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El próximo 1 de julio vence el plazo establecido para que los procesos en curso en la Comisión de Acusaciones pasen a la comisión de aforados. Sin embargo, la ley que reglamentaba el funcionamiento de esa nueva instancia se hundió en el Congreso y se abrió un nuevo vacío jurídico en el país.
“Hay una ley muy importante en la agenda legislativa de este semestre: la reglamentación de la comisión de aforados (…) todos los colombianos, todos, tienen que contar con su juez natural”. Fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos el pasado 22 de febrero, en defensa de un proyecto que apenas empezaba a ser impulsado por el Gobierno en el Congreso y que apuntaba a definir el funcionamiento de la nueva instancia que debe entrar a reemplazar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de acuerdo a la reforma de Equilibrio de Poderes, hoy en examen ante la Corte Constitucional.
Esa comisión de aforados tendría la misión de investigar y acusar al fiscal general y a los magistrados de las altas cortes. Pero, tras cerrarse ayer la legislatura 2015-2016, la decisión del Congreso fue hundir la iniciativa. Y según cuentan algunos legisladores en voz baja, el argumento para tal determinación obedece a que se cree que la Corte Constitucional va a declarar inexequible ese punto de la reforma, tal y como sucedió con el tema de la autonomía presupuestal de la Rama Judicial, cuando revivió parcialmente el Consejo Superior de la Judicatura.
Lo cierto es que, al no ser reglamentada la nueva comisión, se hace evidente un limbo jurídico, pues ni el fiscal general ni los magistrados de las altas cortes –pese a la advertencia del propio Jefe de Estado– tendrán juez hasta que se reglamente su funcionamiento. Una situación que se agrava aún más porque el mismo Equilibrio de Poderes estableció que la Comisión de Acusación tenía un año para decidir sobre los procesos en curso y así remitirlos a la comisión de aforados. Pero ya se conoce sobre la inoperancia de esa célula legislativa y el plazo fijado se vence el próximo 1 de julio, sin que sea claro en estos momentos cómo operará la nueva instancia.
Pero la incertidumbre es más profunda porque el Equilibrio de Poderes contempla que mientras la ley no adopte el procedimiento “aplicable”, la comisión de aforados se regirá por el régimen procesal utilizado en las investigaciones que adelanta la misma Comisión de Acusación de la Cámara. Es decir, se podrían repetir las mismas “malas” costumbres hasta tanto exista una reglamentación robusta para investigar y acusar a los aforados.
Al respecto, hay quienes consideran que se está abriendo un peligroso vacío frente a la falta de reglas de juego en el juicio a esos altos funcionarios. “Vamos a quedar unos meses sin esas reglas, lo cual es muy grave. Se está llegando a un limbo jurídico de amenaza absoluta, por eso yo era partidario de no hundir el proyecto, porque se podía salvar algo”, expresó el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador.
Pero hay quienes van más allá en su apreciación al considerar que de hundirse el tema de la comisión de aforados en la revisión de la Corte, se podría abrir el camino a unos magistrados y fiscal súper blindados. “Si tumban la comisión, se van a declarar, además de irreformables e intocables, impunes, porque serán unos colombianos a los que nadie puede investigar. No importa si venden tutelas, trafican sentencias o se roban recursos, su juez volvería a ser la Comisión de Acusación, o sea nadie”, aseguró la senadora Claudia López, de la Alianza Verde.
Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán señaló que el próximo 20 de julio, al reiniciar labores el Congreso, el Gobierno, con mensaje de urgencia, debe tramitar un nuevo proyecto para reglamentar el tema de los aforados. “Es un elemento primordial del Equilibrio de Poderes que los magistrados tengan quién los discipline con celeridad y oportunidad, y no la Comisión de Acusación, que ha sido inoperante”, sostuvo.
Según lo establecido, la comisión de aforados —que debería comenzar a operar desde julio— estará conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso en pleno de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública. De momento, la única realidad es que en el Congreso se hundió la ley que la reglamenta y sigue la larga espera de la revisión de la Corte Constitucional al Equilibrio de Poderes.