes de verse obligado a presentar su renuncia dado el inusitado desborde social, el abandono político de sus financistas y la presión nacional e internacional que provocaron las investigaciones que la CICIG develó sobre su gobierno. En este tiempo extra la comisión abriría la caja de pandora.
Fueron tantos los casos develados que la prensa no tenía capacidad de darles seguimiento con la profundidad que demandaban. Los tres poderes del Estado fueron puestos en cuestión. El ejecutivo con el financiamiento electoral ilícito y la evasión aduanera; el legislativo con el caso que demostró cómo Odebrecht compró el voto de 108 diputados; y el judicial desnudando cómo la elección de jueces y magistrados se hacía de manera paralela a la comisión pública. Con el caso Cooptación del Estado, el principio republicano de la independencia de poderes era retratado como una triste fantasía. Empresarios, militares y políticos corruptos pasaban noches de insomnio ante el pavor de ser capturados o mencionados en las conferencias de prensa que Iván Velásquez y Thelma Aldana –fiscal general en ese entonces, hoy en el exilio– ofrecían y eran televisadas como si fueran partidos de fútbol de la selección nacional.
Sin embargo, si en 2015 la comisión (y el comisionado) aglutinó apoyo entre diversas clases sociales, en 2016 esta pluralidad se vino abajo cuando las investigaciones llegaron al corruptor detrás del corrupto. El comienzo del fin del segundo aire de la Comisión comenzó con la persecución a los criminales de cuello blanco. Jimmy Morales –personaje sin carrera política pero conocido por su programa “cómico” de televisión– llegó a la presidencia con un partido fundado por veteranos militares y una campaña financiada de forma ilícita por empresarios, como demostraron las investigaciones de la CICIG. Los empresarios se vieron en la necesidad de aparecer en conferencia pública asumiendo de manera timorata su responsabilidad y ofreciendo un mal logrado perdón a la nación. Ese mismo año se destapó el caso de evasión fiscal en Aceros de Guatemala, empresa que tuvo que pagar la multa más grande jamás cobrada en el país. Iván Velásquez se volvió el temor de los pesos pesados de la realpolitik guatemalteca.
Sin embargo, la historia termina mal. Los empresarios acusados movieron influencias en el Congreso para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito para salir del problema. El acuerdo de la CICIG fue unilateralmente anulado en 2018 y los fiscales, jueces, activistas y periodistas que empujaron el esfuerzo están hoy en el exilio o criminalizados. Ahora es el tiempo de la venganza y las narrativas revanchistas campean con el impulso del monopolio televisivo y ejércitos de mercenarios digitales dedicados a la calumnia. Los casos penales de esos años tambalean y los prófugos regresan al país para “enfrentar” la justicia. Los jueces íntegros que quedan están asediados y los pocos casos de justicia transicional abiertos sobreviven gracias al aliento de las víctimas del conflicto y el apoyo de la comunidad internacional, acorralada por marcos legales regresivos como la ley contra ONG.
Esto se explica por diversos motivos. Por un lado, la victoria de Trump y el millonario lobby de grandes empresarios guatemaltecos en Estados Unidos (el principal financista de la comisión) detuvieron los vientos geopolíticos favorables. Por otro lado, una red de actores afectados por la CICIG –con el relevante liderazgo del finado expresidente Álvaro Arzú, investigado por la comisión por un caso que lo vinculaba al asesino de Gerardi– desplegaron una campaña de difamación e impulsaron una narrativa de defensa de la soberanía y la familia tradicional arropados en las dicotomías propias de la guerra fría, ahora aderezadas con la crítica fundamentalista a la presunta “ideología de género” y la “agenda globalista”. Esta restauración conservadora de tinte autoritario logró sembrar dudas en las capas medias urbanas que volvían a ejercer sus derechos políticos luego de que el terror de la guerra castrara por décadas la voluntad de participación ciudadana. La represión de la protesta urbana de 2020 seguida de la criminalización contra activistas y estudiantes acabó diezmando la participación e instaurando miedo a alzar la voz.
