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Esperanza y temor
Tras el largo proceso electoral que culminó con el cambio en la composición del Congreso y la elección Petro y Márquez como cabeza del ejecutivo, se han despertado grandes esperanzas entre los sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones colectivas.
La política renace como un espacio de encuentro, como proyecto de cambio y de futuro. En buna hora este escenario implica la revalorización de la democracia, la política y la ciudadanía.
Pero también se percibe cierto temor de que las inercias del aparato general y, en general, del ejercicio político impidan las reformas esperadas y con eso se frustren ilusiones.
En este escrito propongo algunas reflexiones sobre la agenda feminista del nuevo gobierno que parece confluir alrededor de la vicepresidenta, como una posibilidad para avanzar en algunos aspectos centrales de estas luchas históricas.
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Los primeros proyectos de ley
Por primera vez, además de vicepresidenta, tenemos un Congreso conformado por un 30 % de mujeres Algunas de ellas son feministas y han expresado su interés de promover los derechos de las mujeres. También se ha venido conformando un gabinete ministerial con un 49 % de mujeres.
La situación parece pues muy buena. Pero lo de veras importante se verá en el desarrollo de la agenda legislativa, en la creación del Ministerio de Igualdad, en los programas o medidas concretas y en la incorporación del enfoque diferencial en todas las políticas sociales.
En cuanto a la agenda legislativa es de notar que una alianza entre políticas y organizaciones sociales de mujeres, encabezada por la senadora María José Pizarro y la primera dama Verónica Alcocer, radicó en unos pocos días varios proyectos de ley sobre asuntos de género, entre los cuales se destaca la participación política de las mujeres.
Uno de los proyectos se denomina Ley de los 1000 días y su intención es proteger integralmente la salud durante el embarazo y los tres primeros años de vida de los niños y niñas para reducir las tasas de mortalidad, la malnutrición y la desnutrición infantil y materna.
Otra propuesta, denominada Ley de paridad, obligaría a los partidos o movimientos políticos a inscribir listas únicas, cerradas y con alternancia de género.
En el mismo sentido se propuso una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres y garantizar su participación en todos los escenarios participativos.
El Ministerio de Igualdad
Esta iniciativa de la vicepresidenta Márquez consistiría en elevar al más alto nivel de la administración la exigencia o el criterio de equidad social, de género y racial, mediante la creación de un ministerio especializado y capaz de orientar y coordinar las acciones del Estado en este frente: El ministerio está en proceso de gestación, pero falta por precisar sus condiciones concentras de operación.
La vicepresidenta ha señalado que el Ministerio pretende “asumir el desafío más grande que tiene Colombia: la desigualdad”. En este campo el desafío es grande, porque hasta ahora la equidad ha sido encomendada a direcciones y consejerías con muy poco presupuesto, escaso personal y casi nula influencia sobre el resto del gobierno.
Además de estos problemas administrativos, debe advertirse que ciertos sectores con reivindicaciones feministas, antirracistas y anticapitalistas desconfían de la institucionalización de las agendas y, en general, desconfían de la capacidad de Estado para combatir el racismo, la desigualdad de género y la injusticia social porque ha sido uno de sus motores.
En un plano más pragmático, son muchas las organizaciones o grupos populares que compiten por tener prioridad en la agenda del nuevo gobierno, y es probable por eso que las ofertas no sen suficientes y que muchos se sientan decepcionado. Por eso la vicepresidenta y su equipo tendrán que informar de manera clara y permanente los avances y las restricciones en el proceso de formar el ministerio.
Además, deberán aclarar hasta dónde los nuevos programas responden a las ofertas de campaña y encontrar rápidamente las herramientas eficaces para hacer realidad los cambios esperados.
Este es tal vez el punto más complicado, porque no es fácil manejar las expectativas y explicar que ni el ministerio ni las nuevas políticas pueden resolver mágicamente problemas tan complejos como la desigualdad. Los funcionarios pueden tener buenas intenciones, pero no tiempo, recursos y capacidad técnica para mostrar resultados en el corto plazo.
La legitimidad del Ministerio
Para que el ministerio de Igualdad logre la legitimidad política que necesita será preciso dialogar y aprender de las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, en particular las de aquellas zonas donde estas desigualdades han sido más intensas.
En estos diálogos habría que concatenar los lineamientos de la nueva política con el reconocimiento de lo construido hasta ahora, particularmente en materia de políticas de genero de los gobiernos locales. También habría que el centralismo de las políticas nacionales formuladas desde Bogotá, que no toman en cuenta los procesos organizativos territoriales de mujeres y de los grupos étnicos.
Un reto aún mayor es lograr que ese Ministerio no se convierta en el Estado para las mujeres y los grupos históricamente discriminados. Su verdadero papel es el de una institución capaz de dirigir al Estado en su conjunto para que cualquier política incorpore sus perspectivas, necesidades, demandas y derechos.
Estos asuntos no pueden quedarse encerrados dentro de un ministerio, sino que deben ser asumidos como propios por todas las entidades responsables de las políticas del Estado: los enfoques diferenciales, de género y étnico-racial deben ser parte sistemática de las acciones del sector público.
El compromiso con ese enfoque diferencial de ministerios como los de Agricultura, Hacienda, Justicia, Defensa, Salud o Educación, es indispensable para combatir la violencia, la pobreza y la marginación que afectan de manera marcada a las mujeres y a los grupos étnicos.
Esta estrategia se conoce como transversalización y en las experiencias de muchos gobiernos locales hay aprendizajes e instrumentos para hacer realidad un cambio que no se puede quedar otra vez en la retórica, sino en avances tangibles en la lucha contra la desigualdad socioeconómica, de género, de etnia y territorio.
Una alianza estratégica entre la vicepresidenta/ministra de igualdad, una bancada feminista en el Congreso y mujeres comprometidas en altos cargos del Estado puede ser el escenario más favorable para avanzar hacia el cierre de brechas de desigualdad que han afectado a las mujeres en Colombia.
Pero alianza debe ser también con las distintas expresiones de los movimientos sociales en todo el país, que los convierta en protagonistas del diseño, seguimiento y evaluación de las iniciativas del nuevo gobierno. La alianza debe basarse en una idea clara sobre las metas, los procedimientos y los papeles de cada uno de sus integrantes, manteniendo en todo caso la distancia para que la sociedad civil pueda criticar y controlar las actuaciones del gobierno.
*Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la misma universidad, Doctora en Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora asociada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.