Hay quienes achacan esta regresión a Velásquez, imputando el error estratégico de haber perseguido al hijo del presidente Morales al inicio de su gobierno por un caso menor de corrupción. Sin embargo, fue ese espíritu principista lo que dio lugar a lo inesperado: la movilización social que posibilitó la prórroga de la Comisión. ¿No acaso perseguir a los empresarios financistas era a su vez una osadía cuyas consecuencias podían traerse abajo –y de hecho lo hicieron– todo el esfuerzo de la Comisión? “Mis convicciones son a la justicia, y la justicia no es negociable”, diría Velásquez en agosto de 2017. Sea como fuere, lo cierto es que la Comisión dependía peligrosamente del impredecible vitoreo popular para sostenerse y el caso del hijo del presidente despertó una revisión del clásico debate weberiano entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.
Otra crítica necesaria es contra la estrecha visión dual que redujo al campo moral la tensión política, como si la disputa judicial se tratase de una guerra entre el bien y el mal. Redujimos el problema de la impunidad a un asunto de manzanas podridas que alejar del canasto y, si bien había ciertos elementos de verdad en la polaridad entre el mal corrupto y el bien judicial, los efectos resultaron nocivos, significaron excesos, azuzaron pasiones guerreristas y acortaron la capacidad de imaginación y deliberación política. Esto, sumado al abuso de la prisión preventiva, un mal añejo cuya existencia no puede achacarse a la Comisión pero que compromete sistémicamente el principio de presunción de inocencia y debido proceso, tensó el debate nacional más allá de la capacidad discursiva de las fuerzas involucradas. La apuesta judicial por la recuperación del espacio democrático resultó fallida. Cometimos el craso error de echar el vino nuevo de la participación política de las capas medias en los odres viejos de un corrompido sistema judicial.
No obstante, es entendible que un esfuerzo sui generis sin referentes previos cometiera errores, ninguno de los cuales ameritaba su destitución y mucho menos el cierre de la Comisión. Los guatemaltecos pudimos ver “al rey desnudo” y descubrimos en esos tiempos complicidades políticas poco exploradas. Lo que haremos con lo que vimos y con quienes conocimos está por verse. Lo cierto es que tuvimos los medios de prueba para imputar con entereza y no como un secreto a voces la forma en la que nuestra mal lograda democracia está cooptada. La CICIG en el tiempo de Iván Velásquez arrojó luz sobre los rezagos que la guerra dejó enquistados en el poder. Su expulsión y declaración como persona non grata fue la continuación del proyecto político suicida que firmó la paz con la convicción de incumplir los acuerdos pactados y negar la verdad histórica. Allá como acá resuenan con contundencia las palabras de la Oración para la paz de Gaitán: “Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio, ¡malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo (…)”.
Ser non grato para un Estado como el guatemalteco no es motivo de ignominia sino una suerte de extraño honor. Autoridades indígenas, asociaciones estudiantiles, partidos políticos progresistas, medios de comunicación, organismos de sociedad civil, colectivos ciudadanos, migrantes en Estados Unidos y comunidad internacional estaban del lado de Velásquez, quien fue declarado una “amenaza para la seguridad nacional” por el gobierno de la ineptitud criminal, bajo cuya responsabilidad, un 8 de marzo, murieron incendiadas 41 niñas. Nombramiento dado por quien tuvo que atravesar la manifestación que intentaba detener su juramentación al Parlamento Centroamericano luego de entregar el mando presidencial, con la prisa de quien necesita recobrar su inmunidad para no ser perseguido por la justicia.
Evaluados los aciertos y discernidos los errores de su experiencia en Guatemala, no tengo dudas de que su valentía y tesón será favorable para construir la paz grande que soñamos para Colombia, un pueblo berraco que está conociendo su historia e imaginando reconciliaciones venideras.
* Andrés Quezada es guatemalteco y vive actualmente en Colombia. Cuenta con una Licenciatura en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar y es catedrático de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas de dicha universidad. Ha trabajado en medios de comunicación, en la bancada parlamentaria del Movimiento Semilla y como consultor independiente en temas de comunicación y formación política.
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